Tegucigalpa – La historia del Ministerio Público, escrita en muchos de sus tramos en renglones torcidos, poco a poco toma una nueva ruta y aunque está distante de cumplir en su totalidad, los propósitos fundamentales, las trasformaciones ya reflejan logros concretos en el combate a la impunidad y sus principales vértices reflejadas en crimen organizado desde narcotráfico, tráfico humano, crímenes ambientales, corrupción pública y privada, lavado de activos entre tantos delitos que, marcan al país pero también se difuminan por las Américas, en una especie de ola global.
– Los golpes que más duelen a cualquiera de las mafias son aquellos que les tocan sus imperiosos financieros, dijo el fiscal general de Honduras.
“Todavía falta bastante para reestructurar el Ministerio Público a lo que en verdad queremos como producto terminado”, dijo el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla al conversar con Proceso Digital sobre el sumario que le ocupa desde que asumió sus funciones como la cabeza de esa institución.
El MP fue fundado en 1994, durante la administración del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994).
La institución surge con la mirada esperanzadora de la población que para entonces tenía a flor de piel el recuerdo de una década atrás, cuando Honduras había dejado de ser gobernada por regímenes militares para vivir en una incipiente democracia, influenciada por la aún omnímoda bota de los “verde olivo”.
El surgimiento del Ministerio Público como el promotor de la persecución penal, la función acusatoria ante los tribunales penales, así como la dirección de las investigaciones de los delitos de acción pública, les daba a los hondureños la percepción de que se avecinaban aires de mejores tiempos.
En ese tránsito, la vida del MP ha estado marcada por etapas borrascosas, pero también por buenos momentos, hasta llegar a ser dirigida por el fiscal Chichilla, quien asume las riendas de la institución tras una intervención en uno de los tramos institucionales más complejos.
“En el proceso de modernización nosotros trazamos un plan estratégico que contempla 2015-2020; hace falta todavía un tiempo prudencial para poder cumplir los objetivos estratégicos que allí se fijaron y la idea es continuar ese paso, no perder el ritmo y seguir con la modernización y las trasformaciones que se necesiten para tener un nuevo modelo de gestión de despacho fiscal” dijo el abogado Oscar Fernando Chichilla al referirse a la ruta y el ritmo en el que marcha el MP.
Corrupción
Específicamente se le consultó sobre los alcances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción a lo que respondió que “ha habido dos vías de trabajo, continuamos con lo que veníamos haciendo en la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, fortaleciendo también la oficina regional de San Pedro Sula, continuamos también con el trabajo de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal que es la que lleva los casos del seguro social (la investigación al Instituto Hondureño de Seguridad Social por su descalabro financiero); investigando también los casos que se dieron en el IHSS en San Pedro Sula.
El descalabro financiero en el IHSS es una de los actos de corrupción considerado como icónico ya que sus niveles, además de inimaginables cuantitativamente, involucran a actores sociales diversos. Tanto políticos de la mayoría de las fuerzas que ahora se disputan el poder de la nación de cara a las elecciones de noviembre entrante; como actores sociales que representaban gremios dentro de la entidad; así como funcionarios y empresarios conforman este coctel de fuerzas que participaron en los hechos, de acuerdo a las investigaciones.
Sobre detalles específicos en el caso de la corrupción en el seguro social, el titular del MP dijo que “se van a ir materializando más acciones conforme a las investigaciones van concluyendo, creo que uno de los miembros de la misión y el fiscal argentino que estuvo por acá, hacían referencia que estos trabajos de investigación por ser complejos y para que haya la debida sustentación requieren de tiempo. Entonces los trabajos que ha venido haciendo la Unidad de Apoyo Fiscal con el equipo de fiscales, peritos investigadores, muchos de ellos han ido concluyendo con investigaciones y requerimientos, hay otros que están finalizándose y en la medida que en estos casos vamos teniendo todo el material probatorio para sustentar una acusación, se van a presentar en los tribunales”.
Sobre los personajes mencionados en quienes penden órdenes de captura, el abogado Oscar Fernando Chinchilla detalló que como Ministerio Público han instado a los entes encargados de realizarlas para que hagan las diligencias necesarias a fin de lograr las detenciones, un hecho que es preciso para continuar con varios procesos.
Recordó que algunas de las capturas han sido efectuadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero mencionó que esa unidad además de ser pequeña tiene como responsabilidad fundamental la investigación, una rama de la que, a su juicio, no debe descuidarse.
Igual dijo que en otras capturas han jugado roles destacados la Policía Militar del Orden Público y unidades de las fuerzas del orden.
“Este tema de las capturas de alguna forma rebasa nuestra capacidad como ATIC, porque la ATIC lo que tiene es un grupo de detectives que no los podemos dedicar completamente a hacer capturas porque perdemos la fortaleza principal de ellos que son investigadores”, reafirmó.
Luego manifestó que especialmente en los casos de prófugos de la justicia que pudieran encontrarse fuera del país, se requiere de acciones de otras unidades a las que les corresponde coordinar la Interpol, además de lograr coordinaciones con otros Estados.
Junto a la MACCIH creando modelos a seguir
Agregó que otro punto importante en su accionar es el trabajo fuerte y sistematizado que realizan al conformarse la unidad fiscal que trabajará junto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), lo que representa un modelo de investigación penal conjunto e integral, construido junto a la misión.
Para el fiscal Chinchilla el éxito de esta unidad deberá reflejarse y extenderse en sus buenas prácticas en el resto del Ministerio Público.
Externó que, al par, él junto a su equipo, siguen trabajando en la modernización e implementación de la reestructuración que se hizo a la Fiscalía del Combate a la Corrupción Pública.
El fiscal general valora como hechos trascedentes, la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que ha sido una de las fortalezas que han marcado la lucha contra el crimen desde el MP. Igual ocurre con la recomposición de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y de otras instancias de gran incidencia. A ello se adhiere la efectividad de acciones, desde la coordinación de fiscalías.
Golpes a las finanzas de los carteles
En el tema de la evolución en el combate del narcotráfico, el fiscal Chinchilla refrescó el hecho de que antes de 2013 lo que había en el país eran capturas de pequeños distribuidores de drogas o de personas que transportaban substancias prohibidas para consumo.
Luego dijo que “nosotros concebimos desde el principio que eso no era posible, que había que atacar a las grandes organizaciones transportistas de droga”.
En ese punto, el MP determinó definir cuáles eran las más poderosas estructuras criminales que operaban en Honduras.
El MP entonces, -dijo el fiscal general-, basó el ataque a los carteles fundamentado a lo que dijo que “ha demostrado la experiencia en varios lugares: que se desbarate la estructura financiera de ellos, entonces implementamos la figura del aseguramiento de bienes, a la par de la herramienta de la extradición que en combinación con otros países ha dado resultados”.
El descabezamiento de los carteles, el desbaratamiento de sus imperios financieros y la desarticulación de estructuras medias y de base, ha dado resultados concretos en Honduras, pero al par, la producción de drogas se ha ampliado y casi duplicado en varios países productores del sur del continente y el consumo no disminuye y hasta se diversifica tanto en el norte de América como en Europa, lo que hace que la codicia y la motivación por el tráfico no disminuya.
Según expertos, este fenómeno redunda en que las organizaciones de narcotraficantes mutan y no paran su actividad. Nuevas organizaciones buscan ocupar espacios y nuevas formas para mutar en su proceder delictivo.
Honduras no es exenta de esta cadena. El crimen organizado sigue activo, prueba de ello es el hallazgo de un sembradío de coca en la vasta zona de Olancho. Las autoridades fiscales estudian científicamente el caso para determinar si se trata de una variedad genética adaptada al clima y la altura de las tierras hondureñas.
Otro reflejo de esta actividad es la escandalosa incautación a una banda colombiana de más de 20 toneladas de cocaína que sería traficada a los Estados Unidos a través de varios países del Caribe y de la región centroamericana, entre ellos Honduras.
Herramientas contra pandillas
En torno al combate de las poderosas organizaciones mafiosas que operan en Honduras y en el resto del Triángulo Norte, México y los Estados Unidos, su lugar de origen, el fiscal Oscar Fernando Chinchilla ilustró mencionando que “estados más grandes en materia de recursos económicos y de estructuras, han recurrido, a los distribuidores de droga para en realidad debilitar estas estructuras”.
En el caso específico de las pandillas, dijo, la estrategia no debe variar mucho ya que “lo que hay que atacar es la estructura financiera de ellos, quitarles los recursos, todo el que se mete a una actividad ilícita o delincuencial tiene como su objetivo acumular riqueza, y esa riqueza sino la puede meter al sistema económico a través de bienes, recursos financieros o productos financieros. No tiene sentido, escondida o enterrada; entonces la fundamental estrategia tiene que ser quitarles esos dineros mal habidos a todos esos grupos criminales”.
Ilustró remembrando que “eso es lo que ha demostrado ser eficiente contra la mafia italiana, lo que se hizo en Colombia contra los carteles de la droga, y lo que se realiza en otras latitudes, por eso vamos a continuar trabajando también en la línea de atacar las finanzas de las maras como si se logró con las operaciones Avalancha”, profundizó.
El fiscal Chinchilla ha logrado además de conjugar voluntades oficiales y de sociedad civil a lo interno del país, el apoyo y la confianza de países amigos que le han brindado respaldo a sus acciones contra el crimen en todas sus formas.
Igualmente, el trabajo del Ministerio Público de Honduras también se ha conjugado con el de los entes fiscales del Triángulo Norte, en momentos en que la región enfrenta desafíos para adecenar la impunidad que se ha esparcido como plaga desde la “Tierra de Fuego” hasta cruzar las Américas, además de dispersarse globalmente.
OPERACIONES 2017 (MP) El 1 de junio dio lugar la Operación Hércules desde tempranas horas en el mercado Zonal Belén de Comayagüela, concluyendo con resultados positivos en favor de la población, entre ellos 63 inspecciones, 5 allanamientos, 10 capturas e importante labor social. El 26 de mayo continuó la Operación Tormenta de Fuego, esta vez en su quinta etapa, la que dejó 210 capturas tras 174 inspecciones, además se secuestraron documentos en 28 requisas. El 12 de mayo siguieron las operaciones por parte de la Fiscalía hondureña, esta vez correspondió Espartano, realizada para ejecutar órdenes de captura por diferentes delitos, inspecciones en talleres, negocios, bodegas, restaurantes, escuelas y centros nocturnos, detener la venta de loterías clandestinas, además de instalar retenes en diferentes puntos carreteros. Como parte de las acciones se verificó el transporte ilegal de madera, se inspeccionaron botaderos de basura, purificadoras de agua, hoteles y se comprobó si hay contaminación sónica. Las acciones dejaron 40 detenidos. El 8 de mayo se hicieron 23 allanamientos en el occidente del país por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico. Operación Volcán se concentró en el departamento de Ocotepeque, igualmente se procedió a la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 62 asientos en los cuales se encuentran inscritos bienes inmuebles situados en el mismo sector. Las acciones fueron ordenadas por un Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en virtud de un proceso penal por la comisión del delito de lavado de activos que se instruye contra Jonny Osman Hernández Arita y otras personas relacionadas, en donde también se ordenó asegurar cuatro sociedades mercantiles de las cuales los investigados son socios. Operación Tormenta de Fuego IV El 28 de abril se ejecutó la Operación Tormenta de Fuego IV en los 18 departamentos del país con el saldo de 210 capturas. La acción investigó y documentó una serie de casos en los que operadores de justicia habrían beneficiado a miembros del crimen organizado, así como por haber participado en posibles delitos de abuso de autoridad, cohecho, sustracción de documentos y prevaricato. Por su parte, la Fiscalía Especial de la Mujer hizo varios operativos para desmantelar redes criminales dedicadas a la trata de personas, explotación sexual comercial y proxenetismo. Mientras que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ejecutó allanamientos y órdenes de captura contra miembros de maras y pandillas. El 24 de abril se dio marcha a la Operación Estigia con el objetivo de asegurar bienes muebles e inmuebles y sociedades mercantiles a tres organizaciones criminales vinculadas al delito de lavado de activos producto del tráfico de drogas con lo cual han llegado a acumular una fortuna aproximada a los 85 millones de lempiras. Estigia se desarrolló en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro. De acuerdo a la investigación, los 27 bienes asegurados están vinculados a células del cartel de los Valle Valle y a la esposa de Víctor Manuel Villela Castillo alias “El Rojo”, capturado en Guatemala luego de atender una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, a quien además se le vinculó con el atentado a miembros de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), en septiembre de 2016 en SPS. El 7 de abril, fiscales del MP inspeccionaron diferentes puntos situados en las principales ciudades del país, para hacer efectiva la Operación Piraña encaminada a la prevención de ilícitos en perjuicio de los consumidores, personas adultas mayores y la niñez. Estas acciones tuvieron lugar en la víspera de la Semana Santa. Operación Tormenta de Fuego III El 25 de marzo, el Ministerio Público terminar con éxito la Operación Tormenta de Fuego III, con 220 capturas, 104 allanamientos, 310 inspecciones y 20 acciones de secuestro de documentos por delitos de corrupción. Estas acciones atacaron el delito de trata de personas, asimismo se hicieron inspecciones en seis municipalidades: La Venta, Choluteca, Villa de San Francisco, Trujillo, Tela y Veracruz en Copán y en dependencias estatales como el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Instituto de la Propiedad (IP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dependencias relacionadas con la Policía de Tránsito y Cobras. El 15 de marzo, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) encabezó la Operación Fontana que realizó 12 aseguramientos a igual número de bienes inmuebles en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. La operación tenía como objetivo preservar la disponibilidad de los bienes durante el proceso incoado en contra del patrimonio del señor Henry Enoc Salinas y su esposa Blanca Lida Elvir, en vista de las investigaciones realizadas por la supuesta participación de los mismo en el delito de lavado de activos. El 9 de marzo, tres Fiscalías especializadas del Ministerio Público coordinaron dispositivos de trabajo para combatir delitos especiales como el contrabando, delitos contra la salud y vulneración a la Ley de Protección al Consumidor y Delitos contra la Propiedad Intelectual como la falsificación de marcas, mercancías y o productos. Las acciones se llevaron a cabo en la capital de la República, San Pedro Sula, Comayagua, La Ceiba y otras localidades importantes. Desarrollada el 27 de febrero y mediante la cual se entrega a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), inmuebles sobre los cuales ha recaído medida de aseguramiento en virtud de un proceso investigativo por lavado de activos. La medida de aseguramiento fue inscrita sobre 40 matrículas en las que se encuentran registradas bienes inmuebles propiedad de Juan Carlos Montes Bobadilla, Noé Montes Bobadilla, Herlinda Bobadilla, Tito Montes Bobadilla, su núcleo familiar y personas relacionadas, bienes que se encuentran ubicados en los municipios de Limón y Bonito Oriental, Colón. El 24 de febrero se produjeron 176 detenidos y 327 requerimientos fiscales a nivel nacional por diferentes delitos. Aquí continuó la operación Tormenta de Fuego, en su segunda etapa, con el propósito de ejecutar inspecciones y secuestro de documentos por denuncias de corrupción en oficinas públicas, verificaciones en centros asistenciales y hospitales. Además, se ejecutaron órdenes de captura por diferentes delitos, allanamientos en busca de armas y drogas, retenes, decomiso de expedientes en Alcaldías y Secretarias de Estado, desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato y verificar falsificación de marcas. Ejecutada el 17 de febrero en 30 puntos en diferentes partes del Valle de Sula, donde según trabajos investigativos y de seguimiento se encontraban los cabecillas de la Mara Salvatrucha o MS cometiendo sus múltiples actividades ilícitas. El 14 de febrero la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron la Operación Dignidad mediante la cual se hicieron allanamientos y capturas vinculadas al asesinato del fiscal Orlan Arturo Chávez (52). En el allanamiento efectuado en la colonia Tiloarque de Comayagüela, se ejecutó la orden captura de Wilmer Samuel Álvarez Pagoada (41), quien es uno de los presuntos sicarios de Chávez, además de Luis Alejandro Castro Núñez (49), éste último privado de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula por el delito de robo. El 30 de enero se puso en marcha en 30 ciudades la Operación Tormenta de Fuego, para contrarrestar flagelos como tráfico de drogas, extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de armas, asesinato, homicidio, robo, explotación sexual comercial, violación, actos de lujuria, tráfico de madera, fraudes y corrupción. Estas acciones derivaron en 205 capturas, 210 inspecciones y 12 secuestros de documentos en casos de corrupción El 27 de enero se puso en marcha la Operación Tifón con allanamientos, capturas e inspecciones en 25 ciudades del país, para atacar flagelos como tráfico de drogas, extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de armas, asesinato, homicidio, robo, explotación sexual comercial, violación, actos de lujuria, tráfico de madera y fraudes, entre otros. El 23 de enero se ejecutó la Operación Centurión II mediante la cual se entregó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), 38 inmuebles sobre los cuales se inscribió medida de aseguramiento ordenada por un Juez. Los bienes están ubicados en los departamentos de Copán, Yoro, Santa Bárbara y Cortés. Su aseguramiento e incautación se realiza en el curso de un proceso investigativo instruido para determinar la comisión del delito de lavado de activos que se sigue en contra de Bernabé Escalante, Luis Escalante Landaverde, Mauricio Castillo Sanabria y otros miembros de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, la que según antecedentes e investigaciones se relacionan con los hermanos Valle Valle y Héctor Emilio Fernández Rosa. |
