El reciente informe de la Sección 353, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pone sobre la mesa una cuestión central para las democracias de Centroamérica: la reputación. En un mundo interconectado, la percepción que otros tienen sobre nuestras instituciones no es un accesorio, sino un componente esencial de su legitimidad. Más aún, cuando se trata de los pilares fundamentales que sostienen la justicia y la gobernabilidad, la reputación debe ser resguardada con celo, ya que no solo refleja lo que hacemos, sino también lo que otros dicen sobre nosotros.
Este informe no es un ataque, como algunos lo han interpretado, sino un recordatorio incómodo de que las democracias están constantemente bajo escrutinio. Sería un error desviar la atención hacia quienes emiten estas observaciones en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad. Después de todo, «la reputación es la suma de lo que nosotros hacemos y lo que otros dicen de nosotros mismos». Si las acciones de gobernantes y actores políticos ofrecen terreno fértil para la crítica, el problema no reside en el observador externo, sino en las prácticas internas.
El informe destaca una realidad innegable: actos de corrupción, obstrucción de la justicia y manipulación de procesos democráticos minan la confianza ciudadana y deterioran la legitimidad de las instituciones. Al identificar nombres y actos, los Estados Unidos no están simplemente señalando culpables; están emitiendo una advertencia. Estas advertencias, lejos de ser vistas como intrusiones, deben asumirse como oportunidades para mejorar. El fortalecimiento de la democracia implica aceptar críticas constructivas y tomar medidas correctivas.
En Centroamérica, el desafío no solo radica en la transparencia, sino en la capacidad de los gobernantes para liderar con ética y visión. Las instituciones democráticas no pueden ser vistas como cotos privados, ni su propósito puede ser desviado por intereses particulares. La gobernabilidad legítima requiere justicia, y la justicia solo florece en un entorno donde el poder no se abuse ni se concentre.
La reputación de las democracias está profundamente ligada a la percepción que sus ciudadanos tienen de ellas, pero también a cómo son vistas en el escenario internacional. Un país cuya gobernabilidad es cuestionada pierde no solo confianza interna, sino también credibilidad externa. En ese contexto, informes como el de la Sección 353 funcionan como un espejo en el que es necesario mirarse, aunque el reflejo sea incómodo. La credibilidad de una democracia se construye a través de acciones que refuercen la justicia, la transparencia y el respeto por los derechos humanos. Este es un desafío colectivo que no puede ser asumido únicamente por los gobiernos. Ciudadanos, sociedad civil y medios de comunicación tienen un rol crucial en la vigilancia y el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, corresponde a los líderes políticos la responsabilidad primordial de actuar con integridad, evitando que los intereses particulares empañen la legitimidad del sistema.
Aceptar que otros señalen nuestras debilidades no debería ser motivo de incomodidad, sino un llamado a la acción. En lugar de rechazar observaciones externas, debemos analizarlas en su mérito y aplicarlas para consolidar nuestras democracias. El informe de la Sección 353 no solo señala fallas; también es una invitación a demostrar que la reputación de nuestras democracias puede ser restaurada a través de actos concretos y genuinos. El verdadero fortalecimiento democrático radica en no perder de vista que cada decisión que se toma desde el poder tiene implicaciones en la percepción nacional e internacional. La reputación es un bien que no puede ser negociado ni trivializado. Es la suma de lo que hacemos como sociedad y lo que permitimos que otros digan de nosotros. ¿Estamos dispuestos a cambiar las narrativas negativas con acciones contundentes y responsables? Si la respuesta es sí, estamos en el camino correcto. Si no, el futuro de nuestras democracias continuará en peligro.
