El Gobierno ecuatoriano otorgó ayer asilo al activista australiano, refugiado en su embajada en el céntrico y exclusivo barrio de Knightsbridge desde el pasado 19 de junio, y reclamó el apoyo de los otros países latinoamericanos para que pueda abandonar el Reino Unido, que le niega un salvoconducto alegando que tiene obligación legal de extraditarlo a Suecia.
Los alrededor de doscientos partidarios de Assange que se agolparon ayer ante la sede diplomática han desaparecido dejando un rastro de pancartas de apoyo al fundador de WikiLeaks y al soldado estadounidense Bradley Manning, acusado de haber filtrado cables diplomáticos al portal.
A lemas como «Los héroes deben ser recompensados, no perseguidos» o «El valor es contagioso», se han sumado otros nuevos en defensa de la decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y la «soberanía» latinoamericana.
Una decena de agentes de la policía metropolitana y dos furgones permanecen en la acera en la que se encuentra la embajada, donde no pueden manifestarse los partidarios de Assange.
Algunos curiosos aprovechaban para tomarse fotos bajo el escudo y la bandera de Ecuador ante la mirada de unas quince cámaras de televisión, mientras Assange continúa en el interior de la embajada, donde le visitan con frecuencia su ayudante Sarah Harrison y Joseph Farrell, portavoz de WikiLeaks.
El caso Assange comenzó en diciembre de 2010, cuando fue detenido en Londres por orden de la fiscalía sueca por presuntas agresiones sexuales, y desde entonces tres tribunales británicos, el último de ellos el Supremo el 14 de junio pasado, dictaminaron a favor de su entrega al país escandinavo.
Su defensa ha tratado por todos los medios de evitar la entrega a Suecia alegando que desde allí podría ser extraditado a EEUU, el país más afectado por las filtraciones de WikiLeaks y donde corre el riesgo de ser condenado a pena de muerte.
