Naciones Unidas – El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes el «uso excesivo de la fuerza» en el desalojo de la acampada opositora en Sudán y exigió una investigación independiente sobre las decenas de víctimas.
Al menos 30 personas fallecieron y un centenar resultaron heridas en una violenta operación del Ejército de Sudán contra los manifestantes, que desde hace dos meses desafiaban el poder de los militares frente a su cuartel general.
«El secretario general condena con dureza la violencia y las informaciones de un uso excesivo de la fuerza por parte de personal de seguridad contra civiles, que han resultado en muerte y heridas para muchos», señaló su portavoz, Stéphane Dujarric.
Guterres «condena el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes» y está «alarmado» por informaciones que apuntan a que las fuerzas de seguridad abrieron fuego dentro de instalaciones médicas, añadió el portavoz.
El jefe de la ONU reclamó acceso sin restricciones al lugar de la acampada y a los hospitales donde se está tratando a los heridos con el fin de suministrar asistencia básica.
Además, urgió a las autoridades a facilitar una investigación independiente y a asegurar que los responsables de las muertes rinden cuentas.
Guterres recordó a los militares que tienen «la responsabilidad de la seguridad» de los sudaneses y exigió a todas las partes «máxima moderación».
Ello incluye, según subrayó, proteger derechos básicos como la libertad de asamblea y de expresión.
El secretario general de Naciones Unidas volvió a pedir además a todas las partes que continúen las negociaciones para transferir el poder a una autoridad de transición con liderazgo civil.
La acampada estaba instalada frente al cuartel general del Ejército desde el 6 de abril, cinco días antes del derrocamiento del presidente Omar al Bashir, y se mantenía para presionar a los militares a que entreguen el poder a los civiles.
Las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, plataforma que aglutina a la oposición, reaccionó al desalojo violento con la suspensión de las conversaciones con la junta militar, que argumentó que la intervención fue una acción dirigida contra «delincuentes» que se habían infiltrado en la acampada.
