Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Mientras los tres poderes del Estado se cierran y dan como cosa juzgada el tema de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), nuevos elementos en torno a su inconstitucionalidad salen a la luz pública, en tanto en la autonomía de los territorios crece la burbuja por declararse regiones libres de ZEDEs y sectores claves como las Universidades a través del Consejo de Educación Superior (CES) y la Asociación de Fiscales fija su oposición y pide al Poder Legislativo no tomarse atribuciones que no le son conferidas por la Constitución.
Las ZEDEs, sostienen los fiscales en un pronunciamiento público, intentan ser introducidas como la simulación de un Estado de Derecho, que lejos de fortalecer la institucionalidad hondureña, la debilita, lesiona su soberanía y se convierte en un enclave dentro del Estado.
Igualmente se destaca uno a uno los artículos constitucionales que fueron violentados, las competencias tomadas por el Congreso Nacional al que no les corresponden y los exabruptos del Poder Judicial al dotar a las ZEDEs de tribunales con competencia exclusiva, señalando que se comete una grave violación a la independencia judicial y la impartición de justicia en igualdad para todos los habitantes de la nación.
“Se violenta eminentemente la independencia del Poder Judicial con relación al artículo 309 constitucional debilitando al Estado de Derecho preocupando que se prevé un sistema completo de justicia independiente para el régimen especial de las ZEDEs, que dejaría fuera la esfera de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público”, señala el pronunciamiento de la Asociación de Fiscales,
La posición viene a cerrar el círculo de destacados sectores y asociaciones de expertos jurídicos que han fijado su posición sobre los alcances de las ZEDEs. Junto a ellos se han pronunciado en contra la academia, organizaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, grupos campesinos, la iglesia católica, empresarios y la mayoría de los gobiernos locales.
Un proyecto sin respaldo popular
La idea de instalar en el imaginario colectivo el tema de la ZEDEs como una opción generadora de empleo en una nación donde la pandemia y los efectos de Eta y Iota han dejado a casi medio millón de hondureños desempleados, no ha logrado tener los resultados deseados, a causa de factores como la corrupción, impunidad, déficit de confianza y de credibilidad que lacera al actual gobierno.
A medida que se expurga el alcance de las ZEDEs, el discurso oficial se debilita, y por ahora lo que ha quedado evidenciado es que el proyecto viola el Estado de Derecho, la Constitución y la soberanía nacional, además de ensanchar los niveles de desigualdad y exclusión, en una de las naciones más desiguales del mundo.
Todos los sectores piden al Congreso y al Gobierno central dejar sin efecto el proyecto de las ZEDEs, pero éstos, han desarrollado un espíritu de cuerpo e indicado que el proyecto es “cosa juzgada” porque ya hay sentencia de la Suprema Corte dando luz verde a la iniciativa, y aunque parece que el camino está hecho y cerrado, la dinámica social desde los territorios y otras instancias civiles muestra otro comportamiento.
El tema de las ZEDEs logró posicionarse entre la población hondureña, los cabildos abiertos y las iniciativas ciudadanas desde las corporaciones toman fuerza, al grado que cada semana, desde hace más de dos meses, se reporta de un sector organizado que rechaza las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
Es la llamada autonomía de los territorios, a la que se suma los esfuerzos de iniciativas ciudadanas en el Congreso Nacional orientadas a derogar las ZEDEs. De momento, el CNA y gobiernos locales ayudaron con la captación de la huella y rúbrica de los hondureños en varios puntos del país y presentaron una iniciativa al Legislativo.
Expropiaciones, otro riesgo para los pueblos
Desde el norte, occidente, centro, sur, oriente y nororiente del país, las manifestaciones ciudadanas y los cabildos abiertos contra las ZEDEs son frecuentes, pocas veces tantas voces de diversas tendencias se han unido frente al peligro que representan las Zede. Y para alentar estas iniciativas la Iglesia Católica y sus diócesis han asumido un rol protagónico de acompañamiento y solidaridad. La iglesia ha calificado a las ZEDEs como un proyecto “perverso” de exclusión y violación a los derechos humanos.
Igual posición ha dejado sentada el sistema de las Naciones Unidas en Honduras al señalar que las ZEDEs pueden suponer enormes riesgos para la garantía de los derechos humanos por parte del Estado de Honduras.
Las ZEDEs, de acuerdo con los expertos, son una especie de Estado de Derecho “simulado” porque al tener facultades exclusivas y autónomas para regirse en el territorio designado, serán un gobierno interno no electo por el pueblo, incurriendo en “violación a la soberanía y del Estado de Derecho del Estado de Honduras”, aseguran los argumentos de fiscales del Ministerio Público.
Al suscribir los tratados jurídicos que considere necesarios, dirigir el gobierno de las ZEDEs, promulgar su propia normativa, aplicar norma, emitir ordenanzas, entre otros mecanismos que violan la soberanía y la constitución, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico buscan erigirse en un Estado dentro de otro Estado, y dentro de esas potestades ejecutar, sin mayor riesgo, las expropiaciones de tierra que estimen necesarias. Por eso, el Sistema de las Naciones Unidas alertó sobre el riesgo en que se encuentran los pueblos ancestrales, pues un 35% del territorio estaría bajo la mira de la ZEDEs y sus derechos pueden ser violentados.
Las universidades de Honduras, de su lado, hicieron un llamado a los diputados para que restablezcan los artículos de la Constitución de Honduras que fueron reformados para dar paso a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y pidieron al Congreso Nacional derogar la misma por ser violatoria de la Carta Magna.
El Consejo de Educación Superior (CES), que aglutina a todas las instituciones educativas de nivel universitario, en relación a las ZEDEs, donde plantearon su preocupación por las reformas que dieron origen a dichas zonas que son “inconstitucionales, pues alteraron artículos pétreos relacionados con el territorio nacional, la soberanía y la forma de gobierno, que solo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente”, en relación a los artículos 19, 294, 374 y 375 de la Constitución de la República de Honduras.
Igualmente, las universidades, tanto públicas como privadas, pidieron al Poder Ejecutivo “cesar en la autorización de estos regímenes especiales”, mientras el Congreso Nacional “no ajuste la regulación actual” a lo que dicta la Constitución, al incurrir en una vulneración del principio de legalidad en el artículo 321 del texto constitucional.
El CES señaló a la Corte Suprema de Justicia “nuestra gran preocupación por el deterioro que está sufriendo el Poder Judicial como consecuencia de las acciones que se han tomado para justificar la violación a la Constitución de la República”, en relación con aprobar la autorización de una jurisdicción especial para las ZEDEs.
Las universidades animaron a la sociedad hondureña a que se pronuncie a favor de la democracia y el Estado de Derecho, pues son los dos elementos fundamentales y sin ellos no se alcanzará el verdadero desarrollo de la nación.El CES instó a los tres poderes del Estado, líderes políticos, sectores productivos, gremios profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, iglesias, asociaciones ciudadanas y la población en general al “establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para lograr una verdadera unidad nacional”.
(VER) UNAH presenta recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDEs
La ley orgánica, según el análisis de la Asociación de Fiscales, autoriza a los representantes de la ZEDEs, a decretar las expropiaciones que consideren necesarias, transgrediendo el artículo 103 constitucional en vista que las expropiaciones responden a una necesidad pública misma que no se justifica con la supuesta producción de fuentes de empleo, la cual se prevé “será desproporcionada en relación a las políticas extractivistas y despojo de territorios culturales de pueblos ancestrales entre otros, por lo que existe una alta probabilidad que la ZEDEs no serán la solución predicada (…)”.
La suerte de la ZEDEs hace prever de acuerdo con los estudiosos de la temática que se tienen dos caminos: que, ante el malestar ciudadano, el Congreso Nacional rectifique derogando su creación, o que el gobierno por venir en enero de 2022 tome cartas en el asunto, pues al margen de la decisión del actual Parlamento, desde los territorios y la autonomía municipal, muchas zonas estratégicas han rechazado el proyecto y ese clamor no se va a aplacar tan rápido.
Las ZEDEs se instalaron violando incluso su propia normativa al no consultar al pueblo a través de un plebiscito como dice su ley orgánica y sin ser autorizadas por el Congreso Nacional. Muchos son los errores y muchos los entresijos que hay detrás de este proyecto con más sombras que luces. (PD)
