Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, las labores de fiscalización a las políticas públicas de los gobiernos en temas de salud, educación, seguridad, justicia, derechos humanos, infraestructura y otras temáticas, ha vuelto a las organizaciones de sociedad civil en el actor incómodo de los gobiernos cuando éstas registran, evidencian y cuestionan la ruta equivocada que llevan sus políticas y su impacto en la institucionalidad y la democracia del país.
La primera expresión que surge es ¿quién las eligió? ¿quién votó por ellas? ¿a quién representan? Son las preguntas más comunes con la que saltan los actores políticos o gubernamentales cuando la presión sobre sus desaciertos cobra fuerza en la opinión pública. Una organización de la sociedad civil u organización no gubernamental (ONG), según los entendidos es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sum fines de lucro que se organiza a nivel local, nacional o internacional. En tanto, el término “sociedad civil organizada” se aplica a las estructuras organizativas cuyos miembros sirven al interés general a través de un proceso democrático y que actúan como mediadoras entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Como nuevos actores sociales, las organizaciones de sociedad civil han cobrado un protagonismo en el país desde hace más de tres décadas, unas en el plano formativo y promoción de los derechos humanos, otros desde la investigación académica y hay quienes efectúan labores de incidencia política para generar cambios en las políticas públicas.
En el siglo pasado, las que incursionaron en esta lucha fueron los organismos defensores de los derechos humanos, de mujeres y las defensoras de la infancia. En el caso de los defensores de derechos humanos, el discurso público de descalificación fue que “defendían delincuentes” cuando denunciaban los abusos del poder y sus operadores de justicia.
Luego, entrada la década de los noventa, un movimiento ciudadano conformado por académicos, ciudadanos, periodistas, empresarios, intelectuales, organizaciones civiles, entre otros, conformó el llamado Foro Ciudadano para llamar la atención sobre la importancia de la seguridad pública, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la desmilitarización de la sociedad y las reformas políticas y electorales. Su incursión y la calidad de sus propuestas, incomodó a los poderes públicos de la época, la estigmatización y descalificación fue una estrategia constante desde el poder político cuando se cuestionaban sus ejecutorias.
Nuevos actores, nuevas incomodidades
Siguieron otras instancias y es tras el paso del huracán y posterior tormenta tropical Mitch, que se produce un parte de aguas en el país, con la irrupción de nuevos actores y el rol protagónico que la comunidad internacional e incluso los organismos internacionales de financiamiento dan a la sociedad civil. Surgieron también, en ese entorno, organizaciones civiles de defensa de libertad de expresión como el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y hoy el país tiene otras redes de periodistas y comunicadores sociales en el interior que van posicionando el derecho a la defensa de la libertad de expresión e información como un derecho ciudadano y no una dádiva exclusiva de los políticos o de los gobiernos.
Una de las organizaciones de sociedad civil que surge en ese contexto, es la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), con 24 años de experiencia, registrando desde conflictos de tierras, la lucha por salarios dignos de los guardias de seguridad y las empleadas domésticas, la titulación de tierras en comunidades desplazadas y sin acceso a justicia, hasta los temas de salud, educación, justicia y seguridad, entre otros.
A lo largo de su trabajo, ASJ tuvo que pagar un precio muy caro: el asesinato de su principal abogado, Dionisio García, conocido como el “abogado de los pobres”, asesinado en el 2006, cuando se dirigía a los tribunales de justicia por un caso contra una empresa de seguridad privada. Sicarios le esperaban, la justicia aún no responde y el caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En las instalaciones de la ASJ, en un hermoso mural que recoge la labor de esta organización, destaca la imagen del abogado Dionisio García.
La campaña contra la ASJ se intensifica
La labor de incidencia y los trabajos de investigación de ASJ le llevaron a ser referente de importantes trabajos de investigación periodística y académica, fuente de consulta y lograr la representación para Honduras de la renombrada organización anticorrupción a nivel mundial, Transparencia Internacional.
No obstante, su labor de incidencia, registro, investigación y denuncia empieza a generar, nuevamente, incomodidades, luego de presentar una serie de trabajos relacionados con los diagnósticos en materia de salud, educación, y el proceso de veeduría que se hará a la elección de la próxima corte de justicia.
En Salud y Educación, los trabajos de la ASJ no son nuevos, datan desde el 2009 y han venido registrando las debilidades institucionales, proponiendo escenarios de salida a las crisis y monitoreando las ejecutorias públicas, así lo señalan sus documentos e investigaciones que son públicos.
No obstante, sus reportes sobre Educación y Salud han incomodado a los titulares de esa dependencia y otros funcionarios gubernamentales y del poder legislativo, con expresiones descalificadoras y campañas de desinformación y desprestigio en las redes sociales.
El titular de Educación, Daniel Sponda, que antes consultaba los trabajos de ASJ y los citaba en sus declaraciones, ahora dice que la organización no “está validada para venir a criticarnos”, por sus cuestionamientos al concurso docente.
En tanto, el titular de Salud, Manuel Matheu, incómodo por el reciente sobre la crisis de medicamento en Salud, dijo que la ASJ no será más veedor en ningún proceso de compras de medicamentos en Salud, porque “defendieron” al anterior gobierno y que “no les voy a dar ninguna veeduría a alguien que fue corrupto, estuvieron metidos en la Policía, estuvieron metidos en educación, estuvieron metidos en todo y que viven de los que le manda del extranjero”.
La ASJ en el gobierno de Juan Orlando Hernández, como parte de un convenio con Transparencia Internacional, tuvo acceso a una labor de auditoría en temas sensibles como Educación, Salud, Infraestructura, Seguridad, Justicia. En ambos brindó sendos reportes que incomodaron, denunciaron la corrupción en los hospitales móviles, el desastre en la ENEE, los malos contratos en el corredor logístico turístico, y en seguridad, uno de los ejes más polémicos, apoyaron un proceso de depuración policial que sigue inconcluso, por falta de voluntad política. El gobierno de Hernández, se desatendió de la depuración policial cuando ésta empezaba a rodear a sus cercanos.
No obstante, algunos actores depurados de la policía coparon escenarios públicos en medios afines al gobierno para asegurar que la ASJ era el “brazo criminal” de la organización de narcotráfico del ex presidente Hernández, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, sin mostrar pruebas ni elementos de sustento a su denuncia.
Pero no solo la ASJ está en la mira de los actores incómodos por su fiscalización, ha entrado en esa escena el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), objeto de fuertes campañas desde el poder legislativo y otros actores del gobierno. Ministros y viceministros han colgado en sus redes sociales, como expresión pública del poder que ahora ostentan, que estas dos organizaciones no representan “a nadie”, que son hostiles a la refundación y que no están “a tono” con los cambios que el país amerita en este momento.
Advierten retrocesos democráticos
La elección de la próxima corte de justicia es otro de los escenarios que mantiene confrontados a los poderes públicos y políticos con organismos de sociedad civil que demandan un proceso transparente y no politizado, siendo la ASJ y el CNA, los focos en donde se han concentrado las campañas de descrédito y deslegitimación de su trabajo por décadas en este país.
Este patrón de ataques no es propio del escenario hondureño, se ha venido dando en otros países latinoamericanos, y también en Centroamérica, siendo Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los países en donde las organizaciones de sociedad civil que fiscalizan a los gobiernos se encuentran bajo un feroz ataque.
Al respecto, en diciembre de 2021, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Relator Especial sobre para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator Especial sobre los defensores de los derechos humanos y punto focal para las represalias en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE; emitieron una Declaración Conjunta para la Protección y Apoyo para Actores de la Sociedad Civil en Riesgo.
En tal sentido, señalan que “los Estados deben condenar inequívocamente todos los ataques y actos de intimidación, campañas de desprestigio y otras formas de estigmatización cometidos contra los actores de la sociedad civil; las restricciones injustificadas a su trabajo legítimo o las represalias por el ejercicio de sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación en los asuntos públicos”.
Asimismo, indican que se encuentran “profundamente preocupados por las tendencias actuales y crecientes de la regresión democrática y el aumento del autoritarismo en todo el mundo”. Esa declaración del 2021, sigue tan vigente, cuando en Honduras, se empiezan a asomar escenarios de intolerancia política a la fiscalización del poder público y político. (PD)
