Miami – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este viernes al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) de Honduras a desistir de una demanda criminal por injurias contra periodistas del diario El Heraldo y exhortó a la institución estatal a evitar la vulneración de la libertad de expresión.
La querella fue iniciada en aparente represalia por la publicación de una serie de reportajes sobre contratos relacionados con un proyecto de instalación de 5.000 cámaras de seguridad.
El 21 de enero, el SNE-911 anunció la querella «por publicidad constitutiva de injurias» contra los periodistas de El Heraldo Plus a cargo de las investigaciones.
La demanda fue anunciada por la presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, Miroslava Cerpas, e incluye también a quienes aprobaron la publicación, según explicó el medio.
La funcionaria requirió al director de El Heraldo información de un periodista y del ejecutivo que autorizó las publicaciones, además de copias certificadas de notas divulgadas entre el 14 y el 18 de enero.
«Se trata de un intento de silenciar las investigaciones incómodas», se lamentó en un comunicado el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz.
Consideró que «la medida es un acto de intimidación que busca limitar la actividad periodística investigativa sobre el desempeño de una institución estatal».
El SNE-911 argumentó que El Heraldo «difundió varias notas de prensa en las que, de forma dolosa, informa sobre supuestos actos de corrupción en las adquisiciones del proyecto Seguridad al 100», para instalar 5.000 cámaras, lo que provocó daños a las empresas proveedoras, según informó el organismo.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que la medida contradice la Declaración de Chapultepec. Según este documento de la SIP «ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público».
«Casos como este pueden fomentar la autocensura, afectar la labor periodística y el derecho del público a acceder a información de interés general», indicó Jornet.
Los organismos internacionales, además de la jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos, consideran que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de prensa, explicó el organismo, con sede en Miami.
La SIP ha influido en numerosos países para que las demandas contra medios y periodistas planteadas por figuras o entidades públicas no sean dirimidas en el ámbito penal sino en el civil, y que en estos casos exista una proporcionalidad en la demanda y en la eventual reparación establecida por los jueces. JS
