Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Una cosa lleva a la otra y Honduras parece distanciarse de dos sueños anhelados en materia de lucha contra la corrupción: acceder a los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio e instalar una misión de lucha contra la corrupción y la impunidad, que no se han dado en el tiempo deseado y esperado, pese a ser de los principales problemas del país.
El retorno de la Cuenta del Milenio, de la cual el país ha estado excluido por casi 17 años, permitiría a Honduras acceder a recursos por el orden de 200 millones de dólares en carácter de donación, pero al no cumplir algunos indicadores, entre ellos el control de la corrupción, el país quedó fuera de un nuevo compacto, luego de evaluar el primer año de gestión de la presidenta Xiomara Castro.
El último y único compacto que ha gozado Honduras de la Cuenta del Milenio, durante la administración de Ricardo Maduro (2002-2006), fueron recursos que permitieron concluir la carretera CA-5 que conduce al norte del país y otros proyectos en materia de producción agrícola. El golpe de estado en 2009 en contra del expresidente Manuel Zelaya llevó a la suspensión de los fondos, y en el 2013, en el gobierno del expresidente Lobo Sosa se accede a un Programa Umbral, siempre de los mismos fondos de la Cuenta del Milenio, por casi 20 millones de dólares. Pero el retorno a la Cuenta del Milenio se volvió cada vez más difícil.
La corrupción en Honduras como un fenómeno estructural, transversal, sistémico y endémico se fue profundizando, ubicándose hoy por hoy, entre los cuatro principales problemas que identifica la gente en el país. Los efectos e impactos de la corrupción son incuantificables y repercuten en aspectos claves como la salud, educación, inversión social y hasta la migración, advierten expertos.
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Con la asunción del gobierno de la presidenta Castro, las expectativas para retornar a los beneficios de la Cuenta del Milenio fueron altas, los mismos funcionarios del gabinete de gobierno aseguraron que Honduras entraría a un nuevo compacto a partir de este año, pero ocurrió todo lo contrario. Honduras volvió a salir aplazada por no cumplir ocho de los 20 indicadores con que se mide a los países que serían beneficiados. Uno de los indicadores incumplidos fue el control de la corrupción, a lo que se suma lo relacionado con el debilitamiento del estado de Derecho.
El indicador de corrupción, según el analista y economista Roberto Lagos, se mide de forma multidimensional y abarca desde los tres poderes del Estado, los gobiernos locales e instituciones de seguridad como policías y militares, entre otros. En tanto, el también economista, Ismael Zepeda, es del criterio que la corrupción y la incertidumbre en materia de garantías jurídicas y debilitamiento del estado de Derecho, son factores que inciden y han incidido para que el país siga siendo excluido de este beneficio.
Roberto Lagos dice que la única vez en que el indicador de corrupción obtuvo un puntaje favorable fue cuando se instaló la MACCIH, pero esto cae cuando la Misión empieza a tocar redes de corrupción que llevan a la clase política a avalar su disolución.
Buscando culpables para justificar inacción
Con el gobierno de la presidenta Castro las esperanzas de un retorno a la Cuenta del Milenio fueron alentadas por su propio equipo de gobierno, que previo al anuncio de que el país sería excluido, hizo una fuerte avanzada de lobby en Washington para intentar revertir una tendencia que ya se evidenciaba por señales equívocas enviadas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, que afectan la independencia de poderes, debilitan la institucionalidad y socavan la democracia.
Y para justificar la exclusión, los funcionarios responsabilizaron a los indicadores con que fueron medidos, intentaron poner el grano de la politización y acusaron a las organizaciones que consulta la Cuenta del Milenio para las variables y cruces de mediciones, una metodología que usan desde que inició la Cuenta del Desafío del Milenio en el 2005.
La exclusión del país de la Cuenta del Milenio impacta en otro sueño y una de las principales promesas de campaña de la actual gobernante: la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como ya le bautiza la gente a la misión internacional de lucha contra la corrupción que ansía, cuya presencia se dilata en el tiempo, entre la burocracia y los discursos políticos.
Llegando al segundo año de gobierno de la presidenta Castro, la llegada de la CICIH—que de acuerdo ahora a Naciones Unidas podría tomar otro nombre —se encuentra atascada entre papeles, la llegada de misiones exploratorias que toman el pulso al país, borradores de convenio de uno y otro lado, y reformas pendientes en el Congreso Nacional que se mantiene paralizado desde hace meses, tomando acciones arbitrarias como la designación interina de un fiscal general y adjunto en el Ministerio Público que no necesariamente representa un paso a favor de la CICIH, de acuerdo a los analistas.
La imposición de dos fiscales interinos a la medida del partido en el poder, Libertad y Refundación ha concitado el interés de la comunidad internacional ante el procedimiento inadecuado, a tal grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los parlamentarios hondureños a elegir un fiscal con estándares internacionales de transparencia y respetando la Constitución que exige se elija con 86 votos.
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¿Será en el 2024?…
A esta petición se sumó la ex vocera de la MACCIH, Ana María Calderón Boy, al afirmar que esa forma de elección, lejos de fortalecer el Ministerio Público lo debilita, y pone cuesta arriba la lucha anticorrupción. El procedimiento no fue el correcto, esbozó la jurista que conoció el Ministerio Público desde adentro, trabajando con los fiscales los casos que presentarían junto a la extinta MACCIH.
La tapa al pomo la colocó este martes el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor De María, al decir que la instalación de la misión internacional contra la corrupción podría tardarle años a Honduras e indicó como ejemplo la línea de tiempo que le llevó a Guatemala, además de decir que es importante ser realistas en el tema.
De esta suerte, dos ofertas generadoras de expectativas y esperanzas se diluyen en el tiempo, los esfuerzos para retornar a la cuenta del milenio deben ser más contundentes para el 2024, mientras la llegada de la CICIH irá aparejada básicamente a la voluntad política y quiérase o no a la mejora de esos indicadores, a una estabilidad política en el país que genere certidumbre, donde el principal foco de polarización es el Congreso Nacional, cuya ingobernabilidad incidió entre las valoraciones para que Honduras quedará fuera de la cuenta del milenio, según las apreciaciones de los expertos.
Sí el gobierno de Castro logra suscribir un convenio con Naciones Unidas para una CICIH, independiente, autónoma y con capacidad de llevar y presentar casos con o sin el Ministerio Público, debiera ser ya, para que la misma entre en funciones a inicios de 2024 o a más tardar a mediados del año, cuando el país estará abocado a otro capítulo: el proceso preelectoral y electoral. (PD)
