Las tierras y aguas protegidas afrontan futuro incierto en EE.UU. y Amazonía

Washington – Países como Brasil y Estados Unidos, que estuvieron en el pasado a la vanguardia de la conservación, encabezan ahora una tendencia global de reducción de las políticas ambientales, según un artículo que publica este jueves la revista Science.

Los cambios en esas políticas buscan alterar o eliminar legalmente el estatus de las áreas protegidas y disminuir el tamaño de zonas naturales de conservación establecidas.

Este estudio, en el que han participado investigadores de EE.UU., Alemania, Australia, Chile, Colombia, Guyana, Brasil, Francia, Bolivia y Venezuela, es el más completo hasta ahora sobre este proceso.

Las áreas protegidas cubren el 15 % de la superficie terrestre y fueron creadas para preservar regiones naturales y su biodiversidad.

Si bien no siempre estos procesos de regresión, incluidos los que responden a peticiones de las poblaciones indígenas, son perjudiciales para la biodiversidad, la mayoría de los más recientes, que está relacionados con la autorización para extraer recursos a escala industrial, sí que lo han sido.

Los investigadores, encabezados por Rachel Golden Kroner, de la Universidad George Mason en Virginia (EE.UU.), estudiaron más de 200 años de procesos de degradación, reducción o remoción de áreas en las listas de conservación en todo el mundo, con atención especial a Estados Unidos y la Amazonía.

Los resultados muestran que más de dos millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas en el planeta han sido reducidas desde 1892, de los que el 78 % lo han sido desde 2000.

Solo en EE.UU. el 90 % de esos trámites se han iniciado desde 2000 y el 99 % fueron para desarrollos a escala industrial.

Entre esos procesos, los autores mencionaron las propuestas del Gobierno del presidente Donald Trump para reducir en un 85 % el área protegida de Bears Ears (Utah, EE.UU.) y en un 51 % la de Grand Staircase Escalante.

El artículo también recordó la reciente decisión del Congreso estadounidense que permite la exploración de petróleo y gas en zonas protegidas del Ártico.

Estas medidas, señalaron los autores, tomadas por los Gobiernos de países muy influyentes podrían «animar a otros países a hacer lo mismo amenazando gravemente las áreas protegidas en todo el mundo».

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