Quito – La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció este martes su renuncia al cargo, que desempeñó durante los últimos seis años, tiempo en el que se procesaron decenas de casos de corrupción, entre ellos el denominado ‘Sosbornos’, en el que fue condenado el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En un video en las redes sociales de la Fiscalía, Salazar anunció que deja la dirección del Ministerio Público en la que sus funciones se encontraban prorrogadas temporalmente a la espera de que fuera elegido su sucesor, tras haber agotado el tiempo de permanencia en el cargo para el que fue designada en 2019.
Apodada por sus partidarios como la ‘dama de hierro’ frente a la corrupción, Salazar también fue fuertemente criticada por el correísmo, cuyos líderes la han acusado de ejercer ‘lawfare’ contra ellos e incluso buscaron destituirla a través de diversas vías.
Salazar, la primera mujer del colectivo afro en llegar a ser fiscal general en Ecuador, calificó de «gratificante» su paso por el Ministerio Público al que entró hace 24 años como asistente de fiscal.
«Hace seis años, cuando asumí el cargo de fiscal general, lo hice con una sola visión, garantizar el acceso a la justicia pensando en las personas, en las víctimas, en mis compañeras y compañeros, en las defensas técnicas, en todos los que tienen que acercarse a la Fiscalía», indicó.
Salazar agradeció a sus colaboradores, especialmente a Wilson Toainga, quien asume la Fiscalía mientras se designa al titular de la entidad.
Asimismo, agradeció «el respaldo y la confianza» de la población, por lo que dijo que nunca se sintieron solos.
«La evaluación final la hará la ciudadanía, se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad sale a la luz», apuntó.
Reemplazada por Toainga
En abril pasado, Salazar anunció que seguiría en funciones prorrogadas tras la culminación oficial de su periodo de seis años, después de que la Procuraduría General (Abogacía General del Estado) le diera luz verde para continuar debido a que no se había nombrado aún a quien la reemplazaría.
Antes de acabar el 8 de abril su período oficialmente, Salazar y Toainga consultaron a la Procuraduría sobre el procedimiento que debían seguir «con el fin de tener una transición ordenada» y fueron informados de que podían desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados.
Toainga agregó que para que pudieran dejar los cargos era necesario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que tiene entre sus funciones la designación de autoridades de diferentes instituciones estatales, culmine el concurso para la elección de quienes los reemplazarán.
Y aunque ello no ha ocurrido aún, este martes Salazar anuncio su salida y recordó que nunca tuvo el propósito de perpetuarse en el cargo.
Los casos más relevantes de la fiscal
Durante estos seis años, Salazar, quien fue elegida como una de las cien personas más influyentes de 2024 por la revista estadounidense Time, lideró las investigaciones de varios casos de corrupción y contra el crimen organizado.
Al poco tiempo de asumir su cargo, se encargó de llevar adelante la acusación del caso Sobornos contra Correa y otros miembros de su grupo político que derivó en la inhabilitación política del exmandatario, con una condena de ocho años de cárcel por cohecho.
Desde entonces Salazar ha sido denostada públicamente por Correa, quien desde Bélgica, donde cuenta con calidad de refugiado, denuncia una persecución política en su contra y se declara víctima de ‘lawfare’, al afirmar que fue sentenciado sin pruebas.
‘Metástasis’ de corrupción
A finales de 2023 destapó el caso ‘Metástasis’, una trama de corrupción judicial, policial y carcelaria liderada por el narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, que reveló la infiltración e influencia del crimen organizado en el sistema de Justicia de Ecuador.
También ha estado al frente de conocidos casos como ‘Encuentro’, en el que se investigó a una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, según el Ministerio Público, pretendían obtener «réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas».
Por este caso fue condenado a diez años de prisión el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), tras ser declarado culpable de delincuencia organizada por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario. JS
