Juez dicta que gestora de cárceles siga operando centro de detención de inmigrantes

Nueva York.– Una de las principales gestoras de cárceles de Estados Unidos, CoreCivic, obtuvo este martes una victoria legal que le permitirá seguir operando un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey a pesar de que una ley de este estado prohíbe a cárceles locales o privadas crear, renovar o ampliar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En su decisión, el juez federal Robert Kirsch indicó que una parte de la ley de Nueva Jersey viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los estados anular leyes federales, señala el diario newjerseymonitor.com.

 Indicó que la ley de Nueva Jersey AB5207, que firmó el gobernador Phil Murphy y que fue impugnada en el tribunal el pasado febrero por CoreCivic, «es un puñal apuntado al corazón de la misión y operaciones de control de inmigración del gobierno federal».

«Sólo el Congreso promulga leyes que regulan la inmigración a los Estados Unidos, sólo el gobierno federal hace cumplir esas leyes y sólo el Departamento de Seguridad Nacional detiene a personas por violaciones civiles de inmigración”, señaló el magistrado en su decisión.

 «Aunque AB5207 pretende no regular directamente al gobierno federal, el tribunal determina que Nueva Jersey no puede lograr lo que no pudo hacer directamente: prohibir al gobierno federal detener a personas por violaciones civiles de inmigración, simplemente omitiendo el nombre del gobierno federal de la ley”, apuntó el juez, señala el rotativo.

CoreCivic gestiona un centro de detención de inmigrantes en Elizabeth (Nueva Jersey) cuyo contrato expira este jueves, pero la decisión del juez le permite continuar operando la instalación.

La empresa contó con el apoyo del Departamento de Justicia, que considera que esta cárcel debe permanecer abierta porque cerrarla tendría un impacto «catastrófico» en la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y otras políticas de inmigración», según medios locales.

La fiscalía general del estado dijo estar «decepcionada» con la decisión al considerar «que interfiere con el derecho de Nueva Jersey a proteger a sus residentes», e indicó además que evalúa apelar. EFE

(ir)

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