– Alrededor de 28 personas desaparecidas registró el CONADEH en el 2011
– Agentes del Estado estarían vinculados en la desaparición de personas
El titular del Conadeh, Ramón Custodio, expresó que la desaparición forzada es un delito complejo que supone la violación del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona y a la vida.
Explicó que a las víctimas se les conoce también como detenidos o desaparecidos, porque así se incluye la detención ilegal.
Intervienen mecanismos organizados
Agregó que la comisión de este delito presupone la existencia de un mecanismo organizado de poder a cargo de agentes del Estado.
Recordó que sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han creado la suficiente jurisprudencia como para que los Estados hallados culpables de la comisión de este delito, cumplan debidamente con la obligación de tipificarlo y sancionarlo en sus legislaciones nacionales.
En 1989, la CIDH condenó, por primera vez al Estado hondureño, por los casos de Saúl Godínez y Manfredo Velásquez.
Ambos figuran en la lista de los 184 desaparecidos durante la década del 80, por agentes del Estado, en el informe “Los Hechos Hablan por si Mismo” publicado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en 1993.
Resurgen desapariciones en el presente siglo
Custodio reveló que los casos de desaparición forzada ocurridas en el 2011 con la posible autoría de agentes del Estado ya fueron denunciados ante instancias nacionales e internacionales.
“El Conadeh ha informado oportunamente a las autoridades competentes a nivel nacional e internacional, sobre posibles casos consumados de este delito en el año 2011, con la posible autoría de agentes del Estado”, reveló.
Agregó que el ente que dirige recibió las quejas respectivas de familiares de las víctimas que aún se mantienen desaparecidas.
Según el documento, 16 personas fueron desaparecidas en el departamento de Cortés; 8 en Francisco Morazán, 1 en Gracias, Lempira; 2 en el sector de Atlántida, 1 en Yoro y 1 en El Paraíso.
El 25 por ciento son menores de edad
Del total de personas en condición de desaparecidas, alrededor de 7 son menores de edad, revela el informe del organismo humanitario.
Entre las víctimas se menciona el caso de Mario Alberto Puerto Collado, desaparecido desde el 22 de febrero del 2011, luego de salir de su casa, en horas de la tarde, después de recibir una llamada de un inspector de policía que tenía problemas con él porque quería comprar la casa donde vivía.
Otro caso mencionado, en el informe del Conadeh, es el de Víctor Manuel Luna Paz, ocurrido el 3 de julio de 2011.
El hecho violento ocurrió a eso de las 12 de la noche cuando varias patrullas llegaron a la colonia Cabañas de San Pedro Sula procediendo los agentes a llevarse a la víctima junto a un menor de edad, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Desaparición de dirigentes patronales
El Conadeh también hace referencia que el 30 de agosto de 2011, el presidente del patronato de la colonia Planeta de San Pedro Sula, José Reinaldo Cruz Palma fue detenido por supuestos elementos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y de la Policía Nacional Preventiva y desde entonces se desconoce su paradero.
Entre las víctimas también figura Gregorio Alvarado, desaparecido desde el 18 de enero de 2011, luego de ser detenido en su taller de zapatería en el mercado del municipio de Yuscarán, El Paraíso, por personas encapuchadas con chalecos antibalas y que se identificaron como policías antisecuestros.
Al parecer los posibles responsables de la detención y desaparición de Alvarado son agentes del Grupo Especial Anti Secuestros (GEAS).
En noviembre del 2011, el ombudsman hondureño, Ramón Custodio remitió un oficio al Congreso Nacional donde exigió la aprobación inmediata de las figuras penales por los delitos de Ejecución Extrajudicial y Desaparición Forzada.
El defensor de los derechos humanos argumentó que por su gravedad ambos delitos debían ser sancionadas con la pena de prisión de por vida.
Policías involucrados
Argumentó que hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas.
Fue hasta el 27 de marzo, recién pasado, que el Congreso Nacional aprobó una reforma al Código Penal en la que incorpora en la legislación hondureña el delito de desaparición forzada de personas, con base a los procedimientos internacionales.
El artículo creado para tal efecto establece que “cometen el delito de desaparición forzada y serán sancionados con pena de reclusión de quince a veinte años, y multa de veinticinco a cincuenta salarios mínimos, quienes actuando con autorización, apoyo o la aquiescencia de uno o más funcionarios o empleados públicos, prive de su libertad a una o más personas…”
La reforma es contundente cuando señala que cuando él o los imputados sean funcionarios o empleados públicos la pena se incrementará en un tercio.
