La frontera de Arizona es el laboratorio de las medidas de seguridad en EEUU

Nogales (EE.UU.) – La frontera de Arizona es uno de los principales corredores de inmigración y donde se mide el éxito de las medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo migratorio y la seguridad, tema crucial en la reforma migratoria.
 

En las últimas dos décadas, los 626 kilómetros de frontera que comparte Arizona con México han acaparado la atención nacional debido al incremento en el cruce de inmigrantes indocumentados que registró esta región después que se reforzara la seguridad en otros estados de EE.UU. como Texas y California.

En su punto más alto, durante el año fiscal 2000, la Patrulla Fronteriza reportó el mayor registro de arrestos de indocumentados a lo largo de la frontera suroeste, con 1,6 millones en total, de los cuales 616.000 ocurrieron dentro del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza en Arizona.

Este aumento en el flujo migratorio provocó una fuerte reacción por parte del Gobierno federal, que incrementó el presupuesto para esta región.

Al destinar más dinero para la seguridad, se incrementó significativamente el número de agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a vigilar el desierto de Arizona hasta llegar a los 5.200 en 2012.

También se comenzó a utilizar avanzada tecnología como cámaras, radares, detectores de movimiento y el uso de aviones no tripulados, conocidos como drones, para vigilar las zonas más apartadas del desierto.

En 2008 se estableció el controvertido Streamline, el cual castiga a los indocumentados que son arrestados al intentar cruzar la frontera de manera ilegal. Diariamente, aproximadamente 75 inmigrantes indocumentados son procesados en la Corte Federal en Tucson y son sentenciados hasta 85 días de cárcel.

De acuerdo con cifras de esta agencia federal, desde el año fiscal 2000 el arresto de inmigrantes indocumentados ha descendido en cerca de un 82 por ciento en esta región y al término del año fiscal 2012 se reportaron sólo 124.631 detenciones.

A pesar de este significativo descenso, los políticos que tendrán en sus manos la decisión de aprobar una reforma migratoria condicionan la posibilidad de regularizar el estatus migratorio de los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos a asegurar la frontera.

«Los políticos extremistas están utilizando el tema de la seguridad fronteriza para dificultar la aprobación de una reforma, es un juego político por parte de los republicanos que están tratando de obstaculizar el trabajo de la administración del presidente Barack Obama», dijo a Efe Raquel Goldsmith, profesora del Departamento de Estudios Mexicoamericanos y miembro del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona (UA), con base en Tucson.

La investigadora señaló que actualmente dentro del mismo partido republicano hay una marcada división entre aquellos que no quieren perder el apoyo del grupo conservador Tea Party y los que reconocen la importancia de una reforma migratoria y el voto hispano.

«La militarización de la frontera ha transformado nuestra frontera, especialmente aquí, en Arizona, las comunidades fronterizas han sido las más afectadas, han visto su vida diaria transformarse al dificultarse los acuerdos comerciales y la diaria convivencia con sus vecinos mexicanos», señaló Goldsmith.

Explicó que estas comunidades estaban acostumbradas a «cruzar» de un lado a otro, sin tantos obstáculos, estableciendo relaciones como los programas de ciudades hermanas.

«También hay que reconocer que es mucho dinero del que se está hablando cuando se habla del tema de la seguridad fronteriza, miles de millones de dólares que gasta el Gobierno federal y el cual compañías privadas desean acaparar», dijo Goldsmith.

La propuesta bipartidista que actualmente debate el Senado destina 4.500 millones de dólares para la seguridad fronteriza y prevé la contratación de 3.500 agentes adicionales.

Goldsmith destacó que durante el debate de una reforma migratoria nadie esté hablando sobre los cientos de muertes de inmigrantes indocumentados que se han reportado en la frontera de Arizona, lo que asegura es una consecuencia más de la militarización de la frontera.


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