Por: Luis Cosenza Jiménez
La captura de don Mario Zelaya ciertamente marca un hito en la historia del país. Si bien debe ser considerado inocente hasta que sea formalmente declarado culpable, lo cierto es que la ciudadanía esperaba, y espera, que el escandaloso acto de corrupción en el Seguro no quede impune. Todos suponemos ahora que la captura de don Mario servirá para identificar a otros funcionarios, políticos y empresarios de alto rango que fueron cómplices en el saqueo del Instituto. En estricto sentido, la captura no debe marcar el fin de la investigación; en el mejor de los casos debemos verla como el inicio del fin. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de aplicar el peso de la ley a los culpables del bochornoso acto, me parece que debemos ver más allá de este escándalo y asegurarnos que este tipo de actos no se repita en el futuro. Si no procedemos así, próximamente estaremos viviendo, y lamentando, otros episodios de corrupción. Permítanme explicar por qué.
Me parece que lo primero que debemos aceptar es que no estamos frente a un problema coyuntural. Es decir, no se trata de que los políticos hayan escogido mal al Director o Gerente de un ente estatal, y que todo se resuelve seleccionando correctamente la próxima vez. Se trata, a mi entender, de un problema estructural que tiene sus raíces en dejar que los políticos, con base en su criterio y sus intereses, nombren directamente a los Directores o Gerentes de los entes públicos. Recordemos que lo que procura un político con sus nombramientos es acrecentar el número de sus seguidores y fortalecer su posición frente a su competencia. Debe mostrar a sus seguidores que sabe recompensar a sus fieles servidores, de los cuales a la vez espera absoluta y ciega lealtad. Como varias veces me dijeron cuando fui servidor público, un político que no hace favores sufre las mismas consecuencias que un santo que no hace milagros. Rápidamente pierde feligreses y seguidores. Visto esto así, resulta evidente que la capacidad de la persona para desempeñar el cargo, y su moralidad, particularmente su honestidad, son requisitos secundarios, por no decir irrelevantes. Ocasionalmente los políticos, usualmente en el contexto de una crisis, se ven obligados a hacer excepciones a esta regla, pero se trata solamente de excepciones. Tan pronto como pueden, vuelven a las andanzas.
La población por su lado desea contar con funcionarios honestos, competentes y calificados para el cargo, y la mayoría no entiende que los políticos tienen una agenda propia y que se rigen por incentivos completamente diferentes. Algunos compatriotas que si entienden esto piensan que es inevitable que los políticos vean los cargos públicos como un botín para fortalecer su posición y premiar a sus seguidores. En otras palabras, que este es un mal inherente al subdesarrollo y que solamente Dios, el tiempo, y el ansiado desarrollo nos permitirán poner fin a esas inclinaciones malévolas de los políticos.
Por mi parte pienso que, a menos que los obliguemos, los políticos no cederán de buena gana el poder que nos han arrebatado a los ciudadanos. El verdadero proceso de cambio, el desarrollo de nuestro país, irremisiblemente pasa porque los ciudadanos recuperemos el poder que nos han quitado. Sé que algunas lectoras piensan que la llamada “sociedad civil” frecuentemente nos decepciona con sus pueriles actuaciones, y algunos lectores hasta pensarán que caen en los mismos errores y los mismos vicios que los políticos. Sin embargo, la actuación de la mayoría de las Juntas Nominadoras, incluyendo la que en dos ocasiones ha propuesto candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me infunde optimismo. Me parece que ningún observador imparcial podría negar que las dos últimas Cortes Supremas han sido una notable mejoría con respecto a las Cortes politizadas y manipuladas que antes padecíamos. Acepto que queda mucho por mejorar, y que la destitución ilegal de varios Magistrados de la Sala Constitucional demuestra que el proceso es aún frágil ante el embate de los políticos. Sin embargo, el proceso basado en las propuestas de Junta Nominadoras ha sido un paso en la dirección correcta y nos ha permitido alcanzar logros que de otra manera hubieran sido únicamente deseos y sueños.
Volviendo al tema del Seguro, debemos reclamar que las próximas autoridades, incluyendo los integrantes de la Junta Directiva, sean propuestas por una Junta Nominadora integrada por miembros de la sociedad civil. Previo al proceso de selección se deberá publicar los requisitos para optar a los cargos, los cuales, en lugar de darle prioridad a un título académico en una cierta disciplina, deben demandar experiencia en la administración de un ente de características y tamaño similar al Seguro. A mi entender, esta es la solución estructural al problema que enfrentamos. Si seguimos recurriendo a soluciones coyunturales, seguiremos reviviendo los penosos incidentes que actualmente nos angustian.
