Bogotá – La tensa relación de Colombia y Nicaragua por los límites marítimos en el Caribe aumentó hoy con la decisión de Bogotá de llamar a consultas a su embajadora en Managua en respuesta a la nueva demanda presentada por ese país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Nicaragua presentó ante esa corte con sede en La Haya una nueva querella contra Colombia, la segunda en poco más de dos meses, para presionar al país a que aplique la sentencia del 19 de noviembre de 2012 que redefinió los límites marítimos entre las dos naciones.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, lamentó que Nicaragua recurra siempre a la CIJ para intentar resolver las diferencias sin intentar antes una solución directa con las autoridades colombianas, que no han recibido de parte de Nicaragua «una sola nota de protesta, ni una sola llamada».
«Nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda porque uno llega a estas instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia porque no ha podido dirimir entre las partes las controversias», expresó.
La sentencia de la CIJ de hace un año confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, dos de ellos enclavados, y le concedió a Nicaragua una porción de mar al este del paralelo 82 que según Colombia es de 75.000 kilómetros cuadrados y según Nicaragua de 90.000.
Colombia considera «inaplicable» ese fallo hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos en la zona y porque, según la Constitución, los límites del país no pueden ser modificados por una sentencia internacional sino por acuerdos aprobados por el Congreso.
Nicaragua, que recurrió a la CIJ por primera vez por el litigio con Colombia en 2001, presentó el pasado 16 de septiembre otra demanda en la cual pidió a ese tribunal que declare el «rumbo exacto» de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas y la plataforma continental de Colombia.
La nueva demanda contra Colombia por el supuesto incumplimiento de la sentencia de 2012 y por amenazar con el uso de la fuerza en la zona, fue calificada por Holguín como «algo bastante incomprensible» y por eso se tomó la decisión de llamar a la embajadora.
«Todas estas razones y esta hostilidad de Nicaragua nos lleva a tomar una decisión y es que hemos llamado a consultas a la señora embajadora Luz Estela Jara», dijo hoy la ministra.
La canciller explicó que se espera que Jara llegue a Bogotá mañana «para que nos informe de la situación por la cual es imposible tener un diálogo con Nicaragua».
Según Holguín, Nicaragua no tenía necesidad de acudir una vez más a la CIJ «porque hubiéramos podido tener algún tipo de diálogo» con relación a las quejas planteadas ante la Corte.
La nueva demanda coincide con el primer aniversario de la denuncia por parte de Colombia del Pacto de Bogotá, instrumento que reconoce la jurisdicción de la CIJ en los países americanos, que fue presentada el 27 de noviembre del año pasado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Como la salida del Pacto de Bogotá sólo entra en vigor 365 días después de denunciado este instrumento, la nueva demanda de Managua fue presentada en el límite del plazo previsto para mantener la presión sobre Colombia para que aplique la sentencia de 2012.
«No hemos desconocido el fallo, no hemos desconocido a la Corte. Lo que hemos dicho es que no lo podemos aplicar», reiteró hoy la canciller.
La decisión de llamar a consultas a la embajadora ha sido aplaudida por congresistas colombianos, pero analistas internacionales consideran que esta medida, más allá del mensaje diplomático que encarna, no traerá ningún efecto práctico.
«El Gobierno tiene que decidirse de una vez por todas y dejar de titubear con Nicaragua. Colombia debería romper relaciones con Nicaragua», dijo a Efe el analista político Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá.
Según Torrijos, la actitud de Nicaragua tanto en lo militar con las maniobras que planea con otros países, como en lo político con las demandas ante la CIJ, «es una conducta hostil y ante esa hostilidad multidimensional la única respuesta de un país seguro de sí mismo no puede ser otra que la ruptura de relaciones».
Una ruptura, agregó, no implicaría mayores traumas para el país y, por el contrario, «Colombia dejaría absolutamente claro que no está dispuesta a tolerar la actitud hostil y expansionista de Nicaragua» y podría llevar el caso a otras instancias internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, lamentó que Nicaragua recurra siempre a la CIJ para intentar resolver las diferencias sin intentar antes una solución directa con las autoridades colombianas, que no han recibido de parte de Nicaragua «una sola nota de protesta, ni una sola llamada».
«Nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda porque uno llega a estas instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia porque no ha podido dirimir entre las partes las controversias», expresó.
La sentencia de la CIJ de hace un año confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, dos de ellos enclavados, y le concedió a Nicaragua una porción de mar al este del paralelo 82 que según Colombia es de 75.000 kilómetros cuadrados y según Nicaragua de 90.000.
Colombia considera «inaplicable» ese fallo hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos en la zona y porque, según la Constitución, los límites del país no pueden ser modificados por una sentencia internacional sino por acuerdos aprobados por el Congreso.
Nicaragua, que recurrió a la CIJ por primera vez por el litigio con Colombia en 2001, presentó el pasado 16 de septiembre otra demanda en la cual pidió a ese tribunal que declare el «rumbo exacto» de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas y la plataforma continental de Colombia.
La nueva demanda contra Colombia por el supuesto incumplimiento de la sentencia de 2012 y por amenazar con el uso de la fuerza en la zona, fue calificada por Holguín como «algo bastante incomprensible» y por eso se tomó la decisión de llamar a la embajadora.
«Todas estas razones y esta hostilidad de Nicaragua nos lleva a tomar una decisión y es que hemos llamado a consultas a la señora embajadora Luz Estela Jara», dijo hoy la ministra.
La canciller explicó que se espera que Jara llegue a Bogotá mañana «para que nos informe de la situación por la cual es imposible tener un diálogo con Nicaragua».
Según Holguín, Nicaragua no tenía necesidad de acudir una vez más a la CIJ «porque hubiéramos podido tener algún tipo de diálogo» con relación a las quejas planteadas ante la Corte.
La nueva demanda coincide con el primer aniversario de la denuncia por parte de Colombia del Pacto de Bogotá, instrumento que reconoce la jurisdicción de la CIJ en los países americanos, que fue presentada el 27 de noviembre del año pasado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Como la salida del Pacto de Bogotá sólo entra en vigor 365 días después de denunciado este instrumento, la nueva demanda de Managua fue presentada en el límite del plazo previsto para mantener la presión sobre Colombia para que aplique la sentencia de 2012.
«No hemos desconocido el fallo, no hemos desconocido a la Corte. Lo que hemos dicho es que no lo podemos aplicar», reiteró hoy la canciller.
La decisión de llamar a consultas a la embajadora ha sido aplaudida por congresistas colombianos, pero analistas internacionales consideran que esta medida, más allá del mensaje diplomático que encarna, no traerá ningún efecto práctico.
«El Gobierno tiene que decidirse de una vez por todas y dejar de titubear con Nicaragua. Colombia debería romper relaciones con Nicaragua», dijo a Efe el analista político Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá.
Según Torrijos, la actitud de Nicaragua tanto en lo militar con las maniobras que planea con otros países, como en lo político con las demandas ante la CIJ, «es una conducta hostil y ante esa hostilidad multidimensional la única respuesta de un país seguro de sí mismo no puede ser otra que la ruptura de relaciones».
Una ruptura, agregó, no implicaría mayores traumas para el país y, por el contrario, «Colombia dejaría absolutamente claro que no está dispuesta a tolerar la actitud hostil y expansionista de Nicaragua» y podría llevar el caso a otras instancias internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU.
