En el informe, WOLA señala que sólo el año pasado la violencia tuvo como resultado 6.200 asesinatos en Guatemala, un país de alrededor de 13 millones de habitantes.
Añade que en sus vecinos Honduras y El Salvador los asesinatos en 2008 se cobraron la vida de 4.437 y 3.178 personas, respectivamente.
Esos tres países, conocidos como el «triángulo del norte», se han convertido en una de las subregiones más violentas del mundo y en ellos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los niveles de violencia tienen características de «epidemia».
Por otra parte, el informe agrega que Nicaragua ha registrado una menor incidencia de homicidios, pero el hecho de que es un punto de tránsito para las drogas dirigidas a Estados Unidos plantea una amenaza para su democracia.
Según WOLA, los gobiernos de esos países han tratado de neutralizar esa violencia mediante estrategias de corto plazo con una mayor participación en tareas de seguridad pública con resultados «poco satisfactorios».
«No sólo no han logrado neutralizar la violencia generalizada sino que también han tenido un efecto devastador en la profesionalización de las fuerzas policiales, dejando de lado la responsabilidad policial y el respeto por los derechos humanos», lamenta.
WOLA indica que, al mismo tiempo, tampoco han logrado mejorar la confianza de la población en la capacidad de sus gobiernos para garantizar la seguridad.
Al no confiar en la policía, los ciudadanos han buscado otras opciones para protegerse, desde la contratación de empresas privadas de seguridad hasta tomar la justicia por sus propias manos, señala.
No obstante, el informe manifiesta que la reforma de los servicios policiales iniciada tras los acuerdos de paz concertados después de los conflictos de la década de 1980 ha conseguido avances importantes.
Para finales de los años 1990, en algunos países se crearon nuevas fuerzas policiales independientes de los militares y se promulgaron leyes que definen y regulan sus actividades.
Pero el informe indica que esos avances no se han consolidado y la mayoría de las fuerzas policiales, con la excepción de Nicaragua, está mal equipada y tiene poco personal.
WOLA afirma que las revelaciones de corrupción, abusos de los derechos humanos, denuncias de ejecuciones extrajudiciales y, en algunos casos, infiltración del crimen organizado han manchado la imagen de la institución policial en la región.
El informe concluye que los desafíos que afronta la seguridad ciudadana en América Central plantean una grave amenaza al buen gobierno y al imperio de la ley.
El centro de estudios sugiere que para resolver el problema se debe adoptar una «nueva visión» que dé prioridad a los esfuerzos por fortalecer y profesionalizar las instituciones policiales.
Añade que, si los gobiernos aplican reformas de lago plazo que sean modernas y transparentes, las fuerzas de policía profesional pueden ser cruciales en el control de la violencia en la región.
Esas reformas llevarían a la creación de un ambiente en el que el imperio de la ley y las instituciones de gobierno puedan enfrentar de manera conjunta al crimen violento, a las organizaciones delictivas y a los narcotraficantes.
