La CIJ se refirió en un comunicado a casos como el de Honduras, donde el miércoles la Asamblea Legislativa destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia «sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza».
«Esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al del golpe de Estado de junio de 2009», que obligó a dejar el poder al presidente Manuel Zelaya, expresó el organismo internacional en un comunicado.
En Guatemala, añadió la CIJ, tanto el presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos, como la fiscal general, Claudia Paz, han sido objeto de ataques a su independencia por parte de abogados defensores de personas acusadas.
«Estas personas han sido atacadas por la función positiva que han cumplido en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado» (1960-1996), según la nota.
En este sentido, la CIJ expresó que estos actos evidencian por sí mismos la precariedad de la garantía de independencia judicial en estos países.
«Hay que agregar que algunos de estos países carecen de carrera judicial y de mecanismos de protección adecuados para garantizar a los funcionarios el ejercicio independiente de la función jurisdiccional», destacó la CIJ.
La Comisión, que integran 120 juristas de numerosos países y que tiene por objeto la defensa de los derechos humanos, añadió que en estas naciones existen fenómenos de impunidad generalizados y «aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado».
La nota también alude al caso de El Salvador, donde la Asamblea Legislativa y otros grupos del poder político han pretendido desarticular la Sala Constitucional de la Corte Suprema durante 2012 por el contenido de sus sentencias, según la Comisión.
En Costa Rica, el Parlamento se negó por primera vez a ratificar en su cargo a un magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al alegar que los fallos de dicha sala creaban una «situación de ingobernabilidad» y que ese acto era un «llamado de atención para el resto de los magistrados», añadió la CIJ.
Frente a estos hechos, la Comisión de Juristas recomendó que las autoridades estatales se abstengan de interferir en el ámbito de la independencia de los poderes judiciales porque de lo contrario «estarían incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre respeto a la independencia de poderes».
Este organismo también solicitó que se tomen las medidas necesarias para asegurar la independencia y la protección de jueces, magistrados y fiscales.
