Más de un centenar de profesionales del derecho que laboran para la Corte Suprema de Justicia suspendieron sus actividades y se apostaron frente a los juzgados de esa importante región del país, para protestar por la ola de violencia, que en los últimos días ha cobrado la vida de dos de sus compañeros.
“Nosotros lo que estamos exigiendo, ya lo dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que los órganos del Estado deben redoblar esfuerzos y que este asesinato no se tome como un crimen más, esto debe llamarnos la atención porque se está tocando el estamento judicial del país que es muy delicado en un Estado de derecho”, apuntó.
Baide dijo que en los próximos días se estarán tomando otras acciones para exigir una mayor protección para los jueces y que la muerte de su compañera “no se quede en la impunidad, exigimos que esto se esclarezca y que no quede en la impunidad y nos lleve a retomar las acciones que debe hacer el gobierno”.
En los últimos ocho meses, al menos once abogados han sido asesinados, los últimos de ellos el profesional del derecho Carlos Villar Rosales y la jueza Alba Leticia Buezo, quienes fueron ultimado por sicarios. Hasta la fecha, todos los casos se encuentran en la completa impunidad.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Valentín Aguilar, dijo que los niveles de inseguridad que están imperando en Honduras están poniendo en riesgo la gobernabilidad del país.
Diferentes sectores han condenado el asesinato de la jueza Buezo y consideran que este asesinato puede ser una estrategia del crimen organizado para amedrentar a los operadores de justicia y provocar el temor generalizado de la población. Algunos analistas hablan ya de una “colombianización” de Honduras.
La presidenta de la Corte Suprema, Vilma Morales, reveló el miércoles que al menos unos diez jueces han pedido su censantía porque temen correr el mismo destino que su compañera de labores.
Según las investigaciones policiales, los autores materiales del asesinato%26nbsp; de Bueso fueron miembros de la pandilla ‘Mara Salvatrucha’, a los que internos en una prisión habrían contactado como sicarios por encargo.
Además de esta teoría la Policía tiene abiertas otras dos vías de investigación. La primera indica que su asesinato fue motivado por su actividad como jueza; la segunda versión es el robo del coche y por último está la vía del crimen pasional.
