La misión del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos contribuyendo al fortalecimiento del Estado democrático de Derecho, lo que comprende dar certeza, a la población, de la erradicación progresiva de la corrupción e impunidad, en Honduras, dado que son amenazas contra la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y, en todo caso, la dignidad y los derechos humanos de las personas, en especial de los grupos en condición de vulnerabilidad.
Con ese propósito, se precisa atender la necesidad de asegurar una nueva estrategia para el efectivo combate a la corrupción e impunidad y dar respuesta positiva al interés de la sociedad en el aprovechamiento, por parte de la institucionalidad, de conocimientos, experiencias y prácticas útiles ya logradas a fin de lograr esa efectividad y eficacia en la lucha contra esas amenazas a la seguridad humana y el desarrollo sostenible.
En cumplimiento de nuestra función de velar por la protección y respeto de los derechos humanos y del Estado democrático de derecho, hemos apoyado y dado seguimiento sistemático, entre otras actividades, al proceso de depuración de los operadores de justicia y a la lucha contra la corrupción e impunidad; hemos formulado recomendaciones e impulsado la buena gobernanza, desde el nivel local.
En atención a ello, hemos considerado como bienvenida, a Honduras, toda cooperación internacional de calidad, con el fin de fortalecer los conocimientos, capacidades y valores de la institucionalidad hondureña para el logro de resultados significativos que afirmen realmente la dignidad humana y el Estado democrático de derecho y el desarrollo nacional.
En ese sentido, hemos promovido la democracia desde abajo, buscando la democracia real de calidad, donde la justicia social impere, con seguridad humana y desarrollo sostenible, desde los territorios municipales.
Hacia esa meta, hemos promovido y avanzado en la implementación de la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario” lo que ya se realiza en treinta y seis (36) municipios y se extenderá a los demás, para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y, con ello, el fortalecimiento del imperio del Derecho, de las posibilidades del desarrollo y de la consolidación democrática de Honduras.
Lo anterior requiere también que las instituciones del Estado deban ordenar más el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus deberes, actuando funcionalmente como componentes del todo unitario que es el Estado de Honduras, cuyo objetivo supremo y, como tal único e inexcusable, es proteger y respetar la dignidad humana de los habitantes. Por lo cual, toda la institucionalidad debe coordinarse y complementarse, ejerciendo sus funciones en armonía, para lograr ese objetivo supremo.
En esa dirección, se requiere esencialmente tanto de la actuación decidida y funcionamiento ordenado y coordinado de todas las instituciones, como de la participación activa de la ciudadanía en apoyo, respaldo y veeduría social de las actuaciones de esa institucionalidad; y, al mismo tiempo, lograr cooperación internacional, funcional y de calidad, que afiance conocimientos, capacidades y valores institucionales para potenciar la eficacia del esfuerzo nacional.
En atención a lo anterior, reitero, al Estado y la sociedad, las siguientes recomendaciones:
Asegurar la mayor participación social en la definición de la nueva estrategia para el efectivo combate contra la corrupción e impunidad, con apoyo a la veeduría y auditoría social del pueblo y al funcionamiento de procedimientos institucionales obligatorios de rendición de cuentas.
Cumplir el compromiso de Estado en materia de “Integridad de la Gestión Pública” que señala el respaldo estatal que debe darse al empoderamiento y debido cumplimiento del proceso de la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario”, en todos los 298 municipios de Honduras, tal como se reconoce en el IV Plan de Acción del Estado Abierto Honduras 2018-2020.
Orientar y armonizar este esfuerzo nacional con la ejecución cierta, en Honduras, del Plan de Acción de las Naciones Unidas (Agenda 2030) para el Desarrollo Sostenible con el logro, entre el 2020 y el 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos los relacionados con el fin de la pobreza, la desigualdad y el hambre, el logro de salud, educación de calidad, igualdad de género, crecimiento económico inclusivo, protección del medio ambiente sano; y paz, justicia e instituciones sólidas.
Realizar lo anterior, en cumplimiento de los lineamientos de la Constitución de la República, tratados internacionales de derechos humanos y Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y en el espíritu de los objetivos y principios de la Alianza de Gobierno Abierto y el Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020 y los que se adopten en el porvenir.
Invitar, a la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito (UNODC), a la apertura de una oficina sede en el país, para asegurar, entre otras prioridades, la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional, sus protocolos y otros, así como las normas internacionales sobre derechos humanos.
El CONADEH llama al Gobierno y a la cooperación internacional a acordar recursos para el funcionamiento de esa oficina de asistencia técnica especial de la ONU en Honduras.
Utilizar las oportunidades que ofrece la Academia Internacional Contra la Corrupción, con sede en Austria, y de la cual nuestro país es miembro, para iniciar un proceso de formación sostenida de personas hondureñas, a ser especializadas para la lucha contra la corrupción e impunidad. Lograr inclusive una representación de dicha academia en Honduras.
