Tegucigalpa- La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, ofreció un contundente análisis sobre la reciente decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos y de forma general la situación general del país.
-“Desde el inicio del gobierno, Libre tenía el objetivo de terminar con la extradición, pero a través de otros”.
–Derogación del Tratado de Extradición: ¿Protección a narcotraficantes o defensa nacional?
Castellanos señala que esta medida marca un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país, al tiempo que fortalece lo que ella describe como un «Estado narco».
Según Castellanos, la derogación del tratado es un claro paso hacia atrás en los avances legales que se habían logrado desde 2012, cuando Honduras comenzó a extraditar a narcotraficantes a Estados Unidos. La decisión, tomada el 28 de agosto, es vista como una traición al interés nacional de combatir el crimen organizado, protegiendo a narcotraficantes y otros criminales que deberían enfrentar la justicia en el extranjero.
Estrategia
Para Castellanos, este retroceso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del partido Libre, liderado por la familia presidencial.
Desde el inicio del gobierno de Xiomara Castro, Libre ha mostrado un interés constante en poner fin a las extradiciones, utilizando para ello diversas tácticas, incluida la presentación de una propuesta de ley de extradición por parte del Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAH en marzo de 2023.
Esta propuesta fue duramente criticada, incluso por figuras dentro del propio gobierno, como el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quien advirtió que quienes promovían esta iniciativa lo hacían por interés personal en evitar su propia extradición.
El despido del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, en junio de 2023, es otro punto clave en este análisis. Sabillón, quien había liderado la captura de un exdiputado liberal solicitado en extradición, fue removido de su cargo en un momento de crisis tras la masacre de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), recordo Castellanos.
Seguidamente, sugiera que esa destitución, más allá de las razones oficiales, estuvo motivada por su firmeza en ejecutar las extradiciones, lo que lo convirtió en un funcionario incómodo para el gobierno.
La socióloga también critica la justificación del gobierno para la derogación del tratado, basada en una supuesta conspiración golpista orquestada por Estados Unidos.
Para Castellanos, esta narrativa es una cortina de humo que intenta desviar la atención del verdadero objetivo: proteger a figuras cercanas al poder, como Carlos Zelaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Zelaya, quien ha sido uno de los primeros beneficiados por la derogación del tratado.
En su análisis, Castellanos también resalta la crisis interna que enfrenta Libre, con la pérdida de diez diputados en el Congreso Nacional, lo que ha debilitado su capacidad para aprobar leyes clave. Además, menciona la reciente captura del exministro de Salud, el doctor Arturo Bendaña, como un intento del Ministerio Público de desviar la atención de los escándalos de corrupción que salpican a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y a altos funcionarios del gobierno.
Sustituciones
Entre los puntos de análisis la exrectora destaca la situación de Rixi Mocada y el conflicto de interés. ¿Libre y el M-28 se queda sin candidata presidencial? Cuestionó.
Expone que en el nombramiento de Rixi Moncada como secretaria de Defensa hay un conflicto de interés, que no generará confianza en la misión de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral; además, deja en evidencia el cerrado círculo de confianza de Libre, que se mueve en dos núcleos familiares: Zelaya – Castro y Moncada-Godoy.
Además, recuerda que la palabra de la presidenta Castro, que mandó a sus ministros a renunciar si aspiraban a la presidencia de la República, quedará en el vacío. Lo que significa otro golpe de imagen.
En los puntos finales de su análisis la socióloga pregunta ¿Quién sustituirá a Carlos Zelaya como secretario del Congreso Nacional? Pero, además, mediante qué diputado en la Junta Directiva Libre controlará a la presidencia del Congreso.
Finalmente, Castellanos advierte que Honduras se encuentra en una encrucijada crítica, donde la legalidad y la institucionalidad del Estado de Derecho están en juego. El país, dice, enfrenta una crisis política e institucional similar a la de 2009, y el futuro dependerá de la capacidad de las instituciones, los liderazgos políticos y la sociedad en su conjunto para defender la democracia frente al avance del narcoestado.LB
