La SIP apuntó a la delincuencia organizada como principal causa de esta situación, que empujó recientemente a un diario mexicano a limitar su cobertura sobre el crimen organizado para evitar posibles represalias.
«Solo se publicará la información oficial emitida por las autoridades respectivas mediante comunicados oficiales», informó en un editorial del 31 de enero el rotativo Norte de Ciudad Juárez.
La respuesta del periódico se produce tras las amenazas vertidas por presuntos narcotraficantes contra Carlos Huerta Muñoz, reportero de la sección de notas policiales.
El diario del estado de Chihuahua basó su decisión en la falta de seguridad de parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Otros medios de esa ciudad, como el Diario de Juárez y Canal 44′ también fueron víctimas de amenazas.
El presidente de la SIP, Earl Maucker, lamentó que «una nueva voz se apague en México en contra del crimen organizado, ya que esto perjudica directamente el derecho del público a la información».
«Es comprensible la actitud del diario, por lo que es necesario una debida reacción por parte de las autoridades para que se garantice el estado de derecho y la libertad de prensa en el país», dijo Maucker, vicepresidente primero y director del diario Sun-Sentinel de Florida.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, recordó que los periódicos Norte, Diario de Juárez, así como Cambio, del estado de Sonora, que el año pasado decidió cerrar sus operaciones para evitar la violencia contra su personal, fueron parte de una convocatoria de editores de frontera organizada por la SIP en Hermosillo en agosto de 2005.
Ante el deterioro de la situación para los medios, la Declaración de Hermosillo exigía a las autoridades estatales y federales medidas concretas para esclarecer los crímenes, tales como elevar los mismos a rango federal y establecer la no prescripción de los mismos.
Marroquín, director del diario guatemalteco ‘Prensa Libre’, consideró «decepcionante observar que nada se ha hecho ante ese reclamo».
«Ni siquiera se esclareció la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial de Hermosillo, que fue lo que nos convocó a trabajar unidos con los editores, ni tantos otros crímenes contra medios y periodistas del área norte y más castigada de ese país», añadió.
La SIP ahondará sobre la situación de la prensa en México durante su próxima asamblea, a realizarse del 28 al 30 de marzo en Caracas (Venezuela).
Los directivos de la SIP mostraron su preocupación por otros hechos de violencia ocurridos en enero en México.
El periodista Octavio Soto Torres, del diario Voces de Veracruz, fue tiroteado el pasado 23 de enero por pistoleros enmascarados, y Edi Darinel López Zacarías, reportero de varios periódicos locales de Chiapas, fue golpeado y amenazado un día antes por sujetos vinculados al Partido Revolucionario Institucional.
Asimismo, el reportero Luis Ignacio Velásquez y el fotógrafo Mario Jiménez Leyva, de Noticias de Oaxaca, fueron amenazados el 16 de enero por un grupo estudiantil, mientras el reportero Efraín Núñez y el fotógrafo Ulises Ruiz Basurto, del diario Cambio de Puebla, fueron agredidos el día 9 por sujetos vinculados al gobierno estatal.
En el 2007 fueron asesinados en México: Gerardo Israel García Pimentel, en Uruapan (Michoacán); Saúl Martínez Ortega, en Agua Prieta, (Sonora), y Amado Ramírez, en Acapulco (Guerrero).
También murieron ultimados Mateo Cortés Martínez, Agustín López y Flor Vásquez López, distribuidores de El Imparcial del Istmo de Salina Cruz (Oaxaca).
Además, fueron secuestrados Juan Pablo Solís, en Zitácuaro (Michoacán); Gamaliel López y Gerardo Paredes, en Monterrey (Nuevo León), y Rodolfo Rincón Taracena, en Villahermosa (Tabasco).
