Tegucigalpa – Desde que Honduras retornó a la vida institucional a inicios de los años 80, cuatro presidentes de la Corte Suprema de Justicia han sido protagónicos. Uno de ellos no logró asumir su mandato y fue encarcelado por asuntos políticos; otro fue destituido dos años después de ser electo por el Congreso; un tercero desapareció a bordo de una aeronave y el cuarto, tras dejar su cargo, ha sido juzgado por corrupción y tiene una orden de captura vigente.
Ramón Valladares Soto
Era el final de marzo de 1985 cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ramón Valladares Soto, recién electo como mecanismo para atajar una intentona golpista, era apresado por las fuerzas del orden del gobierno de Roberto Suazo Córdova.
Fue este el primer hecho en el Poder Judicial, tras el retorno al orden constitucional, luego de décadas de gobiernos militares, el que marcó la presencia de las ambiciones y viejos vicios en el entorno de la justicia hondureña.
El magistrado presidente, que, según la Constitución, gozaba de inmunidad, fue elegido, el mismo día de su captura, por el Congreso Nacional junto a otros ocho altos jueces, pero, el presidente Suazo Córdova no reconoció como válidos los nombramientos y acusó al Legislativo de «violar flagrantemente la Constitución».
Valladares Soto reemplazaría en el cargo a Manuel Arita Palomo, quien fue separado de su puesto por el Congreso Nacional ya que las investigaciones revelaban irregularidades en la administración de justicia hondureña.
Entonces la Corte Suprema era conformada por siete jueces titulares y siete suplentes.
Tras abortar el intento por disolver el Congreso, instalar una asamblea constituyente y mantener a Suazo Córdova en el poder, más allá de lo establecido en la Ley, éste acusó al Parlamento de provocar un golpe de Estado técnico y recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas, decisorias en la vida hondureña, especialmente en aquella década.
Igualmente, el gobernante amenazó con actuar contra quienes intentaran violentar la Constitución del país e insistió en el reconocimiento de Arita Palomo como presidente del Poder Judicial al tiempo que denunció a los nuevos altos jueces por los delitos de “traición a la patria y usurpación de funciones”.
La crisis política fue profunda en la época y el presidente del Legislativo, Efraín Bú Girón, contraatacó en una sesión extraordinaria en la que denunció a Suazo Córdova por agravar la crisis hondureña y trasladaron su voz de denuncia ante todos los parlamentos del mundo.
Valladares Soto, maestro universitario, formador de generaciones y con una carrera profunda en la defensa de la soberanía nacional, quien sufría una cardiopatía crónica y una ulcera sangrante, afrontó la cárcel en medio de severas complicaciones de salud.
Al final la crisis se superó con la puesta en marcha de un sistema electoral inédito en el país conocido como la “opción B”, pero el daño a la justicia quedó marcado como una enorme cicatriz.
Oswaldo Ramos Soto
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de 1990 a 1992, José Oswaldo Ramos Soto, también exrector universitario, fue destituido de su cargo por el Congreso Nacional.
En diversas declaraciones públicas él ha manifestado que todo tuvo su origen en los conflictos de poder de quienes querían imponer jueces y nombrar a miembros en el Poder Judicial.
Para Ramos Soto lo importante es la conservación de la independencia de poderes, pero ha preferido no detallar todo lo ocurrido al definirse como “un hombre de partido”.
El vuelo sin retorno
Otro episodio que registra la historia del Poder Judicial en Honduras ocurrió a finales de septiembre del año 2000 con el trágico desenlace en el período que comenzó el abogado Oscar Armando Ávila Banegas (1998-2000), quien desapareció en un helicóptero en un vuelo de las Islas de la Bahía a Tegucigalpa y cuyos restos, se presume, se perdieron en el mar Caribe.
El helicóptero en el que viajaba el presidente de la Corte Suprema Ávila Banegas, junto otras cuatro personas, desapareció en las aguas caribeñas, reportaron entonces la Policía y la agencia de Aeronáutica Civil.
El titular del Poder Judicial viajaba en un helicóptero Bell-206 de cinco plazas y despegó de la isla de Roatán. La última comunicación reportada ocurrió a nueve kilómetros de la comunidad de Jutiapa, en el Caribe, donde seguidamente se rastreó e intensificó la búsqueda de la aeronave, pero nunca se despejaron los hechos.
El penúltimo presidente
El penúltimo presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilés (2009-2016), es actualmente señalado por corrupción, junto a los miembros del Consejo de la Judicatura, una instancia creada para transparentar ese poder del Estado pero cuyo efecto resultó un bumerán en la lucha anticorrupción.
Solo al iniciar este agosto, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró “sin lugar” el recurso de reposición a favor del expleno del Consejo de la Judicatura para evitar que éstos permanezcan en prisión mientras llega la audiencia preliminar.
La decisión del juez confirma el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los exconcejales Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio César Barahona Enríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Sierra y Celino Arístides Aguilera.
Pero los avatares del Poder Judicial parecen no tener fin, en los entre periodos se han tejido múltiples historia.
