Tegucigalpa – ¿Qué se espera de la próxima Corte Suprema de Justicia? y al unísono las voces dicen que una elección menos politizada, donde el reparto político partidario no sea el denominador común, pero la víspera indica que las negociaciones han iniciado y será la Junta Nominadora, bajo nuevas reglas, el principal filtro para enviar al Congreso Nacional una nómina de aspirantes, menos activistas, y más abogados comprometidos con darle dignidad a la Diosa Temis.
Mientras la comisión dictaminadora espera para acelerar el paso para trabajar una propuesta unificada que incluya la propuesta del Ejecutivo y de dos parlamentarios para elegir altos funcionarios, entre ellos los de la nueva Corte Suprema de Justicia, extramuros legislativos los cabildeos han iniciado y se indica que hay consenso en dar a Libertad y Refundación, el control de la Corte Suprema de Justicia con ocho magistrados, 4 para el Partido Nacional y 3 para el Partido Liberal, pero hay fuerzas internas de la oposición consideran que Libre no deberá contar con la mayoría de jueces.
Son las cábalas que arrancan de inicio a un proceso que ha generado enormes expectativas porque está en juego un actor clave de la institucionalidad y el Estado de Derecho, como es la conformación de quienes tutelan la impartición de justicia en Honduras. También, porque de su selección y elección se estaría dando un mensaje de fuerza y voluntad política para la instalación en el país de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), una promesa de campaña anhelada por el pueblo hondureño.
Si no hay una nueva ley de Junta Nominadora para la elección de la próxima Corte de Suprema de Justicia, la CICIH no vendrá a Honduras, sostuvo el ministro de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana, propulsor de una nueva ley de junta nominadora que sustituya a la actual.
La iniciativa de Orellana, enviada por el Poder Ejecutivo, se suma a otras dos presentadas en el parlamento por los diputados Fátima Mena y Rasel Tomé, últimas relacionadas con la elección de funcionarios de altos cargos, incluyendo el Poder Judicial. La comisión dictaminadora trata de unificar ambos proyectos para someter a discusión y aprobación en el pleno una nueva ley de Junta Nominadora contrarreloj a medida que se acerca el proceso de selección y elección.
Los debates y los foros al respecto se han intensificado y al unísono todas las voces demandan una elección menos politizada partidariamente, para dar paso a un proceso en donde no prevalezca el reparto de magistraturas, sino la elección de un poder del Estado menos politizado, más independiente y que sea un balance frente al poder.
Una justicia de capa caída
El anhelo obedece a que, según los sondeos de opinión, incluyendo el de la compañía de Jesús, la confianza que la población siente sobre la Corte Suprema de Justicia es apenas del 9.7% en contraste con quienes no tienen ninguna confianza, cuyo porcentaje es de 37.4%.
La ciudadanía consultada por el estudio de los jesuitas cree que la máxima corte imparte la ley solo para los ricos y poderosos, mientras prevalecen la desigualdad y las inequidades. La justicia ha estado de capa caída en las últimas dos décadas.
La elección de la Corte Suprema de Justicia, como la de otros altos funcionarios, tiene un impacto directo en la democracia, de ahí que las presiones por cambiar las formas de elección vayan escalando para evitar la repetición de vicios pasados. Los estudios de instancias civiles indican que el modelo de Junta Nominadora se agotó, de ahí que, en este proceso, contrarreloj, los legisladores busquen hacer reformas a esta figura de nominación.
Una de ellas es que los miembros que integran la Junta Nominadora no puedan proponer una lista de 20 nominados, como establece la actual ley. Al quitarles esa potestad, la modalidad a utilizar serían únicamente las auto propuestas, también vigente en la actual ley. En cualquier caso los aspirantes a la próxima corte deben ser notarios, aunque algunas voces abogan por quitar esta característica, la misma depende de un artículo constitucional que necesita de la aprobación de dos legislaturas y con mayoría calificada para que entre en vigencia.
Otra modalidad es que buscan dar a Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un rol protagónico en cuanto al diseño de los mecanismos de selección y elección para acortar así el camino a una elección politizada y partidaria. La apuesta es que los seleccionados, sin importar el partido político al que pertenezcan, sean menos activistas y más juristas comprometidos con la impartición de justicia.
Este proceso de elección de la próxima corte de justicia debe apostar a una construcción de confianza en las instituciones para generar certidumbre y legitimidad, sostienen los analistas y entidades como la Red por la Equidad Democrática de Honduras, RED-H.
En su último comunicado la RED-H señala que las reglas de la Junta Nominadora deben ser más transparente y reguladas para la selección de los nominados, apegada a criterios de estándares internacionales y con alta publicidad para la transparencia del proceso mismo.
La discrecionalidad de la Nominadora
La Junta Nominadora está integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Colegio de Abogados, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; un representante del Cohep, un representante de los Claustros de Profesores de las Facultades o Escuelas de Ciencias Jurídicas, un representante de las organizaciones de sociedad civil, un representante de la Confederación de Trabajadores.
La dinámica ha sido que, a cada proceso de elección, la Junta Nominadora emite sus propias reglas del juego, y éstas han sido bastante discrecionales, ahora se pretende limitar esa discrecionalidad, pues hasta ahora sus acciones han dejado enormes vacíos que no abonan a la transparencia de los procesos.
Los procesos han estado sujetos a la politización partidaria que termina evidenciándose en la elección final de los procesos que realiza el Congreso Nacional, donde el reparto de puestos se mantiene como se ha venido haciendo desde que Honduras retornó formalmente a la democracia, señala el Cohep en un trabajo sobre elección de altos funcionarios.
Pero una de las luchas sórdidas que tendrá este proceso, es el bloqueo que buscan dar para que funcionarios o activistas políticos no puedan entrar a la postulación por sus vínculos de activistas partidarios, y de entrada, uno de los integrantes de la junta directiva fue claro al indicar que el partido Libertad y Refundación iba a tener el control de la próxima corte de justicia con magistrados con “conciencia de clase” que no responda a grupos oligárquicos, sino que al pueblo, acotó el diputado Fabricio Sandoval, dejando entrever que la antesala del reparto de cuotas ha iniciado.
Preocupa la representación de la sociedad civil
Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de Asociación de la Sociedad más Justa (ASJ) considera que es positivo que el Congreso Nacional se reúna previamente a aprobar la nueva ley, con quienes van a integrar la Nominadora, en el sentido que se podrían hacer algunas consultas y sugerencias respecto a las reformas que se pretenden hacer.
Sin embargo, Ramírez visualiza que el Legislativo está frente a un problema porque hasta el momento se desconoce cómo es que los representantes de la sociedad civil, integrarán la Junta Nominadora para la elección y selección de los candidatos a magistrados de la nueva Corte “hay que hacer consultas a quienes conocen del proceso de elección anterior”, externó.
Presiones
El proceso comenzó a mostrar las luchas por ocupar las butacas de los jueces supremos no escapan a las presiones que sobre los potenciales representantes en la Junta Nominadora ya ejercen diputados, que están coaccionándolos y amedrentándolos, según lo denunció el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales.
“Algunos diputados se subrogan atribuciones como la Interpol, de que van a investigar aquí y que si no les parece”, detalló el abogado Canales en cuanto a las acciones de algunos legisladores que han señalado que investigarán a los que sean designados para integrar la Junta Nominadora, que tendrá a su cargo la selección de las 45 profesionales y de los cuales el Congreso Nacional elegirá los 15 integrantes de la Corte Suprema de Justicia en enero del 2023.
Dijo que no ha querido hacer denuncias detalladas para no “manchar el proceso, pero en su momento si es necesario lo vamos hacer, me parece que no se debe coaccionar a ninguna persona”, apuntó el máximo líder de los profesionales del derecho, dejando evidenciado que la lucha por ocupar la principal sala de justicia del país no tendrá ninguna similitud con la “una corte celestial”, una figura con la que ironizó un político activo en la construcción del proceso.
