Nuestra Nación ha vivido 199 años, en independencia meramente formal, ya que nuestra realidad de vida ha sido muy diferente a la que, al hacer su declaratoria, se esperaba gozar en adelante; y a aquella por la que lucharon, los próceres hondureños.
En consecuencia, es tiempo que hagamos y rindamos responsablemente cuentas cívicas y que tomemos conciencia del peso acumulativo de los males públicos que angustian y desaniman a la mayoría de nuestro pueblo, al colocarlo en su injusta condición humana actual. Ese despliegue maligno de amenazas es el producto de una falta de empoderamiento, personal y colectivo, de la dignidad humana y la justicia social en el comportamiento individual y en la vida familiar, y, como producto de ello, en el funcionamiento del Estado y de la sociedad.
Esos signos revelan la necesidad de reestructurar nuestra sociedad, desde las familias, para una convivencia armónica con el ejercicio socialmente responsable de sus derechos y deberes, que motive a sus miembros a buscar conjuntamente el bien común en su comunidad y a integrar las organizaciones sociales o empresas privadas o desempeñar los cargos dentro del Estado, priorizando el bien de quienes viven en condición de pobreza y vulnerabilidad, y buscando asegurar bienestar general y oportunidades, con posibilidades, para el progreso de todas y todos los habitantes.
Para lograrlo, necesitamos construir un nuevo modelo de sociedad más solidaria y educada en derechos humanos y cultura democrática, como fuentes seguras de generación de fuerzas vitales para construir una Nación propia nuestra, en la cual cada una y uno valga por lo que es y lo que lícitamente intente lograr para sí mismo y su familia, con el respeto y comprensión de los demás, y posibilidades de hacerlo, provenientes del Estado y la sociedad.
Ello es posible con voluntad determinada de contribuir a que cada quien viva su dignidad, es decir sus derechos humanos, en un ambiente de seguridad humana que nos libere del temor de la violencia y de la pobreza, y nos conduzca al bienestar mediante el cambio progresivo de nuestras condiciones de vida, con nuestra participación activa en el crecimiento económico inclusivo y en la libre y racional disposición de nuestras riquezas y recursos naturales para alimentar nuestro desarrollo sostenible, con equidad de género, con respeto al pluralismo ideológico, a la igualdad ante la Ley, a la no discriminación, a la diversidad, a la protección de nuestros pueblos indígenas y afro hondureños, y a relaciones armónicas con la naturaleza.
Urge que la ciudadanía de todas las edades asuma el papel de promotora activa de ese cambio pacífico para reafirmar el significado verdadero de la independencia nacional, con la democratización conducente a nuestra cohesión social por nuestro propio bienestar colectivo, en una patria, por todas y todos compartida.
Como Defensor del Pueblo: animo, a cada habitante, para que – en tránsito por el próximo bicentenario de nuestra independencia y en dirección a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – nos alistemos en el cambio pacífico, por la vía de la seguridad humana y del desarrollo , para establecer un orden nacional de dignidad humana y justicia social, en el cual, con nuestra participación activa, como ciudadanas y ciudadanos libres y soberanos, prevalezca la paz democrática, la libertad y el bienestar integral, para todas y todos, sin exclusión ni marginación alguna.
