Managua – La democracia y el respeto de los derechos humanos son una «tarea pendiente» en Centroamérica, región en la que las políticas públicas privilegian los intereses de los «grandes grupos» económicos y políticos de poder, denunció hoy una organización no gubernamental de Nicaragua.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) advirtió hoy, al presentar en Managua un informe sobre derechos humanos y conflictividad, que Centroamérica ha retrocedido en materia democrática e institucional.
En concreto, la ONG se refirió a los fraudes electorales denunciados en Nicaragua por la oposición en 2008 y 2011, unos 144 asesinatos registrados en Guatemala en los comicios generales del año pasado y los efectos del golpe de Estado que sacó del poder en Honduras a Manuel Zelaya, en junio de 2009.
«La democracia sigue siendo una tarea pendiente tanto para este Gobierno (de Nicaragua) como para todos los Gobiernos de la región», declaró a periodistas la subdirectora ejecutiva del Cenidh, Marling Sierra.
Lamentó que la situación de los derechos humanos y la democracia en la región ha sufrido una «regresividad».
«No debería haber ningún muerto porque el ejercicio del derecho al voto es una voluntad ciudadana que debería respetarse y vemos que realmente no hay respeto a ese ejercicio en toda la región», dijo.
Advirtió, además, de la pérdida de legitimidad del sistema democrático «ante la imposición de políticas públicas que privilegian los intereses de los grupos de poder económicos y políticos».
El informe, elaborado en 2010 y 2011 por varias ONG con presencia en Centroamérica, considera que la sociedad está polarizada debido al fomento de condiciones de ingobernabilidad, un deterioro económico y la inseguridad pública.
Centroamérica registra una tasa de 44 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes, según datos recientes de Naciones Unidas, una extrema violencia derivada, principalmente, de la actividad de los narcotraficantes y aliados suyos como las peligrosas «maras» o pandillas, principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras.
«A pesar de la continuidad de las prácticas electorales, la insatisfacción de la población es creciente, sus demandas básicas para el mejoramiento del nivel de vida y de seguridad no resultan satisfechas», sostuvo Sierra.
El asunto, dijo, alcanza mayor complejidad porque el poder político no «procesa adecuadamente» la «larga lista de quejas ciudadanas», sino que «las manipula y propicia el clientelismo, las dádivas y los favores para causar mayores adeptos».
La situación, alertó, da «lugar a la instauración de nuevos regímenes dictatoriales que permiten controles del aparato estatal y la fidelidad de las masas».
En concreto, la ONG se refirió a los fraudes electorales denunciados en Nicaragua por la oposición en 2008 y 2011, unos 144 asesinatos registrados en Guatemala en los comicios generales del año pasado y los efectos del golpe de Estado que sacó del poder en Honduras a Manuel Zelaya, en junio de 2009.
«La democracia sigue siendo una tarea pendiente tanto para este Gobierno (de Nicaragua) como para todos los Gobiernos de la región», declaró a periodistas la subdirectora ejecutiva del Cenidh, Marling Sierra.
Lamentó que la situación de los derechos humanos y la democracia en la región ha sufrido una «regresividad».
«No debería haber ningún muerto porque el ejercicio del derecho al voto es una voluntad ciudadana que debería respetarse y vemos que realmente no hay respeto a ese ejercicio en toda la región», dijo.
Advirtió, además, de la pérdida de legitimidad del sistema democrático «ante la imposición de políticas públicas que privilegian los intereses de los grupos de poder económicos y políticos».
El informe, elaborado en 2010 y 2011 por varias ONG con presencia en Centroamérica, considera que la sociedad está polarizada debido al fomento de condiciones de ingobernabilidad, un deterioro económico y la inseguridad pública.
Centroamérica registra una tasa de 44 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes, según datos recientes de Naciones Unidas, una extrema violencia derivada, principalmente, de la actividad de los narcotraficantes y aliados suyos como las peligrosas «maras» o pandillas, principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras.
«A pesar de la continuidad de las prácticas electorales, la insatisfacción de la población es creciente, sus demandas básicas para el mejoramiento del nivel de vida y de seguridad no resultan satisfechas», sostuvo Sierra.
El asunto, dijo, alcanza mayor complejidad porque el poder político no «procesa adecuadamente» la «larga lista de quejas ciudadanas», sino que «las manipula y propicia el clientelismo, las dádivas y los favores para causar mayores adeptos».
La situación, alertó, da «lugar a la instauración de nuevos regímenes dictatoriales que permiten controles del aparato estatal y la fidelidad de las masas».
