Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La sorpresiva irrupción de los alcaldes del tradicional bipartidismo para presionar a sus instituciones políticas a negociar con el oficialismo los repartos del poder en la elección de cargos de segundo grado, avizora un virtual fin a la crisis legislativa tras cinco meses de intensa presión hacia la oposición política, en especial el Partido Nacional.
El Congreso Nacional de Luís Redondo cumplió 100 días de parálisis legislativa por la falta de liderazgo y compromiso para generar puentes de diálogo y avanzar en la agenda legislativa del país en temas de suma importancia, como la crisis de salud que vive el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por citar un ejemplo, o el tema de la generación de empleo temporal que reclaman los empresarios y los hondureños desempleados.
La elección de los cargos de segundo grado como el Fiscal General y Adjunto, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los comisionados de la Unidad de Política Limpia, del Instituto de Acceso a la Información Pública, y los reemplazos en el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, son los temas que han concitado el interés de las agendas legislativas y ejecutivas desde mediados de año, y en el caso del poder Legislativo la presiones sutiles y abiertas hacia la oposición política han tenido manifestaciones de escaladas de polarización y confrontación preocupantes.
Recientemente, los congresistas del oficialismo y de la oposición representados en los partidos Liberal y Nacional, anunciaron “acercamientos” y “negociaciones” para llegar a acuerdos en torno a la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y los otros en la lista. Se busca cerrar un “paquete de elecciones” legislativas.
Ese acercamiento se produjo, luego de que una facción de alcaldes liberales y luego los ediles nacionalistas, imploraron a sus bancadas que entraran a las negociaciones porque ellos no podían quedar sin representación en el Tribunal Superior de Cuentas, pues estarían “huérfanos” y con arma a favor de Libre para que “disparara a discreción”, reveló el alcalde liberal Nahun Cálix, de Marcovia, Choluteca.
En términos generales se expresaron los alcaldes nacionalistas, y las facciones legislativas más conservadoras del Partido Liberal junto a su presidente—desacatando la resolución del Central Ejecutivo—entraron a las negociaciones del reparto de cuotas a la que se sumaron los nacionalistas. El discurso público de ambos partidos es que había llegado el momento de pensar, “en Honduras” y “su democracia”. Los acuerdos tripartitos comienzan a ser afinados y se espera que se retomen las sesiones y se aprueben temas pendientes, además de la elección de segundo grado. Uno de ellos, el presupuesto de la República.
No obstante, previo a lo que sería un nuevo pacto de reparto entre elites políticas, Proceso Digital le ofrece una cronología que muestra las presiones hechas a la oposición política que explican cómo llegan a las negociaciones y acuerdos que están cocinando.
Las denuncias opositoras que involucran a la directiva del poder Legislativo han estado centradas en señalar que la dirigencia del Congreso Nacional busca neutralizar o atacar a parlamentarios opositores de los partidos Salvador de Honduras (PSH), una facción del Partido Liberal, y el Partido Nacional, la mayor fuerza opositora, pero con graves arrastres de corrupción.
Los seguimientos al PSH
En el caso del PSH—el partido que se mantiene independiente y tiende a ser la fuerza moral de la ética en la política parlamentaria—las presiones empezaron en el mes de febrero de 2023 cuando la bancada se vio sorprendida con la difusión de un video de la presidencia del Congreso donde se registraban los pasos de su jefe de bancada, el diputado Tomás Ramírez, seguido por cámaras de vigilancia de cada paso que daba alrededor de la cámara. Ramírez fue al Comisionado Nacional de Derechos Humanos a interponer denuncia por persecución política e intimidación. Acciones similares se dieron también en contra de las parlamentarias del PSH, Maribel Espinoza, Suyapa Figueroa e Iroshka Elvir.
En el mes de abril, el coordinador del PSH, el designado presidencial, Salvador Nasralla, denuncia que el titular del Congreso, Luis Redondo, también del PSH, destituyó sin justificación a 13 empleados del PSH que eran asistentes de los parlamentarios. En las sesiones del hemiciclo, la bancada del Partido Salvador de Honduras sufrió de negativas y bloqueos en el uso de la palabra, además de agresiones verbales.
En septiembre, la diputada Maribel Espinoza, denuncia que desde el oficialismo que preside Libre, el partido en el poder, le fueron divulgados datos de información confidencial personal relacionado con sus tributos; luego en el mes de noviembre denuncian el cierre de acceso a las oficinas de la diputada y vicepresidenta del Congreso, Iroshka Elvir, con candados, mientras casi en paralelo un abogado afín al oficialismo interpuso una denuncia en el Ministerio Público en contra de las diputadas Suyapa Figueroa, Iroshka Elvir y el parlamentario liberal, Marlon Lara, por los delitos de usurpación de funciones públicas y simulación de cargos. El anuncio lo hizo el diputado oficialista, Manuel Rodríguez.
Figueroa, Elvir y Lara son parte del grupo de congresistas opositores que se autoconvocaron, siguiendo lo establecido en la Constitución de la República, luego que el Congreso no hizo cierre de legislatura como manda la ley, y lejos de eso, nombró una comisión permanente, con diputados del oficialismo, que fue desconocida por el resto de los diputados congresistas de oposición en su gran mayoría, cerca de 74. En el caso del PL, Marlon Lara, ha sido uno de los parlamentarios más atacados por el oficialismo y junto a otros diputados de ese partido, se mantienen firmes en señalar los equívocos parlamentarios de la directiva de Redondo.
En el caso del Partido Liberal, la unidad que habían mantenido para bloquear los abusos de la directiva, fueron rotos por el jefe de la bancada, Mario Segura, al trascender de parte de sus mismos compañeros liberales de cámara que, por intereses particulares relacionados con cargos de su familia en la diplomacia en el actual gobierno y otras prebendas, habría favorecido al oficialismo de Libre en jugadas políticas ocultas contra los liberales. Segura ha negado, pero ha sido el vocero del presidente del partido Liberal en las negociaciones con Libre, y en octubre algunos diputados liberales le pidieron la renuncia como jefe de bancada, pero Yani Rosenthal—presidente del partido—dijo que no era posible.
Así fue cediendo el PN
En el caso del Partido Nacional, su papel de opositor férreo se desmoronó a fines de noviembre, cuando el presidente del partido, David Chávez, fue acusado por presunta corrupción y huyó del país. La presión sobre el nacionalismo—salpicado por denuncias de corrupción de algunos de sus líderes, empieza con fuerza en el mes de agosto, cuando unos cohetillos estallan en el hemiciclo como parte de la confrontación con el oficialismo de Libre y cuando se calentaba el debate en torno a la elección del fiscal general y adjunto.
Previo a ello, los diputados nacionalistas habían denunciado que los cajones de sus curules habían sido abiertos, las mujeres nacionalistas objeto de rigurosas medidas de seguridad antes de entrar al congreso y al pleno donde se realizan las sesiones. El estallido de cohetillos—en el mes de agosto, hace que se despliegue una fuerza policial que acordona el salón de sesiones, los detectives llegan con vestimentas especiales propias para desarmar armas letales; hallan los cohetes que se queman en navidad, y la gerencia del poder legislativo anuncia acciones contra lo que denominaron un “acto terrorista”. Se sindica al diputado nacionalista Jack Uriarte de ser artífice de esos hechos de terrorismo.
En el mes de septiembre, la presidenta Xiomara Castro, acusa a la oposición política parlamentaria, en especial al Partido Nacional, de boicotear la elección del próximo fiscal general y adjunto, y en a mediados de septiembre, Luís Redondo difunde en sus redes una cartilla de casos de presunta corrupción que los nuevos fiscales que se elijan para el Ministerio Público deberán conocer y actuar con prioridad. En esos casos, la mayoría salpica a miembros del Partido Nacional.
El Partido Nacional denuncia, siempre en septiembre, que los cuerpos de inteligencia del gobierno de la presidenta Castro y el asesor presidencial, Manuel Zelaya, instrumentalizan a la Dirección de Inteligencia para preparar casos ficticios en su contra como parte de una estrategia de persecución política. A fines del mes de septiembre, Redondo cancela los empleados de apoyo de la bancada del Partido Nacional, en el legislativo, similar a la acción que a inicios de año efectuó en contra del PSH. La bancada nacionalista denuncia lo que estimó abusos de poder.
En las primeras semanas del mes de octubre, la Uferco anuncia acusaciones en la reactivación del caso Pandora II, en contra de una serie de exfuncionarios nacionalistas, entre ellos el ex titular de Finanzas, Wilfredo Cerrato, y los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, por fraude y lavado de activos. La acusación se dio el 11 de octubre, y dos días después, la bancada nacionalista abandona el hemiciclo tras varias horas de esperar la sesión y Luis Redondo amenaza con suspenderlos e inhabilitarlos si siguen intentando boicotear el quórum. Redondo les dice que no “le temblará” la mano para inhabilitarlos y suspenderlos por 10 años de la política.
Llega el mes de octubre y la bancada nacionalista denuncia que es objeto de espionaje, sabotaje, persecución y hostigamiento por parte de Libre y Luis Redondo. A mediados de octubre la Policía Militar de Orden Público anuncia la operación “Cero Privilegios” y en ella el traslado de los implicados en casos de alto impacto que guardaban prisión en los batallones. Destacan en esos traslados los nacionalistas Mario Zelaya y Marco Bográn, implicados en los casos de corrupción del Seguro Social y de los Hospitales Móviles.
El nuevo pacto por cerrar
Finalizando el mes de octubre, la confrontación política subió de tono al impedírsele a los nacionalistas y la oposición parlamentaria el ingreso al hemiciclo, mientras otros fueron encerrados para impedir que salieran e instalaran su sesión de autoconvocados. Hubo forcejeos y diputados del Partido Nacional resultaron con agresiones físicas por parte de los colectivos de Libre, en vista que la Policía Nacional reaccionó tarde a la escena. En ese interín la dirigencia del Congreso difunde un video en donde se ve al diputado nacionalista, Mario Pérez, apuntado con su arma en la sien a un guardia de la seguridad del congreso. Pérez aceptó que fue un exabrupto que cometió al calor de la encerrona en que estaban en los bajos del Congreso donde las turbas de los colectivos amenazaban su integridad y la de sus compañeros en vista que la seguridad no los dejaba ingresar por instrucciones de Luís Redondo.
El 1 de noviembre, el Congreso de Redondo nombra, al margen de la ley, con 9 diputados oficialistas, a los fiscales interinos del Ministerio Público, Johel Zelaya y Mario Morazán, ambos afines a Libertad y Refundación. El 9 de noviembre los nuevos fiscales interinos giran órdenes de captura en contra de la ex ministra de finanzas, Rocío Tábora, otra exviceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, y la ex titular de Salud, Alba Consuelo Flores, por el caso de los hospitales móviles, en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Días después, Tábora es capturada y está en prisión preventiva, mientras la exviceministra Rodríguez y la exministra Flores se encuentran prófugas de la justicia.
El 20 de noviembre, el Ministerio Público, en control ahora del oficialismo, libra requerimiento fiscal en contra del diputado nacionalista, Mario Pérez, por el caso del guardia de seguridad del Congreso Nacional. Pérez se presentó a la Corte Suprema de Justicia para poner un escrito de presentación voluntaria que cerraría el camino a los fiscales de capturarlo como hicieron con Rocío Tábora. El diputado Pérez tendrá su primer encuentro con la justicia por este caso este martes 12 de diciembre.
El 27 de noviembre el presidente del Partido Nacional, David Chávez, denuncia persecución en su contra y que le están fabricando cuatro delitos, uno de ellos por denigrar la imagen de la presidenta Castro. Dos días después, el 29 de noviembre, libran orden de captura contra David Chávez, por un caso de presunta corrupción en el INFOP cuando estuvo al frente del organismo y junto a él se acusa a un exmagistrado de la pasada Corte Suprema de Justicia, se trata Olivio Rodríguez. Chávez huyó del país antes de ser capturado y dijo que volverá cuando “exista justicia” para probar su inocencia, y pidió a su partido no ser usado como “moneda de canje” para que cesaran las presiones hacia el nacionalismo por parte de Libre.
El oficialismo en Libre dice que elegirán a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas en interinato si la parálisis sigue en el Congreso, y surge, de repente, un grupo de alcaldes liberales afines a Libre y controlados por la presidencia del central ejecutivo, pidiendo a la bancada liberal sentarse a negociar con Libre la cuota que le corresponde de magistrado en el Tribunal de Cuentas y los otros cargos de elección. Días después, los alcaldes nacionalistas presionan por lo mismo, y la bancada del PN anuncia que entrará a las negociaciones con Libre.
De momento, las negociaciones apuntan que será electo en propiedad como fiscal general, Johel Zelaya, que abordan el tema de la Ley de Justicia Tributaria, que el reparto de los otros cargos de elección popular ya casi está consensuado y que en enero la actual directiva del Congreso Nacional será reelecta como parte del nuevo pacto de élites que se construye entre el tripartidismo político que conforman Libre, partidos Liberal y Nacional. Libre logra así, con el control de la institucionalidad bajo su égida, imponerse ante la oposición, en especial en el bipartidismo político, a quienes sacudió con órdenes de captura y presuntos reparos hacia los gobiernos locales. (PD)
