Tegucigalpa, Honduras. ¡EN VIVO! INFORME ESPECIAL.
«Lo demostramos con cada una de nuestras acciones, nunca el derecho a la protesta y al desacuerdo ha podido ser ejercido de forma tan libre en nuestra historia, como en mi gobierno. Nosotros escuchamos, no hemos gastado recursos en bombas lacrimógenas, usamos el diálogo, no las balas».
Lo anterior es un extracto del discurso pronunciado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, transmitido por el oficialista Canal 8 en ocasión de la entrega de los premios periodísticos «Mártires de la Resistencia».
Contrario a lo manifestado por la mandataria, recientemente, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), publicó su décimo tercer Sondeo de Opinión Pública, que recoge que el 62.9 % de las personas encuestadas considera que en Honduras no se respeta la libertad de expresión; mientras que el 68.7 % del grupo consultado opina que la situación de derechos humanos sigue igual.
«Mi gobierno de la refundación nacional tiene como base de su política social el respeto irrestricto de los derechos de los seres humanos», agregó Castro en su discurso.
Acabamos de pasar por mayo, el mes en el que se celebra la libertad de expresión y también el Día del Periodista Hondureño, festividades que estuvieron acompañadas de controversia y opiniones encontradas en cuanto al ejercicio de este derecho.
En Honduras, el contexto de estas fechas tuvo un preámbulo bastante mediático, cuando trascendió que al columnista Juan Ramón Martínez le habían notificado su cese para publicar en diario La Tribuna, por la supuesta redacción de una columna en contra de la presidenta de Honduras.
A inicios de 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó que en Honduras persisten los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
La libertad de expresión e Internet es uno de los cuatro enfoques temáticos que mide la Relatoría. Ese ecosistema digital se caracteriza por crispaciones y polarizaciones cuando de opinar sobre el desempeño gubernamental se trata. Así ha sido en el pasado y continúa siéndolo en la actualidad.
Se mencionó, además, que hay un contexto de violencia estructural hacia periodistas, campañas de desprestigio y señalamientos estigmatizantes en contra de la prensa, por parte de líderes políticos y funcionarios.
Y esa no es una característica atribuible únicamente a Honduras. El 22 de mayo del año en curso, la RELE publicó un comunicado en el que manifestó su preocupación por riesgos sobre el derecho a la reserva de fuentes en Perú, en un clima de «hostigamiento, intimidación y estigmatización dirigidos hacia el medio de comunicación IDL-Reporteros y su director».
En ese aspecto, la CIDH recordó el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Perú, en donde la RELE instó al Estado a «promover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción». Esto incluye, entre otros, garantizar la seguridad de periodistas que investigan y denuncian presuntos hechos de corrupción y asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Los escenarios de gobiernos que abanderan la libertad de expresión, siempre y cuando se sientan cómodos con la prensa, es un reflejo de la intolerancia y sectarismo político que predomina en Latinoamérica.
Lo que no quiere decir que el poder deba ser aval de los medios de comunicación que se convierten en medios de manipulación para conseguir pauta o perseguir otros fines e intereses político-partidarios, pero la tolerancia debe estar siempre del lado de los que manejan el poder público, con el Estado al frente como único garante del respeto a los derechos humanos.
Pasquín inmundo
Cada vez hay menos temor de las personas al mando de los gobiernos por respetar la libertad de expresión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un claro ejemplo de ello, al poner en riesgo a periodistas cuando filtró información personal, como fotografías, identificaciones, correos electrónicos, entre otros datos de comunicadores que cubren sus conferencias matutinas.
Trascendió, especialmente, la reacción de AMLO ante una investigación periodística sobre sus posibles nexos con el narcotráfico, al revelar el número de celular de la corresponsal del diario estadounidense The New York Times y calificarlo como un «pasquín inmundo».
El financiamiento político es un tema de acceso a la información pública. Hay derechos que garantizan su inviolabilidad. Sin embargo, en muchos países de América Latina, las leyes están supeditadas al poder.
«Que cambie su teléfono», fue la respuesta del mandatario mexicano al revelar la información de la periodista, quien también le había consultado sobre el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2018 y pagos posteriores a su elección.
«No doy crédito: AMLO no solo acaba de justificar la filtración del teléfono de la reportera del NYT, sino que amenaza con volverlo a hacer con quien se meta con él: “Por encima de esa ley (datos personales) está la autoridad política”. ¡Increíble!», comentó en ese momento el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien fue uno de los participantes del I Conversatorio Internacional de Periodismo «Auditores del poder y aliados anticorrupción en Latinoamérica», organizado en México, en agosto de 2023, por el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA).
En esa oportunidad, Villaseñor expuso sobre los retos del periodista de investigación en un continente marcado por la corrupción e impunidad, desde su experiencia como denunciante activo bajo las plataformas sociales de los medios de comunicación.
Regresando a Honduras, tampoco hay que desconocer que el país ha estado pintado con color blanco golpe, a raíz de un nefasto acontecimiento que interrumpió el orden constitucional y que manchó de sangre a la nación, en medio de una lucha política e ideológica.
«Hoy reconocemos ese trabajo y compromiso de periodistas y comunicadores que se enfrentaron al poder fáctico para informarle al pueblo la ruptura del orden constitucional»,prosiguió la presidenta Xiomara en el discurso que resaltamos al inicio de esta columna.
Sin embargo, las libertades suspendidas en esa fatídica época no son excusa para seguir manejando el poder bajo las sombras de la represión; sino lo contrario, es una oportunidad para demostrar cómo la apertura al pluralismo de las ideas puede abrirnos espacios de desarrollo como país, para no seguir creyendo que la libertad de expresión es un cuento de cuna.
