En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 93% son mujeres.
Esto supone un promedio de entre el 10,5% y el 14,3% del empleo de las mujeres en la región. Durante la crisis global desatada por la pandemia del COVID-19, las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico están ocupando un lugar crucial dentro de la respuesta por el papel que juegan en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y dependientes, y el mantenimiento de los hogares, incluyendo la prevención del contagio del virus. Ahora más que nunca es tiempo de relevar este empleo crucial para el bienestar de todas las personas de la sociedad al nivel debido y asegurar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
Sin embargo, y a pesar de su enorme contribución, las trabajadoras del hogar es uno de los principales colectivos más afectados por la crisis. Esto se debe, entre otras razones a la situación de precariedad en el empleo que presenta este sector. Tradicionalmente, el trabajo doméstico ha sido objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, incluyendo extensas jornadas, bajos salarios, trabajo forzoso y una escasa o nula protección social. Esta situación es, en gran medida, el reflejo de la escasa valoración social y económica que las sociedades suelen otorgar a esta actividad, lo que en muchas situaciones se refleja en la ausencia de legislaciones adecuadas o en la falta de una aplicación efectiva de las mismas.
16 países de América Latina y el Caribe han ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, lo que supone el 55% del total de las ratificaciones en el mundo. Sin embargo, apenas en 8 países de la región el salario mínimo del trabajo doméstico está equiparado al salario mínimo nacional. Como consecuencia, los ingresos del trabajo doméstico remunerado son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas, según señala un estudio de la OIT. Tan sólo en 8 países la normativa vigente equipara su jornada máxima de trabajo a las del resto de personas asalariadas.
Aun cuando la mayoría de los países establecen como obligatoria la afiliación a la seguridad social, la cobertura es –con pocas excepciones- más bien baja y en países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú no llega al 10%. En varios países existen restricciones respecto a quienes se pueden afiliar, dejando fuera a quienes desarrollan jornadas parciales para varios empleadores, o establecen sistemas administrativos relativamente engorrosos que desincentivan el cumplimiento.
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto y exacerbado estas injusticias previas. Según estimaciones de la OIT, 70,4% de las trabajadoras remuneradas del hogar están siendo afectadas por las medidas impuestas por los gobiernos a causa de la cuarentena, que se traducen en disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas de trabajo o pérdida de salarios. Por ello, se requiere de una combinación de medidas que refuercen el cumplimiento y garanticen sus derechos laborales.
En lo inmediato es fundamental impulsar medidas para garantizar la retención de empleos en el trabajo del hogar remunerado y activar o ampliar las prestaciones por desempleo y los subsidios sociales de emergencia incondicionados para beneficiar a aquellas trabajadoras remuneradas del hogar que hayan perdido parte de sus ingresos. Es también imprescindible elaborar protocolos de salud y seguridad que atiendan las especificidades del sector, así como garantizar la cobertura en salud para todas las trabajadoras, incluidas las trabajadoras migrantes y las que trabajan en la informalidad. Se necesita igualmente fomentar la formalización facilitando los trámites para el registro en la seguridad social y medidas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la ley. La formalización implica el acceso efectivo a la protección social para un gran contingente de mujeres y es un derecho fundamental. Además, mitigará los efectos de la crisis y disminuirá su situación de vulnerabilidad.
En el marco del día internacional de trabajadoras remuneradas del hogar, conmemorado el 16 de junio, debemos recordar la importancia de que los Estados Miembros se comprometan a adoptar las medidas conformes a su compromiso al ratificar el Convenio 189 de la OIT con el fin de eliminar la discriminación y equiparar los derechos de este colectivo.
En un contexto de restricciones económicas como el que vivimos, y en el que los Estados buscan estrategias de recuperación socioeconómica, el trabajo del hogar remunerado debe estar entre los sectores económicos a apoyar dentro de los paquetes de estímulos y reactivación. Desde Naciones Unidas proponemos que después de esta crisis tendremos que reconstruir mejor (Build Back Better). Con esto nos referimos a estrategias de desarrollo sostenible que no dejen a nadie atrás. Asegurar hoy los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar permitirá reducir esas discriminaciones múltiples que enfrentan por ser mujeres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, y sin acceso a educación o formación profesional en muchos casos y así reconstruir mejor tras la crisis. Es una asignatura pendiente con quienes nos cuidan.
