Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llama su preocupación por el creciente clima de polarización y de escala de la violencia generalizada en Honduras, hechos que vuelven complejos los escenarios políticos en el país por el debilitamiento institucional y los conflictos sociales, políticos y económicos que enfrenta.
Los niveles de polarización política y el clima de inseguridad y violencia, lejos de bajar, parecen incrementarse, y en medio de estos escenarios se encuentra el ejercicio de la libertad de expresión, opinión y derecho a la información, destaca en el informe de la CIDH que insta al gobierno, a asegurar que los funcionarios públicos contribuyan a través de su discurso, a crear un ambiente favorable para la libertad de expresión. Ello implica, señala el informe: “que (i) reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística; (ii) constante razonablemente los hechos en los que fundan sus opiniones”.
El informe de la CIDH recoge los planteamientos de la Relatoría para la Libertad de Expresión al indicar que ha recibido denuncias de amenazas e intimidaciones de discursos de odio y estigmatización promovidos por funcionarios del gobierno, incluidos personajes con alta investidura de poder, en tanto crecen las denuncias sobre la secretividad de información de interés público en que ha caído la actual administración restringiendo el derecho de acceso a la información.
La reducción de espacios cívicos, las amenazas a la libertad de expresión, los abusos en el estado de excepción, las muertes violentas de mujeres y las denuncias de violación a los derechos humanos, son algunas de las preocupaciones recogidas no solo en el informe de la CIDH, sino que también en otros informes, entre ellos el del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Entre muchas de sus advertencias, los distintos informes difundidos en el país recogen un hilo común: el creciente ambiente de polarización política y estigmatización en el país, que no abona al fortalecimiento institucional ni a la construcción de acuerdos mínimos para poder solventar los ingentes problemas económicos, sociales y políticos del país.
Del lado de la economía, el país sigue enfrentando problemas de desempleo, enormes filas de jóvenes ilustran las portadas de los medios en búsqueda de trabajo en las maquilas u otros sectores donde advierten que puede haber una oportunidad, mientras se anuncia el reinicio de las caravanas migratorias rumbo a los Estados Unidos. La migración sigue dándose, ya sea en pequeños grupos de migrantes, o en la llamada “migración hormiga”, individual o en parejas, más discreta, pero frecuente.
Se siguen yendo y aportando
Se estima que un promedio diario de 500 hondureños salen del país y de acuerdo con el último boletín económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), las remesas siguen siendo el principal ingreso del país dentro de los productos no tradicionales de exportación. Al mes de abril, el país registraba un ingreso de remesas por el orden de 2,462.6 millones de dólares. Los migrantes siguen sosteniendo el país. La migración es el tema en común que hablan las familias en Honduras al no tener expectativas, señalan estudios académicos y encuestas de opinión.
El sector privado ha venido planteando al gobierno la necesidad de acuerdos mínimos para poder generar incertidumbre para la inversión y la generación de empleo, pero las respuestas no han sido tan sólidas como se esperaba, el diálogo y las mesas de trabajo anunciadas por el gobierno se alargan, nada se concreta.
La situación de la economía se mueve lentamente, en medio de una crisis de energía que conlleva racionamientos disfrazados y altas demandas de electricidad por los fenómenos climatológicos y una lenta planificación estratégica que hoy tiene a la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica reaccionando a las crisis mientras busca que la cámara legislativa le apruebe la renegociación de 18 adendas a contratos de energía, entre ellos uno de los más cuestionados como es de la empresa Brassavola por la opacidad del mismo. Los expertos prevén que los problemas de energía seguirán y se requiere de una licitación internacional para garantizar un manejo razonable de aquí a cinco años.
Pero la economía no solo se ha visto golpeada por el desempleo y los apagones de la ENEE, el tema de las invasiones sigue siendo un dolor de cabeza, la comisión agraria creada hace dos años por el gobierno no ha podido resolver nada, y ahora anuncia que revisarán con el Instituto de la Propiedad los tractos sucesivos en las propiedades del Bajo Aguán, una de las zonas de mayor conflictividad por el tema de las tierras. El anuncio lo hizo el subdirector del Instituto Nacional Agrario, INA, Rafael Alegría.
A esta conflictividad se suma el problema de los territorios donde persisten las demandas por los problemas ambientales y la industria extractivista, la persecución de los líderes indígenas y garífunas, últimos que han logrado que el gobierno, después de dos años, instalara una mesa para dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias en contra del Estado de Honduras que ha emitido la Corte Interamericana de Justicia (Corte-IDH).
Las sentencias de la Corte-IDH en síntesis demandas del Estado de Honduras, adoptar un marco legislativo concreto para la delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de tierras y territorios colectivos de pueblos indígenas y afro-hondureños; que contenga medidas de protección frente a las acciones de terceros que puedan impactar sus tierras, territorios y recursos naturales.
Asimismo, respetar los protocolos autónomos y comunitarios de consulta a los pueblos indígenas y afrodescendientes con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado sobre medidas legislativas y administrativas, proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles. Estas recomendaciones las recoge también la CIDH en su informe, al plantear dentro de los escenarios de conflictividad social el tema de los territorios.
Lucha anticorrupción tiene en jaque al gobierno
La lucha contra la corrupción también altera los escenarios de polarización y conflictividad, al salir a la luz pública nuevas acciones de nepotismo en el área de la Secretaría de Salud, la falta de medicamento, denuncias de plazas fantasmas en el Instituto del Seguro Social, además de las presuntas ventas de plazas y licencias en la Secretaría de Educación por el orden de los 50 mil y 200 mil lempiras, respectivamente, según dirigentes magisteriales.
Se suma a ello la opacidad con que se adquirió una flota de vehículos blindados, de alta tecnología y seguridad conocida como Black Mamba, una de las cuales se incendió y achicharró en cuestión de minutos. El lote adquirido es de al menos 15 unidades, han llegado seis que han sido distribuidas a diversas partes del país y se estima tienen un costo individual de 13 millones de lempiras.
Los detalles de cómo se adquirió esta flota se desconoce pues compra directa, sin licitación, y aprobada a rajatabla en el hemiciclo legislativo. La secretaría de seguridad decidió clasificar como “secreto” todo lo relacionado con las Black Mamba y no acudió al Instituto de Acceso a la Información Pública para que autorizara su secretividad. Los activistas anticorrupción han cuestionado esta opacidad y advierten sobre un posible acto de corrupción por una compra que al parecer carece de los controles de calidad requerido.
El gobierno ha dicho que las Black Mamba están aseguradas y que el vehículo incendiado será repuesto, pero se ha llamado al silencio. En tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la cancelación de un contrato al cuñado de la ministra de Salud, Carla Paredes, por nepotismo, por no reunir los requisitos de contratación y desconocer el parentesco familiar.
La lucha anticorrupción sigue agitando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro porque se desconocen los avances para la instalación de la CICIH, los poderes Legislativo y Ejecutivo se tiran la bola en cuanto a sus responsabilidades para cumplir con los requisitos mínimos para la firma de un convenio, y la última acción anunciada es una especie de ultimátum que la Cancillería ha dado a las Naciones Unidas para sostener una reunión virtual o presencial para retomar las negociaciones. Al respecto, la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, recordó a la ciudadanía que hay que hacerse eco del slogan del gobierno “prohibido olvidar…que viene la CICIH”.
La inseguridad y la violencia
Otro factor de inestabilidad es el tema de la inseguridad ante la creciente muerte violenta de mujeres, cerca de 100 asesinatos en lo que va del 2024, el retorno de las masacres y los homicidios, en un país que tiene un año de estar aplicando un estado de excepción con suspensión de garantías individuales para combatir el crimen y la inseguridad. El estado de excepción que restringe parcialmente garantías individuales ya registra al menos 7 desapariciones forzadas y varias ejecuciones extrajudiciales, advierte el informe de derechos humanos de la OACNUDH, en tanto el Conadeh señala que, al amparo de la noche o la madrugada, los efectivos policiales y militares aprovechan para cometer los mayores abusos y violaciones a los derechos humanos.
Hoy el estado de excepción abarca todos los departamentos del país y la policía asegura que tiene todo bajo control, pero en paralelo surgen denuncias que efectivos policiales han vuelto a sus andadas de sobornos, extorsión, secuestros, corrupción.
Bajo este contexto, los organismos internacionales humanitarios llaman al gobierno a respetar la integridad de los defensores de los derechos humanos, del ambiente y periodistas y comunicadores sociales por los riesgos que enfrentan en ambientes de violencia generalizada y polarización.
Una polarización que acrecienta a medida que se acerca el pitazo de una campaña electoral política que comenzó desde inicios de año, pero que será en septiembre cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a elecciones internas y primarias de marzo de 2025, de cara a las generales de noviembre de ese mismo año.
Los ánimos políticos se han caldeado en la campaña política abierta que vive Honduras, en especial en el oficialismo que representa Libertad y Refundación, con tres corrientes internas, dos aupadas por la coordinación del partido, y una que es disidente y sobre la cual han arreciado los ataques en las redes sociales. De fondo, se encuentra el tema del financiamiento de las campañas políticas y la procedencia de sus recursos.
La Unidad de Política, que estrena nuevas autoridades, comenzó con mal pie: negó que la corriente disidente de Libre que lidera el diputado Jorge Cálix, otrora hombre de total lealtad de la familia presidencial, aduciendo que será hasta en septiembre que se convoque a elecciones que puede hacerlo y luego de la venia de la coordinación del partido; pero autorizó que abrieran cuentas cinco corrientes internas del principal partido de oposición, el Nacional, entre ellas la de Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, a la espera en Nueva York de una sentencia por narcotráfico.
Las acusaciones políticas a lo interno de Libre, el partido en el poder, y fuera de esta esfera suben de tono entre la clase política, que pese al deterioro institucional y al descrédito con el elector que le dan las encuestas, hace caso omiso a aprobar reformas electorales que den mayor legitimidad al sistema de partidos políticos como la segunda vuelta o balotaje, la ciudadanización de las mesas electorales, reformas para transparentar el origen del dinero de las campañas políticas, entre otros mecanismos.
En tal sentido, los factores arriba citados hacen que los escenarios políticos del país sean complejos e inciertos, en donde confluyen diversos actores y hechos pasados y presentes, ahondando el deterioro institucional y democrático, ante el divorcio de las élites políticas de los ciudadanos. Es una de las más grandes conclusiones que dejan al país los más recientes informes en materia de derechos humanos y libertad de expresión. (PD)
