Madrid.– El Tribunal Supremo (TS) español asumirá todas los sumarios abiertos en relación a la causa independentista en la región de Cataluña, según trascendió hoy, en una jornada en la que el Gobierno propuso un nuevo fiscal general del Estado tras el repentino fallecimiento de José Manuel Maza hace una semana.
El juez del Supremo Pablo Llarena decidió centralizar la investigación abierta por delitos como los de rebelión, sedición y malversación de fondos supuestamente cometidos por el cesado Gobierno catalán, varios líderes parlamentarios regionales y dirigentes de movimientos independentistas.
La iniciativa del juez Llarena tiene importancia por las diferentes medidas que él mismo adoptó a los investigados en su sumario respecto a la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional.
Llarena, que instruye la causa contra dirigentes del Parlamento regional catalán, decidió el pasado 9 de noviembre dejar en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a otros integrantes de la Mesa, que es su órgano rector.
Todos ellos estaban acusados de haber tramitado las leyes ilegales – según el Tribunal Constitucional – que permitieron un referéndum soberanista en Cataluña el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia del 27 de ese mismo mes.
Por su parte, la jueza Lamela ordenó la prisión sin fianza para los integrantes del Gabinete catalán cesados por el Ejecutivo español y los líderes de asociaciones independentistas por rebelión, sedición y malversación.
Todos ellos siguen en prisión, salvo los cuatro exconsejeros que están en Bruselas junto al expresidente regional, Carles Puigdemont.
Llarena hizo pública hoy la decisión de asumir los casos contra todos esos líderes, con lo que la jueza Lamela sólo mantendrá la investigación a la Policía regional (Mossos d’Esquadra) y a «otros eventuales colaboradores en el proceso soberanista sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad».
En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, valoró positivamente la decisión de TS, ya que de ese modo «se fortalece la seguridad jurídica y la unidad de acción».
Señaló también que los exconsejeros del Gobierno catalán cesado se encuentran en prisión provisional «por una serie de causas» y, si las circunstancias se modifican, las medidas cautelares que pesan sobre ellos también pueden variar.
Sin embargo recordó que la situación de cada uno de los investigados es distinta, por lo que es «razonable» pensar que las medidas sobre cada uno de ellos pueden ser diferentes.
Catalá se refirió también al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, que fue propuesto hoy por el Gobierno como fiscal general del Estado en sustitución de José Manuel Maza, fallecido repentinamente hace una semana en Argentina por las complicaciones derivadas de una infección renal .
El ministro aseguró que tras la muerte de Maza, la intención del Gobierno era designar al nuevo fiscal en el «plazo más breve posible» y que no tiene dudas de que sus «capacidades profesionales están más que acreditadas» y es la «persona adecuada» para dirigir la institución.
El cambio forzoso en la Fiscalía General del Estado tiene lugar en un momento en que este órgano tiene un papel relevante en los sumarios contra los dirigentes secesionistas catalanes en relación con la causa independentista.
Sánchez Melgar (1955) es magistrado del Tribunal Supremo desde enero del año 2000 y, según fuentes judiciales, es de orientación conservadora y experto penalista.
Con la propuesta de Sánchez Melgar, el Ejecutivo mantiene la línea por la que optó con José Manuel Maza: un magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo, con dilatada experiencia y de corte conservador.
Junto a otros seis magistrados, Sánchez Melgar formó parte de la Sala que admitió la querella que el fallecido Fiscal General presentó contra la Mesa del Parlamento regional de Cataluña por impulsar el proceso secesionista.
Tras la decisión de hoy del Consejo de Ministros se llevará la propuesta al Rey Felipe VI, quien será quien formalice el nombramiento de nuevo Fiscal General del Estado.
Antes de la designación definitiva se requiere el informe del Consejo General del Poder Judicial y la comparecencia del candidato ante el Congreso de los Diputados.
