Tegucigalpa – Más de 70 organizaciones de la sociedad civil, desde líderes de derechos civiles, grupos interreligiosos, sindicatos y defensores de la inmigración, enviaron una carta a líderes del Congreso para que inicien una investigación contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien acusan de violar derechos civiles, señala un artículo de prensa publicado por la opinión.com
A continuación Proceso Digital reproduce el artículo de prensa publicado por La Opinión en su sitio web:
“Hasta la fecha, los errores de la Secretaria Noem demuestran un patrón de incompetencia, desprecio por las protecciones constitucionales y una conducta que pone en peligro directo a ciudadanos estadounidenses y residentes legales”, dice la carta de la que este diario tiene copia. “Bajo su dirección, las acciones de su departamento están erosionando los derechos fundamentales”.
La carta está dirigida al líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune; al líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York); al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana) y al líder de la minoría en la Cámara, el demócrata Hakeem Jeffries (Nueva York).
“La Secretaria Noem ha utilizado al DHS como arma contra las mismas personas a las que debe proteger”, declaró María Teresa Kumar, presidenta y cofundadora de Voto Latino, una de las organizaciones que firma la carta. «Desde redadas ilegales de ICE contra ciudadanos estadounidenses hasta la agresión física a un senador estadounidense en funciones, sus acciones traicionan la Constitución y ponen en peligro nuestra democracia. El Congreso debe actuar ya».
La petición también fue enviada al republicano Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado; a Gary Peters, el demócrata de mayor rango ese comité; así como al republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara y al demócrata Stephen Lynch, demócrata de mayor rango del mismo comité. Las principales preocupaciones planteadas en la carta incluyen: uso de fuerza contra el senador Alex Padilla (California) durante una rueda de prensa de Noem en Los Ángeles; redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dirigidas a ciudadanos estadounidenses y mujeres embarazadas; la deportación ilegal de residentes legales; el cierre de la oficina de supervisión de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); el bloqueo de las visitas de supervisión del Congreso a las instalaciones del ICE.
“Bajo la secretaría Noem, el DHS emitió nuevas directrices que exigen un aviso de 72 horas y otorgan al ICE discreción para denegar la entrada, con el fin de restringir las visitas sin previo aviso de los legisladores a las oficinas locales del ICE”, acusan las organizaciones. “Esta política socava el claro derecho de supervisión de la Ley de Asignaciones de 2024”.
Abusos en operativos de ICE
Como ejemplo de las acciones de ICE, agencia de la que depende Noem, se menciona que el 13 de junio de 2025, agentes federales allanaron el domicilio de Sabrina Medina, ciudadana estadounidense y madre embarazada, a quien se acusó de albergar a una persona, la cual no estaba en el lugar.
“Los agentes manipularon las cámaras de seguridad y se llevaron por la fuerza a Medina ya sus hijos, pero no realizaron arrestos”, se indica.
Otro caso ocurrió el 7 de junio, cuando Cary López Alvarado, una estadounidense con nueve meses de embarazo, fue hospitalizada tras ser empujada, esposada y detenida por las autoridades migratorias en California. Ella estaba a una semana de su fecha de parto.
“Operaciones ilegales como estas representan amenazas directas a la seguridad ciudadana”, acusan las organizaciones.
El caso de Kilmar Ábrego García
Los abusos que enlistan las organizaciones incluyen deportaciones injustificadas a terceros países, como el caso Kilmar Armando Ábrego García, residente de Maryland, quien tenía una presencia legal en EE.UU., debido a una orden de retención de deportación otorgada por un tribunal, pero ICE lo deportó al Centro de Confinamiento de Terroristas de El Salvador (CECOT).
“La Administración ha reconocido [este caso] como un ‘error administrativo’”, recuerdan los firmantes. “En lugar de devolver de inmediato al Sr. García para que enfrentara los procedimientos adecuados, la Administración, la Secretaria Noem y el liderazgo del DHS redoblaron sus esfuerzos, se resistieron a las órdenes judiciales y difundieron información falsa para encubrir esta violación flagrante”.
Ahora, Ábrego García se cuenta en EE.UU., pero enfrenta acusaciones penales presentadas después de su retorno por el gobierno federal.
“Este caso demuestra el profundo desprecio y la violación de las protecciones fundamentales del debido proceso que otorga la Constitución bajo el liderazgo de la Secretaria Noem”, se acusa.
Entre las organizaciones se encuentra Voto Latino, la League of United Latin American Citizens (LULAC), la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Mi Familia Vota, la National Education Association (NEA), la National Hispanic Media Coalition, el National Immigration Law Center, la National Partnership for New Americans, entre otras.
