Tegucigalpa – El Poder Legislativo tiene en su haber dos proyectos de Ley de Extradición, el último enviado por la maestría de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lo que ha generado una avalancha de críticas porque se entiende pretenden cambiar las reglas del juego pese a que 36 connacionales han sido entregados a Estados Unidos en los últimos 10 años bajo la figura del auto acordado.
– Los autos acordados no son reglas claras porque pueden eliminarse en el tiempo, afirmó Odir Fernández.
– El rector de la UNAH, Francisco Herrera, dijo que respetan el pluralismo que existe en la máxima casa de estudios, ante la propuesta presentada por la maestría de derecho.
– El presidente del CN, Luis Redondo, dijo el año pasado que no existía la intención de aprobar una Ley de Extradición.
– Todo lo que se habla en los medios con respecto a la extradición “es puro bla, bla, bla…”, dijo Mel Zelaya.
Políticos de las tres principales fuerzas del país -Nacional, Liberal y Libre- han agarrado el tema para meterse miedo unos a otros. Se señalan entre sí y aseguran que los próximos pedidos de extradición los tocarán e incluso algunos describen físicamente a los próximos solicitados sólo sin mencionar sus identidades.
Varios actuales diputados, así como exfuncionarios y otros personajes políticos han sido señalados en juicios de narcotráfico en EEUU. Sus nombres han ocupado importantes desplegados en medios de prensa local, otros incluso han sido señalados por reportes de prensa internacional e incluidos en deshonrosas listas.
Recientemente el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna fue declarado culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.
García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Lo anterior retrata que EEUU siempre pasa factura, no importan los años que hayan pasado.
Honduras hizo una reforma a la Constitución en 2012 para permitir la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Desde ese momento 36 connacionales han sido entregados a la justicia norteamericana, incluidos un expresidente de la República, un exjefe de la Policía, un exalcalde y otros capos que por décadas gestionaron el envío de cientos de toneladas de cocaína a EEUU.
Desde la primera extradición -9 de mayo de 2014 de Carlos “El Negro” Lobo- hasta la fecha, cada 90 días se materializa una entrega hacia EEUU. Desde grandes capos hasta operadores de quinta categoría han corrido esa suerte de someterse a la expatriación.
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Para agotar los procesos de extradición, la CSJ creó un auto acordado ante la ausencia de una ley propia sobre el tema.
La semana anterior, la maestría de derecho penal y procesal penal de la UNAH presentó un documento que fue elaborado por el magister Malcon Eduardo Guzmán, como borrador para una Ley de Extradición.
El asesor del Ejecutivo y coordinador de Libre, Manuel Zelaya aseguró que el actual gobierno no tiene ninguna disposición para cancelar los tratados de extradición.
“Este gobierno no tiene ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición”, acentuó.
Asimismo, agregó que “no existe ninguna intención de complicarlos, de hacerlos más tardados o de crear obstáculos en la ejecución de los planes que determinan la extradición”.
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Urge Ley de Extradición
El encargado de la maestría de derecho penal y procesal penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, abogó para la creación de una Ley de Extradición porque el auto acordado es una disposición reglamentaria.
Apuntó que los actuales magistrados perfectamente podrían eliminar el auto acordado, lo que significaría que no habría un procedimiento para la extradición de nacionales a EEUU.
“Al crear una ley, difícilmente podría permitírseles a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eliminen ese auto acordado, no dudo de la capacidad de ellos, pero debemos ponerle cerrojos a lo que es el procedimiento y la ley”, explicó.
Fernández afirmó que revisar el auto acordado no tiene sentido porque ya existe y todas las extradiciones deben regirse por el mismo instrumento jurídico.
Defendió que desde el punto de vista jurídico, técnico y académico “se debe crear una Ley de Extradición, nos guste o no, porque ahora mismo se está trabajando sin ninguna normativa. No estoy en contra que se lleven a los delincuentes, que se los lleven, pero bajo un proceso”.
Propuso que el actual auto acordado sea elevado a categoría de ley, lo que permitiría que no se le haga cambios de un momento a otro.
Desglosó que el proyecto presentado por la maestría de derecho penal de la UNAH, garantiza el debido proceso, el derecho de defensa, los principios a establecerse, la extradición activa y pasiva, entre otros apartados como un periodo de hasta dos meses y medio para ejecutar la extradición y que -incluso- se podrían reducir.
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Proyecto será manipulado por diputados señalados
Para el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, preocupa mucho que un postgrado envíe un proyecto de ley al CN, haciendo caso omiso que la máxima autoridad de la UNAH es la rectoría.
“Esos documentos si salen de la Universidad deben ser a través del rector y no por un postgrado” acentuó.
Orellana caviló: “que un postgrado lo envíe en este momento es un momento totalmente inconveniente, yo no dudo de la integridad de los señores académicos, el problema es que en este momento no era el conveniente para presentar eso y hacerlo le facilita a aquellos diputados delincuentes, criminales, que han estado dañando este país durante mucho tiempo y que han sido imputado criminalmente, y que han sido vinculados al narcotráfico para que ellos manipulen, manoseen ese proyecto de ley, que no lo aprueben como lo están presentando y que lo manoseen y lo destruyan”.
Explicó que “mis temores son porque en el Congreso hay diputados que están expuestos a ser extraditados. Hay diputados que están imputados en los tribunales por corrupción y que están vinculados a cuestiones de narcotráfico y que han sido señalados en los juzgados de Nueva York. Esa gente va a participar en la discusión, pese a que la ley orgánica del Poder Legislativo se los prohíbe, pero participaron en la elección de la Corte Suprema de Justicia, nadie cuestionó el voto de esta gente, pese al conflicto de intereses”.
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Siento vergüenza de la propuesta
A criterio de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, externó que siente “vergüenza” de la propuesta enviada al Legislativo por la maestría de derecho penal.
“No soy abogada, ni conozco los alcances de la propuesta, pero el solo hecho de plantearla, habiendo tenido el rechazo de la iniciativa que presentó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ya era motivo suficiente para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no la involucraran en este penoso incidente”, señaló.
Aseveró que se está tratando de aparentar una propuesta académica detrás de otras intenciones.
Reiteró que le sorprendió que en su primer discurso, la presidenta de la CSJ -Rebeca Ráquel Obando- diga que eliminará el auto acordado y que se necesita una Ley de Extradición, igualmente que la maestría de derecho penal reaccione “con velocidad” enviando una propuesta de Ley de Extradición que fue elaborada por uno de sus profesores y no en conjunto por el Claustro de Derecho.
“Se la encargan al coordinador de la maestría, él se la encarga a un profesor y la envía, esa no es una propuesta de una unidad académica, de esa forma no responde una universidad”, arguyó.
Castellanos insistió que “la rapidez” con la que actuó la maestría de derecho penal demuestra “la urgencia” para presentar una propuesta.
Únicos interesados son los que tienen vínculos
Los únicos interesados en la Ley de Extradición son aquellos que tienen vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, señaló la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza.
Indicó que quedará evidenciado quien está en contra del auto acordado cuando un diputado se atreva a presentar esta iniciativa de ley en el Congreso Nacional.
“Para mí es inaceptable que estemos tratando de beneficiar mediante una ley aquellos que pueden ser solicitados en extradición”, reclamó la legisladora.
Reprochó que se pretenda prohibir la extradición de los delitos contra el Estado hondureño como los delitos de narcotráfico.
Consultada por el proyecto que presentó la maestría de derecho penal de la UNAH, respondió que quiere pensar que fueron ingenuos y que lo hicieron de buena fe, pero que fueron sorprendidos.
Los que están detrás de impulsar ese proyecto de ley son aquellos que se beneficiarían evitando la extradición, puntualizó Espinoza.
“No podemos negar que el crimen organizado llegó a tener tanto poder que llegó hasta la Presidencia de la República, que aún se encuentra tentáculos en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo”, aseveró.
Historia de los procesos de extradición
Honduras y EUA tienen vigente un tratado bilateral de extradición desde enero de 1909 y una convención adicional en la misma materia que data de febrero de 1927.
En enero de 2012 se reformó la Constitución de la República para permitir la entrega de ciudadanos hondureños a EEUU acusados por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo.
Sin embargo, fue hasta mayo de 2014 que se materializó la entrega del primer hondureño. En esa oportunidad se trató de Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo y hasta la fecha le siguieron 35 más.
Las 36 extradiciones ejecutadas fueron cuatro en 2014, cuatro en 2015, cinco en 2016, cinco en 2017, dos en 2018, dos en 2019, cinco en 2021, siete en 2022 y dos en 2023.
La lista de una treintena de ciudadanos hondureños entregados a EEUU en los últimos nueve años la componen: Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, Juving Alexander Suazo Peralta, Miguel Arnulfo Valle, Luis Alonso Valle, José Inocente Valle, Marlen Griselda Amaya Argueta, Héctor Emilio Fernández Rosa, Wilmer Carranza Bonilla, José Raúl Amaya Argueta, Carlos Emilio Arita Lara y Juan Carlos Arbizú Hernández.
Asimismo, Sixto Obed Argueta García, Ludwig Criss Zelaya Romero, Jairo Arias Mejía, Noé Montes Bobadilla, Sergio Neftalí Mejía Duarte, Arnulfo Fagot Máximo, Roberto de Jesús Soto García, Geffry Darío Guzmán Tobar, Arístides Díaz Díaz, Osman Donay Martínez Guevara, José Adalid Amaya Argueta, José del Tránsito García Teruel, Martín Adolfo Díaz Contreras y Miguel Carlos Cordón López.
Completan las extradiciones: Fredy Mármol, Michael Dixon Rivers, Óscar Santos Tovar, Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla, Herlinda Bobadilla, Tokiro Ramírez Rodas, José Luis Oliva Meza, Norlan Carrasco López, Michael Powery Wood y Arnaldo Urbina Soto.
Además, se han otorgado las extradiciones diferidas (ya que tienen juicio en Honduras) de: José Miguel Handal Pérez, José Rafael Sosa Méndez y Víctor Lorenzo Flores, pero a este último EEUU retiró su pedido de extradición.
En este momento, Honduras cuenta con dos procesos pendientes de extradición a EEUU: Midence Oquelí Martínez y Mario Urbina Miranda, al igual que María Mendoza Mendoza, ésta última pedida por tráfico de personas.
Además hay otros casos como Harlin Clariza Spicer Clark y Miguel Alfredo Erazo Lazo, ambos solicitados por tráfico de drogas en Costa Rica.
Otro hondureño, Rafael Eduardo Cáceres Soto, fue detenido en el país y sobre quien estaba pendiente un pedido de extradición de Panamá, sin embargo la CSJ negó la solicitud porque ya había sido condenado por los mismos delitos en Estados Unidos.
De este casi medio centenar de hondureños ligados a la narcoactividad y que se han sometido al auto acordado en el país, otra buena cantidad de connacionales se entregaron por su propia cuenta a las autoridades norteamericanas y en algunos casos fueron detenidos en varios países de la región.
Ante las amenazas y contra amenazas de los políticos hondureños, la pregunta obligada es ¿quiénes siguen? PD
