Tegucigalpa – El juez natural que conoce el proceso penal llamado Arca Abierta determinó suspender la audiencia inicial para los 20 implicados, la que deberá continuar el miércoles a las 2:00 de la tarde, sin embargo previamente declaró “sin lugar” el recurso de excepción presentado por la defensa y pidió a la Sala de lo Constitucional que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto que ya dejó sin efecto el caso denominado Red de Diputados.
– No se conocerá una sentencia por parte del juez hasta que la Sala de lo Constitucional falle la solicitud en torno a la inconstitucional o no de la Ley de Presupuesto.
– El alegato de la defensa técnica es que no se había agotado la acción administrativa, y por lo tanto el MP no estaba facultado para emprender una acción penal.
Así lo informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, quien agregó que la decisión del juez obedece a la abundante cantidad de pruebas presentadas por las partes procesales.
Igualmente, el juez de letras designado declaró “Sin Lugar” la excepción por falta de acción presentada por la defensa de los 20 imputados del caso «Arca Abierta» y solicitó de oficio a la Sala de lo Constitucional que declare la Inconstitucionalidad del artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto que ya dejó sin efecto el caso denominado Red de Diputados.
Silva amplió que “el juez hizo referencia en los trabajos que deben realizar tanto el ente acusador como el ente fiscalizador, es decir que esté claro en qué proceso tiene que realizar sus investigaciones el Tribunal de Cuentas y en cuáles el Ministerio Público puede actuar de oficio, independientemente de que se presenten auditorías”.
Asimismo, Silva indicó que “la Fiscalía ha presentado 31 pruebas documentales, cuatro testificales, un medio de prueba pericial, además tres cheques DVD con video y una USB con audios”.
Explicó que el juez de letras destinado ha tomado la determinación de que los equipos tengan dos horas en cuanto al análisis de esta prueba, para que cuando se reanude la audiencia puedan pronunciarse respecto a las pruebas presentadas.
Añadió que los equipos defensa tienen para mañana (miércoles) dos horas, comenzando desde las 10:00 de la mañana. Indicó que la audiencia continuará el miércoles a partir de las 2:00 de la tarde.
Consideró que la determinación del juez se debe a que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son bastante abundantes, lo que permitirá a los equipos de defensa poder analizar la documentación que hasta ahora era desconocida para ellos.
Los hechos
El pasado 11 de diciembre, La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, presentó el denominado caso “Arca Abierta” que involucró cinco actuales diputados, seis exdiputados y otros señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
A título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública son señalados: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera.
Igualmente los exparlamentarios: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón (QEPD), Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, y Óscar Arturo Álvarez.
También por este mismo delito es señalado Gregorio Alberto González Rivera.
Entretanto, a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública se señala a Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martin Vallejo.
La investigación fue conducida por el equipo integrado en la MACCIH y la Ufecic donde se establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras (879 mil dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”.
El dinero procedía de Casa Presidencial por un monto de dos millones de lempiras, del Congreso Nacional tres millones y de la Secretaría de Finanzas 16.1 millones de lempiras.
