Tegucigalpa (Proceso Digital) – Las amenazas a defensores humanitarios, de la libertad de expresión, de la tierra, líderes sociales y luchadores anticorrupción en Honduras se acentúa, según denuncias formuladas por los propios protagonistas de historias tristes que dejan ver en el país un deterioro de las libertades.
Las denuncias son muchas y aunque la mayoría de ellas se manejan con discreto perfil, la salida del país de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, permitió que las voces se avivaran y dejaran de lado los temores para denunciar las hostilidades de que son víctimas.
El respaldo ha sido prácticamente unánime para la directora del CNA y sus ejecutorias. Ella desde fuera del país ha asegurado que nada la detendrá y que seguirá con su política de incomodar al poder a través de investigaciones documentadas.
Analistas y expertos atribuyen a la presentación del informe “Concentración de Poder”, que retrata el nepotismo desde el gobierno, la gota que derramó el vaso y que incomodó a las altas esferas de poder.
La propia presidenta Xiomara Castro durante la entrega del premio periodístico Álvaro Contreras fustigó el informe presentado por el ente de sociedad civil y rechazó las aseveraciones. A la par, muchos funcionarios de gobierno acompañaron una avalancha de críticas contra Castellanos que incluso se situó en el plano personal.
Este lunes el CNA colgó un video en el que actores políticos, que antes eran oposición y hoy son gobierno, respaldaban las denuncias de ese ente anticorrupción y aplaudían los señalamientos públicos, sin embargo ahora que ostentan cargos en el poder la oratoria cambió radicalmente.
Fuertes amenazas en última semana
Desde Estados Unidos, vía telefónica con el telenoticiero Hoy Mismo, la abogada Gabriela Castellanos explicó que salió del país porque tenía un evento de OEA, pero agregó que situaciones de inseguridad la rodearon a ella y su entorno familiar.
“Decidimos salir antes del país y que se puedan investigar ciertos hechos que se han dado en las últimas semanas”, expresó.
Narró que desde hace varios años es objeto de amenazas a muerte producto de las 149 líneas de investigación que se han presentado de manera pública, “aunque las amenazas más fuertes han sido aproximadamente desde hace tres semanas intensificándose en la última semana”.
Dijo no saber de dónde llegan las amenazas, “es lo que se está investigando por parte de ciertos grupos, de ciertas personas, mencionarles que hace unos días presentamos la denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cual fue admitida y se va a investigar, se va a proceder y se va a aplicar el protocolo”.
Consultada sobre cuál será su papel en el CNA desde afuera del país, respondió que “estamos trabajando, seguimos trabajando, hay un equipo del CNA muy bien construido, consolidado, está ocupado como el día a día del trabajo, espero que sea un par de días fuera del país y luego retornar para seguir en mis labores”.
Castellanos mencionó que en la actual gestión gubernamental el CNA denunció el caso del nombramiento de los actuales procurador y subprocurador, luego el informe de concentración de poder (nepotismo), igualmente otra denuncia sobre la tasa de seguridad que vincula exfuncionarios, también una que señala al actual director de la OABI.
Descartó que las autoridades policiales, así como de la Fiscalía hondureña se hayan comunicado con ella para indagar sobre las amenazas que ha sido objeto.
En torno a las versiones sobre su salida por parte de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, reflexionó que “parecen más declaraciones de una activista que de una funcionaria pública, es por eso que me acerqué hace unos días al Comisionado de Derechos Humanos para interponer la denuncia y por supuesto que habrá otras acciones posiblemente a nivel internacional para seguir un orden y disciplinarnos en ese tema para que las cosas sean bien hechas como estamos acostumbrados en el CNA”.
Agradeció el respaldo de la comunidad internacional, al igual que muchos sectores del pueblo hondureño. “Nos mueve ese 70 % de la población que vive en pobreza y extrema pobreza, tanta corrupción que se vive a diario, así que seguiremos luchando por el país”, indicó.
Gobierno se desmarca
El vicecanciller Gerardo Torres aceptó que es obligación del gobierno investigar la denuncia de una amenaza contra la directora del CNA, Gabriela Castellanos, pero cuestionó que se vincule “malintencionadamente” a la gestión gubernamental con el suceso.
Aunque señaló que hay sectores que se aprovechan de la denuncia de Castellanos para querer hacer un discurso malintencionado y vincularlo con el gobierno.
“Por allí se quiere hacer una línea discursiva que quiere colocar una cosa con la otra, uno es la denuncia de la directora del CNA, y otra cosa es que se quiera vincular de manera malintencionada señalamientos que ella ha hecho al gobierno con una amenaza de derechos humanos”, declaró ante periodistas.
Indicó que acusar al gobierno de amenazar a Gabriela Castellanos no tiene fundamento, pero que sigue siendo preocupante que se quiera dar a entender de esa forma.
Si Gabriela Castellanos ha presentado una denuncia ante el Conadeh, las autoridades competentes deberán hacer una investigación para que pueda aclararlo y pueda regresar al país, remarcó.
Asimismo, ironizó que después de nueve años de que Gabriela Castellanos al mando del CNA, nunca hubo señalamientos ni participación de otros sectores que estén preocupados por ella.
Parece que hay una narrativa oculta detrás de esto, aunque no desmeritamos las amenazas que pudo haber recibido y percibido Gabriela Castellanos, enfatizó.
El diplomático recalcó que Gabriela Castellanos ha estado nueve años frente al CNA sin hacer un señalamiento directamente a Juan Orlando Hernández, pero que la única vez que la hizo fue objeto de amenazas.
Situación preocupante
La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza calificó de preocupantes las reiteradas denuncias de amenazas contra personas que luchan contra la corrupción en el país.
Dijo que acompañan cuatro casos de periodistas en condición de vulnerabilidad a sus libertades, pero que igualmente estudian otros seis y unas que ya fueron trasladadas al Conadeh.
La defensora de DDHH llamó la atención que en el caso de periodistas amenazados en Puerto Cortés, éstos reciben amenazas de grupos que se dedican a la extorsión, por lo que interpretó que se estarían usando grupos criminales para callar a la prensa.
“Es preocupante que a menos de dos años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se esté dando un contexto proclive a lo que se dio en el golpe de estado (2009) o con los años que estuvo en el poder el expresidente Juan Orlando Hernández en el sentido que se fueron muchas personas al exilio y otras como el caso de los periodistas se autocensuraron”, detalló.
Lamentó que no existan lugares -del gobierno- propicios para hacer las denuncias y así obtener auxilio, esto en referencia al desarticulado Mecanismo de Protección.
Puntualizó que “lo que ocurre actualmente puede ser un termómetro para que las cosas que ocurren en el futuro se compliquen demasiado para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas. Esperamos que la situación grave de Nicaragua no se replique en Honduras”.
Conadeh pide el actuar del Mecanismo de Protección
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre condenó todo acto que amenace la vida e integridad de la persona humana, fin supremo de la sociedad y del Estado.
La defensora del pueblo reiteró que esa institución registró una queja interpuesta por la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, por encontrarse en una situación de riesgo.
Explicó que la queja fue admitida a trámite y se realizarán las diligencias que son competencia del Comisionado Nacional para asegurar la vida e integridad de la peticionaria. El trámite de las quejas en el Conadeh se rige bajo el principio de reserva, por lo cual no es posible ofrecer información detallada al respecto.
Instaron al Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a actuar con la debida diligencia y adoptar las medidas de protección idóneas que deben consensuarlas con la abogada Castellanos.
Resistir en medio de tantos ataques
Mientras, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, le confió a Proceso Digital que los líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes de sociedad civil se encuentran en una situación compleja, en vista que a pesar que existe una Secretaría de DDHH y un Mecanismo de Protección, no cuentan con el recurso humano capacitado para ofrecer respuestas a las víctimas de amenazas.
“Los que tenemos cierto nivel de estructura y capacidad, denunciamos y resistimos esta situación, sin embargo sabemos que otras personas sólo tienen dos opciones: callar, con la autocensura al temor de sentirse indefenso; y lo otro, es mejor decidir abandonar el país”, describió
Refirió que hay más funcionarios de la sociedad civil amenazados a muerte en Honduras.
“Sí, hay más y lo puedo decir. Hace tres meses una mujer también valiente y capaz, que le ha dado a este país muchísimo, fue objeto de una acción similar de persecución e intimidación”, apuntó sin mencionar la identidad de la persona.
Dijo que se pudo comprobar de parte de actores de inteligencia del Estado que había serias intenciones de asesinarla. Trataron de forma articulada para tratar de proteger la vida de esa persona mejorando sus condiciones, añadió.
No obstante, lamentó que en el occidente y norte del país dirigentes de sociedad civil también se encuentran en situaciones de riesgo por su labor en favor del ambiente y otras actividades.
“Hoy se está teniendo mucho más ataque de lo que se tuvo en el pasado”, recalcó Hernández.
Acentuó que “basta ya, es cierto que fueron 12 años de estar en la calle, pero hoy están en el poder y es la gran oportunidad de revertir esto con acciones concretas, más no atacando”.
Hernández caviló que lo que nos queda es unir esfuerzos, superar esas diferencias que en el pasado nos han dividido y tratar de unirnos para hacerle frente a toda esta situación de inseguridad.
La REDH exige investigación
La Red por la Equidad Democrática de Honduras (REDH) exhortó a las autoridades a que investiguen la denuncia interpuesta por la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), por situación de riesgo.
Consideró que lo ocurrido a la directora del CNA equivale a un ataque en contra de todas las organizaciones y actores sociales que trabajan por fortalecer la democracia y combatir la corrupción.
Este organismo señaló que la ausencia de una justicia pronta en este tipo de casos es un incentivo para el escalamiento de las amenazas y genera un efecto disuasivo en organizaciones de sociedad civil y defensores de los derechos humanos para el desarrollo de sus actividades.
Ejemplificó los casos de los defensores del río Guapinol y de los garífunas que han enfrentado procesos judiciales sin las garantías debidas.
También mencionó el caso de los periodistas que han sido objetos de persecución para restringirles la libertad.
La REDH indicó que la gobernanza en un sistema democrático implica la convergencia de actores estatales y no estatales en la gestión de los asuntos públicos.
“Una democracia no se construye persiguiendo a actores sociales, en particular a aquellos que denuncian la corrupción en el sistema político y defienden la libertad la liberta de expresión”, cita el pronunciamiento de la REDH.
Finalmente, la REDH respaldó a Gabriela Castellanos y llamó a todas las organizaciones de sociedad civil a defender los valores democráticos frente al cierre progresivo de los espacios cívicos. PD
