Tegucigalpa – El juez ejecutor, el fiscal del Ministerio Público y el jefe policial encargado deben ser investigados por el violento desalojo de garífunas en la comunidad de Punta Gorda en el municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
Así lo demandó el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, quien exigió que también investiguen a todos los participantes.
“Creemos que la juez debe ser investigada, el fiscal del Ministerio Público, como también debe ser investigado la jueza ejecutor y quienes participaron en el desalojo en Punta Gorda”, declaró Maldonado.
A criterio de Hugo Maldonado, la presidenta Xiomara Castro debió haber sido informada del desalojo indicando que en ella recae la responsabilidad de la administración en materia de derechos humanos.
Consideró que este caso puede ser emblemático para Naciones Unidas (ONU) debido a que existen condenas a favor del pueblo garífuna.
El presidente del Codeh opinó que este caso tuvo que haberse dirimido en el fuero civil en lugar del penal.
Destacó que la persona que posee una escritura pública haya decidido recurrir al sistema judicial, pero recomendó que debió haber ido primero al fuero civil.
Maldonado exhortó que un defensor público pida la libertad de manera inmediata de las personas detenidas y que solicite que el juicio sea redimido al fuero civil para que se encuentre mejores soluciones.
Cuestionó que se detuviera a varias personas de la comunidad cuando la orden de desalojo solo estuviese dirigido a una persona.
Unas seis personas fueron detenidas por oponerse a un desalojo en la comunidad garífuna de Punta Gorda. AG
