El caso se hizo público cuando el ex director general, Jorge Granados, y el vicepresidente de desarrollo empresarial de LatinNode, Manuel Cáceres, fueron detenidos en Estados Unidos acusados de pagar más de 500 mil dólares en sobornos a funcionarios estatales hondureños.
Según las autoridades estadounidenses, LatiNode «prestaba servicios de telecomunicaciones por medio de tecnología de internet a diferentes países en el mundo, incluido Honduras».
En diciembre de 2005, esa empresa supo que era la única compañía ganadora de un «acuerdo de interconexión» con la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Los acusados, según las autoridades estadounidenses, buscaron la manera de reducir una tarifa por minuto para llamadas a Honduras que LatiNode debía pagar a Hondutel.
Cáceres, Granados y otros directivos de LatiNode estuvieron de acuerdo en un «trato secreto» para pagar «sobornos al gerente, así como a un abogado de Hondutel, que actuaba como testaferro del gerente, y a un ministro de Honduras que se convirtió en representante en la junta de directores de Hondutel», según la Fiscalía.
Los pagos de sobornos presuntamente se efectuaron entre septiembre de 2006 y junio de 2007.
Los detenidos se declararon culpables de hacer pagos “a terceros a sabiendas de que ese dinero pasaría a tres funcionarios de Hondutel”. La fiscalía estadounidense alegó que muchos de los pagos fueron ocultos por medio de blanqueo de dinero realizado a través de filiales de Latin Node en Guatemala, y a través de cuentas de Honduras controladas por funcionarios de este país.
Según un informe del Ministerio Público, los ex funcionarios que recibieron sobornos de la empresa de comunicaciones estadounidense LatinNode fueron los ex gerentes de Hondutel, Marcelo Chimirri, Jacobo Lagos y Jorge Alberto Rosa. También se implicó en este caso a los abogados de la misma empresa, Danilo Santos y Daniel Flores.
Los ex funcionarios fueron acusados en los tribunales de justicia por los delitos de cohecho, fraude y abuso de autoridad, pero los casos poco a poco se fueron diluyendo, a pesar de que los fiscales hondureños que viajaron a Estados Unidos y Guatemala a investigar las denuncias “confirmaron exactamente cuáles son los hechos y las personas y sobre que realmente se produjo el soborno”, según dijo entonces el fiscal general, Luis Rubí Ávila.
En ese entonces, el funcionario indicó que la información había sido cotejada con la Procuraduría General de la República “y que ambas instituciones procederían en forma conjunta”.
Por aquellos tiempos, la Directora de Fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera, aseguró que se tenía identificado plenamente al denominado funcionario “A”, supuestamente involucrado en el soborno, pero que no se contaban con pruebas para poderlo acusar en los tribunales de justicia.
El nombre del funcionario, de quien se especuló era un cercano colaborador de Zelaya, nunca fue revelado, y mucho menos llevado a la justicia por el delito cometido.
Empresario acepta culpabilidad en tribunales estadounidenses
El caso volvió a saltar a la opinión pública este jueves, cuando uno de los ex directivos de LatinNode, el colombiano- estadounidense Oscar Granados, se declaró culpable de conspirar en el pago de más de 500.000 dólares en sobornos a funcionarios de Honduras y de blanqueo de capitales.
Granados admitió su culpabilidad ante la jueza Joan Lenard, en un tribunal federal de Miami, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
«Jorge Granados admitió la autorización de pagos de sobornos a funcionarios de Honduras y ahora debe pagar por su delito. Los sobornos extranjeros socavan la competencia del mercado y debilitan las instituciones democráticas», dijo el fiscal general adjunto Lanny Breuer.
El acusado, de 54 años, fue director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones LatiNode, con sede en Miami, que ganó en el 2005 un «acuerdo de interconexión» con la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Granados, y otros ejecutivos de LatiNode incluyendo a Manuel Salvoch, gerente financiero; el hondureño Manuel Cáceres, exvicepresidente de desarrollo; y Juan Pablo Vásquez, jefe de la oficina comercial, acordaron un pacto secreto para pagar los sobornos a funcionarios de Hondutel, según las autoridades.
Los sobornos se efectuaron entre septiembre de 2006 y junio de 2007 y se pagaron al gerente general de Hondutel, un abogado de esa empresa y a un ministro del Gobierno de Honduras que se convirtió en un representante de la junta de directores, de acuerdo con el comunicado en el que no se divulgaron los nombres.
Muchos de los pagos fueron realizados «mediante lavado de dinero» a través de subsidiarias de LatiNode en Guatemala y en cuentas en Honduras controladas por funcionarios hondureños.
Granados será sentenciado el próximo 22 de agosto y afronta hasta un máximo de cinco años de prisión y una multa de más de 250.000 dólares.
Por este caso, un juez de Estados Unidos otorgó libertad bajo fianza al otro implicado, el hondureño Manuel Cáceres.
La fianza de 50.000 dólares fue concedida a Manuel Cáceres, ex vicepresidente de desarrollo de LatinNode, con sede en Miami, en una vista judicial que se celebró en un tribunal federal de esta ciudad estadounidense.
El tribunal ordenó que Cáceres debería llevar en su tobillo un dispositivo electrónico para que las autoridades puedan supervisar sus movimientos las 24 horas del días y sólo podrá salir de su residencia para visitas al médico y para comparecer ante el juez, según fuentes judiciales.
Los dos afrontan 19 cargos relacionados con lavado de dinero y soborno.
