Tegucigalpa, Honduras. ¿Será que en Honduras los tiempos judiciales obedecen más al calendario electoral que al calendario procesal? ¿Será que la corrupción deja de ser un delito cuando empieza la propaganda política? ¿Será que, a dos meses de las elecciones, nadie puede ser requerido ni procesado? ¿Será que la justicia entra en estado de hibernación?
Si es así, ¡bienvenidos a la veda de la justicia! Porque no vaya a ser que, ante cualquier investigación, requerimiento fiscal o proceso judicial, aparezca la defensa a argumentar con la palabra de moda: lawfare.
Y, peor aún, que meses después veamos en las calles a políticos que habían sido condenados con sentencia firme, paseándose gracias a la venia del Código Bicentenario. Sí, ese que reza: “para que los hechos no se repitan”.
La etiqueta de moda es el lawfare, término ad hoc para izquierdas y derechas, que se amparan en este concepto para hacerse ver como víctimas de persecución política. Nadie es corrupto, todos son mártires.
La palabra mágica sirve para todo: para apelar al honor, para culpar al imperio o al Grupo de Puebla, según convenga al “afectado”. El propósito es distraer de lo evidente.
Pero el término existe, y también existen casos en los que aplica, pero -como siempre- en Honduras pervertimos todo, hasta los conceptos.
Allí entran los medios de comunicación y las redes sociales como amplificadores perfectos de este tecnicismo retórico, arrebatado por cualquiera que lo necesite. Magnifican el victimismo y diluyen la exigencia de justicia, trasladando el debate al terreno de lo social y dejando lo legal como un simple escaparate.
Hoy, todo acusado se defiende con la misma narrativa: “me persiguen”. La consecuencia es demoledora, se erosiona la credibilidad de las instituciones, se reduce la justicia a un espectáculo electoral, y la ciudadanía queda atrapada entre quienes usan la ley como garrote y quienes la convierten en excusa.
“¡Todos los aplicadores de justicia a vendarnos como la diosa Temis!”,exclamó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia ante la prensa (o ante sí misma) para convencerlos (o convencerse) de que en su gestión no hay persecución política.
Pero es que Temis no solo está ciega, ¡está paralizada!, al igual que quieren dejar la justicia, como esa estatua, inmóvil, hasta que pasen las elecciones, hasta que cambie la administración, hasta que se extinga la oposición, hasta que todos estén bien con los del poder; en fin, hasta siempre.
¿Cómo sostener un discurso de justicia frente a un pueblo que ha visto de todo? Que ha visto a campesinos encarcelados por el “delito” de defender sus tierras y preservar la casa común. Qué ha visto cómo el Código Bicentenario abrió las puertas de prisión a condenados por delitos contra la administración pública. Qué ha visto cómo en el Congreso Nacional se sientan diputados condenados mientras la justicia se limita a verlos por el canal del Congreso TV.
¿Estamos frente a un uso ilegítimo del sistema judicial para silenciar adversarios o ante políticos atrapados en sus propios esqueletos, que recurren al “lawfare” como coartada de campaña? Quizá sea ambas cosas, pues mientras se siga aplican la justicia de forma selectiva es difícil trazar la línea entre persecución real y estrategia de victimización.
Entonces sí, es válida la estrategia discursiva de que todo político es perseguido por el bendito lawfare y no porque en realidad le debe algo a la justicia. Porque en Honduras, la justicia sigue durando lo que duran los gobiernos, pues estos se encargan de “perseguir” a los opositores, y viceversa, y así vamos cayendo en el círculo narrativo de derechas y de izquierdas.
Si tan solo hubiera más casos de requerimientos fiscales tocando las puertas de quienes hoy están en el poder, el relato nacional sería diferente. Pero estamos a años luz de una justicia auténtica. Mientras llega, tenemos el lawfare.
