Guatemala – La política de tolerancia cero que ha separado a más de 2,000 menores de sus padres migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, así como el endurecimiento de las medidas antiinmigratorias provocará un cisma en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.
Pese a que Estados Unidos ha mantenido el apoyo económico en dicha región, al panorama de cero tolerancia y extremo proteccionismo se suma a la cancelación de beneficios como Estatus de Protección Temporal (TPS), las deportaciones masivas y, justo en este momento, la salida del país de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Compaginar el Plan de la Alianza para la Prosperidad -que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños y crear oportunidades económicas- con la devolución de hombres y mujeres migrantes, algunos de estos separados de sus hijos en la frontera, se muestra imposible.
De nada sirve «inyectar dinero (al Plan) y hacer al mismo tiempo las deportaciones masivas faltando al respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales», dijo a Efe Sofía Martínez, analista de Crisis Group, una organización especializada en la resolución y prevención de conflictos con sede en Bruselas.
Pese a que la especialista no observa una correlación directa entre el endurecimiento de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, con el fracaso o éxito del Plan para la Alianza de la Prosperidad, mencionó que seguían una lógica «demagoga».
«Mientras sigue llegando dinero a Centroamérica, lo que trata la Administración Trump es hacer de la migración su principal campo de batalla, utilizar el sentimiento necesario con tal de que los demócratas financien el muro de la frontera con México», asintió.
Ahora, continuó, Estados Unidos «cambió su política que buscaba con la anterior Administración ayudar a las causas que ocasionaban la migración para virar hacia el endurecimiento de las leyes y la mano dura».
Sin embargo, Trump ha dado vistas a que el Triángulo Norte de Centroamérica «es una de sus prioridades» al ser una zona que no sufrió reducción de aportes, como sí lo hizo en el resto del mundo, cuya cooperación internacional «ha menguado en un 50 por ciento», añadió.
A cambio de fortalecer la militarización de la seguridad pública, Estados Unidos ha dejado de lado temas esenciales como la rehabilitación de personas en conflicto con la ley y la «no política de prevención de violencia».
Además, «desde la semana pasada, para el Gobierno de Trump la violencia de pandillas y el maltrato doméstico dejaron de ser cuestiones a considerar como válidas para dar asilo, lo cual cierra la puerta al 75 por ciento de personas solicitantes», dijo.
Mientras el Plan se orienta en dinamizar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones, Estados Unidos ha dejado de inyectar fondos a la prevención, al tratamiento de los menores reclutados en pandillas, en las niñas y mujeres víctimas de trata y violaciones.
«Sin el tratamiento de estos factores clave en la migración, el Plan no sirve de nada», concluyó Martínez.
Sin embargo, aún se mantiene intacto el apoyo que, por ejemplo, en Guatemala provee Estados Unidos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y al Sistema de Justicia, así como a su similar de Honduras, lo que le conviene a la región «para crear otras condiciones sociales en el país», afirmó la directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, Úrsula Roldán.
Pero «lidiar con la política de Trump de tolerancia cero está complicando a todo el mundo, sobre todo por lo impredecible, y más ahora que decidió salir de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU», expresó en una conversación con Efe.
Una nueva crisis migratoria se ha desatado en el Triángulo Norte y en el territorio estadounidense que recuerda al drama de los niños migrantes, que en 2014 fueron deportados un total de 51.705 menores, de un total de 228.700 personas.
