La corrupción pública tipificada en nueva Ley Contra Lavado de Activos

Tegucigalpa – El lavado de activos producto de operaciones del crimen transnacional, del narcotráfico, de la corrupción pública y de delitos como la extorsión, muestran las más excéntricas y suntuosas adquisiciones en Honduras sin que el brazo de la justicia logre tocarlos.
 

– La extorsión también será normada.

– En la nueva ley se da vida a la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

– Se prevé que esta semana será aprobada la nueva legislación.

A menudo en este país, las operaciones anticrimen dejan ver los decomisos de mansiones y palacetes; fincas y haciendas con ganado y caballos de pura sangre; automóviles de lujo, menajes exóticos, habitaciones blindadas, yates, joyas hasta réplicas de armas en oro y excéntricas prendas de vestir incrustadas con piedras preciosas.

Una vez incautados estos bienes, poco se sabe del destino de los mismos y mucho menos del seguimiento a sus dueños. Se cubren entre la impunidad afianzada en una endeble legislación.

Similares acciones ocurren con sendos casos de corrupción que establecen malversación de caudales del erario público por miles de millones de lempiras, pero desde el retorno a la institucionalidad a inicios de la década de los 80, sus actores no han sido alcanzados por el brazo de la justicia en torno al lavado de activos, lo que ha contribuido a fomentarlos. Estas situaciones contribuyen a que Honduras aparezca en la lista de los países con mayor percepción de corrupción según la organización Trasparencia Internacional.

A las puerta de Ley Contra Lavado de Activos

En tal sentido, el proyecto de decreto que contiene una Ley Contra el Lavado de Activos, que será introducido esta semana para su discusión y aprobación ante el pleno del Congreso Nacional, incluye penas más severas también para los delitos de extorsión y hasta para los funcionarios que cometan actos de corrupción.

El dictamen de la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, está listo para su presentación ante el pleno del Congreso Nacional, luego de la socialización con los sectores involucrados en combatir esa lacra.

El diputado nacionalista por Valle, José Tomás Zambrano, miembro de la comisión especial de seguridad, aseveró que “los miembros de la comisión hemos terminado la socialización de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que presentó y envió la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Alcances y atribuciones

A mediados de febrero pasado, la CSJ envió al Congreso Nacional, el anteproyecto de una nueva Ley Contra el Lavado de Activos que derogaría la ley vigente que fue aprobada mediante decreto legislativo 45-2002, del 5 de Marzo de 2002, publicada en el diario oficial La Gaceta el 15 de Mayo de 2002.

Una revisión de la legislación actual busca, según especialistas que participaron en la elaboración del anteproyecto, armonizar la Ley de Lavado de Activos con la de Privación de Dominio y la de Financiamiento al Terrorismo, que fueron aprobadas en 2010.

“Se busca que la ley esté armonizada y acorde con el fin de cumplir con las obligaciones de carácter legal y social que se les han impuesto a los operadores de justicia para lograr una correcta, transparente, eficaz y eficiente prevención y combate de la delincuencia organizada y sus secuelas, expuso Zambrano.

El anteproyecto conformado por 97 artículos, delega funciones claras a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), pone término a las medidas de aseguramiento por el delito de lavado y establece cómo se hará la distribución y destinación de bienes una vez que un juez deje firme la sentencia que declare la privación definitiva del dominio o el decomiso de los bienes.

“Creo que tenemos resultados positivos sobre los nuevos alcances y atribuciones que tienen los diferentes operadores de justicia con esta iniciativa, desde trabajar en una comisión interinstitucional de prevención del delito de lavado de activos”, aseveró.

Indicó que la nueva normativa no sólo contempla sanciones y penas sino también trabajar en el tema de la prevención de la comisión del ilícito así como establecer nuevas atribuciones a la CNBS, a través de una unidad de investigación financiera, las que tenía ese organismo únicamente a través de un reglamento y ahora se eleva al rango legal.

Ahora va a tener mayores atribuciones para que el sistema financiero le pase, de manera inmediata, información sobre transacciones dudosas o irregulares y la misma CNBS, la trasladará al Ministerio Público para que realice la investigación”, acotó.

Zambrano destacó que otro tema importante es que en la nueva figura o tipología del delito de lavado de activos, se incorporan todos los delitos de crimen organizado como el ilícito de la extorsión o cobro del impuesto de guerra que no incluye en la ley actual.

Agregó que un tercer ilícito, se refiere a la lucha contra la corrupción que se incorporaría al delito de lavado de activos a través de la figura de los delitos contra la administración pública.

Ejemplificó que en la actualidad, un funcionario público que actúa al margen de la ley y se le acusa de un delito en contra de la administración pública, en este momento no se le puede acusar por un delito de lavado de activos, pero con la nueva incorporación, perfectamente el Ministerio Público puede perseguir a un funcionario cuyos bienes, propiedades o activos, no concuerdan con sus ingresos patrimoniales, familiares o de su negocio.

Consideró que con la nueva normativa se da una mayor fortaleza al Ministerio Público ya que en este momento al funcionario sólo se le podía perseguir por el delito de enriquecimiento ilícito, pero hay que esperar un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) porque es un procedimiento que establece la ley, no obstante ahora, un funcionario que ha actuado al margen de la ley, la Fiscalía puede entablarle un proceso por lavado de activos si no concuerdan los bienes que posee.

“Ya tenemos listo el dictamen y lo estaríamos presentando el martes próximo e iniciando el primer debate entre martes y miércoles de esta semana para discusión en el pleno”, anunció.

Severas penas

Zambrano detalló que la nueva Ley Contra el Delito de Activos, contiene penas que van de los 15 a 20 años de reclusión y si se trata de un funcionario público, se le aumenta un cuarto de la pena.

Esas penas serán impuestas a quienes por sí mismos o por mediación, participen en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos.

También se castigará a quien adquiera, posea, administre, custodie, utilice o transporte activos, productos, o instrumentos que procedan de los delitos de tráfico de drogas, de personas, de armas, de órganos humanos, hurto de vehículos, o robo a instituciones financieras. Se incluyen, asimismo, las acciones de fraude financiero, secuestro, extorsión, financiamiento de terrorismo, y cualquier otro que atente contra la administración pública, la libertad, la seguridad, el ambiente, o que no tengan justificación económica, detalló el influyente diputado nacionalista.

La legislación que está a punto de ser aprobada, crea el delito de asociación ilícita para la comisión del delito de lavado de activos, en este caso, la sanción estará entre los seis y los 10 años de reclusión. Dichas faltas serán enjuiciadas o sentenciadas como un delito autónomo de cualquier otro ilícito penal. Además, se da vida a la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, (CIPLAFT).

Esa instancia estará integrada por los representantes de la CSJ, la Fiscalía, la CNBS y la Oficina Administradora de Bancos y Seguros (OABI). Igualmente formarán parte de dicha estructura los delegados de las carteras ministeriales de Defensa, del Interior y Seguridad, así como el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (CNLCN).

Zambrano agregó que se ha invitado a diferentes sectores para socializar esa iniciativa como en el caso del Ministerio Público que es el encargado de coordinar y dirigir la acción penal pública y a la vez coordinar las investigaciones con los fiscales especiales y de las diferentes regionales del país.

Armonización con otras legislaciones

En ese sentido, el director de Fiscales, Rolando Argueta, argumentó que se debe implementar una legislación que respete lo expresado en la Constitución de la República y que el contenido de la ley debe responder a las necesidades de los grupos sociales.

Indicó que las modificaciones deben dar paso a las reformas sociales de acuerdo a la tipificación del delito y mecanismos que utilizan los delincuentes para que el Estado implemente los castigos pertinentes en cada caso.

En el proyecto de ley se crea una comisión interinstitucional para la prevención del delito de financiamiento al terrorismo, le da facultades a la CNBS que regula las transacciones de las instituciones financieras en las cuales se podrían ejecutar transacciones de manera dudosa, recalcó.

De igual manera, la ley se armonizará con la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley Contra las Drogas y otros Estupefacientes y la Ley de Privación de Dominio, las que van en la línea para combatir la corrupción.

El objetivo es que el país quede fuera de la lista de países más corruptos del mundo y se espera que a finales de abril próximo, se presente el dictamen y sea aprobado por la Cámara Legislativa.

En tanto el ex director de Fiscales del Ministerio Público y de la OABI, Humberto Palacios Moya, espera que en la propuesta se incluyan aspectos que mejoren las medidas y términos para el aseguramiento de bienes, puntualizó.

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