París – La Fiscalía subrayó este martes que Nicolas Sarkozy fue el que verdaderamente «ordenó y encargó» en 2005 lo que califica de «pacto de corrupción» con el régimen del entonces líder libio Muamar Gadafi, para que le financiara la campaña de las presidenciales que le llevaría al Elíseo en 2007.
El fiscal Quentin Dandoy insistió en la «implicación total» de Sarkozy en el montaje de la supuesta financiación irregular de su campaña durante la audiencia ante el Tribunal Correccional de París, en el que se juzga al expresidente francés junto a otros once encausados, entre ellos tres antiguos ministros.
Dandoy admitió que Sarkozy no dejó pruebas directas de esa implicación personal, pero lo justificó precisamente porque «todo estaba pensado para que no apareciera», e hizo hincapié en que el sumario y el juicio han puesto en evidencia «la existencia de un conjunto de indicios» que permiten «caracterizar» los delitos por los que está inculpado y por los que pidió al tribunal que lo condene.
Entre las principales pruebas que dio, destacó «la omnipresencia del agente de corrupción que era Ziad Takieddine» en la relación que Sarkozy estableció con el régimen de Gadafi a partir de su nombramiento como ministro de Interior en junio de 2005, en lugar de utilizar los canales diplomáticos y oficiales entre los dos países.
También el hecho de que para muñir el supuesto acuerdo con el líder libio para que aportara fondos a su campaña utilizó a sus dos máximos colaboradores que eran Claude Guéant (entonces el jefe de su gabinete) y Brice Hortefeux (secretario Estado en su Ministerio).
Dandoy descalificó la versión dada por los tres hombres sobre sus contactos con los dignatarios libios y con el «radiactivo» Takieddine, conocido por ser intermediario en operaciones oscuras: «es una sucesión de situaciones rocambolescas sin sentido».
En el centro de atención del representante del Ministerio Público están las tres visitas sucesivas que hicieron a Trípoli en 2005 Guéant (el 1 de octubre), el propio Sarkozy (el 5 de octubre) y Hortefeux (el 21 y 22 de diciembre).
Tanto Guéant como Hortefeux se reunieron con Abdalá Senoussi, cuñado de Gadafi, jefe entonces de los servicios secretos y condenado a cadena perpetua en Francia, que había emitido contra él una orden de arresto internacional, como responsable del atentado en 1989 contra un avión de la UTA que estalló en pleno vuelo cuando sobrevolaba Níger, que causó la muerte de sus 170 ocupantes.
Los dos han asegurado que esos encuentros con un personaje tan poco recomendable y al margen de su agenda oficial en Libia fueron en ambos casos encerronas de Takieddine, pero la Fiscalía lo puso en duda, igual que puso en duda que Sarkozy -como pretende- no lo supiera porque no se lo contaron sus lugartenientes al volver a París.
Para Dandoy, decir que esos encuentros fueron «forzados» es «surrealista y poco creíble» porque de ser así habrían roto sus contactos con Takieddine que los había puesto en esa encerrona.
En realidad -precisó- «la puesta en marcha de este pacto de corrupción» la negociaron Guéant y Senoussi, se formalizó con la visita a Gadafi de Sarkozy el 5 de octubre de 2005, y tuvo su corolario en la entrevista de diciembre en la que Hortefeux entregó a Senoussi el número de cuenta en el que los libios hicieron en 2006 los pagos para la campaña de 2007.
El fiscal se dirigió al tribunal para advertir de las «incoherencias» de los relatos de Sarkozy, Guéant y Hortefeux sobre esos hechos, y en particular sobre el hecho de que las entrevistas de los dos últimos con Senoussi se hicieran «contra su voluntad»: «Se están mofando de usted, señora presidenta».
Además, hizo notar que entraban en contradicción directa con lo que han declarado a los jueces instructores Senoussi, que está encarcelado en Libia desde hace años y Takieddine, que se ha refugiado en Líbano, su país, para no tener que comparecer en París.
«Esta sucesión de anormalidades constituye la normalidad de un proceso corruptivo», concluyó Dandoy.
La requisitoria de la Fiscalía debe prolongarse hasta el jueves por la tarde, que es cuando se espera que comunique las penas que solicita para cada uno de los encausados, aunque el juicio está previsto que se prolongue hasta el 10 de abril con los alegatos de la defensa.
De ser declarado culpable, Sarkozy, que tiene 70 años, podría ser condenado a diez años de cárcel, 375,000 euros de multa y la privación de sus derechos cívicos durante cinco años. EFE
