Ellis señaló que en el caso de Peláez las pruebas indican que «no había recibido entrenamiento como espía, como el resto de los aquí presentes», que comparecieron ante el juez sin esposar pero con los monos de color azul oscuro que llevan los prisioneros habitualmente.
Agregó que la periodista peruana es una «ciudadana estadounidense que no parece haber utilizado jamás una doble identidad ni identificaciones falsas» en los viajes que hizo a Suramérica y en los que, según la fiscalía, habría entregado diversa correspondencia a agentes del servicio secreto ruso.
Peláez, de 55 años, y madre de dos hijos, uno de ellos estudiante de piano, de 17 años, y otro arquitecto, Waldo Mariscal, de 38, será sometida también a vigilancia electrónica durante su arresto domiciliario si puede pagar la fianza.
El juez Ellis explicó que había tomado esa decisión por considerar que Peláez, que trabajaba en el periódico neoyorquino en español El Diario/La Prensa, «no tiene un incentivo para huir, al contrario que los otros».
«Sus acciones no indican que sea inocente, ya que debería de haber sabido que algo estaba pasando», con relación a su esposo, también detenido y que en sus declaraciones tras la detención ha admitido que era agente ruso, que no tenía nacionalidad uruguaya y que su nombre real no era Juan Lázaro.
Bajo esa identidad, Lázaro -que ejerció como profesor de Ciencias Políticas en la universidad Baruch de Nueva York- estuvo casado con Peláez durante más de dos décadas y con ella tuvo un hijo, Juan José, de quien, según la acusación, dijo que «le amaba, pero que ni siquiera por él violaría su lealtad al Servicio».
El subsecretario de Justicia de EE.UU., Michael Farbiarz, en su calidad de fiscal general adjunto, presentó el caso ante el tribunal, en el que defendió que «no se les dejara en libertad bajo fianza, ya que todos ellos podrían huir del país».
Farbiarz dijo también que «las pruebas contra Peláez son muy fuertes… Cualquiera que vea las pruebas, verá que hay motivos suficientes para juzgarla», al igual que las que pesan en contra de Lázaro y de Cynthia y Richard Murphy, a quienes el juez negó la libertad bajo fianza.
Según los escritos de la fiscalía, que repitió Farbiarz, los delitos cometidos por los detenidos podrían hacerles pasar a cada uno de ellos un mínimo de 25 años en prisión, a excepción de Anna Chapman, una rusa de 28 años, cuya involucración es menor, y que podría pasar cinco años en la cárcel.
Chapman no compareció, pues el lunes su representante legal pidió la libertad bajo fianza, pero le fue denegada por el juez que decidió que revisará de nuevo la petición a fines de mes.
Fuentes de la fiscalía general en Nueva York indicaron que la vista prevista en el caso contra los supuestos Tracey Lee Ann Foley y Donald Howard Heathfield, en Boston, se ha pospuesto hasta el 16 de julio.
Las acusaciones iniciales contra ellos eran las de blanqueo de dinero, conspiración y actuar como agentes de un Gobierno extranjero sin informar al Departamento de Justicia, delitos que conllevan penas máximas respectivas de 25 y 5 años de prisión.
«Vicky es inocente» o «Vicky se nota, se siente, está presente», gritaron en el exterior, varias decenas de activistas hispanos, algunos llevando banderas puertorriqueñas.
Otros, señalaron que las autoridades estadounidenses habían detenido a Peláez porque «le tienen miedo».
