La realidad pone en perspectiva cuestionamientos sobre los procedimientos para seleccionar a los operadores de justicia, especialmente a los jueces y más aún los que tienen jurisdicción nacional.
Para el Consejo de la Judicatura, la aplicación de las pruebas de confianza, que incluyen exámenes sicométricos, investigaciones patrimoniales y hasta el sometimiento al polígrafo, es la esperanza para poder adecentar el Poder Judicial.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, explicó que para el nombramiento de jueces, la ley habla de concursos donde el que saca las mejores notas, opta por la plaza, pero destaca que para eso, también es importante que pasen por las pruebas de confianza que incluye la investigación patrimonial, la ética, la moral y el compromiso con la justicia que puedan tener.
Los requisitos para ser juez
Indicó que actualmente, además del concurso para escoger un juez, principalmente uno con jurisdicción nacional, se hacen algunas pruebas, “pero ahora tenemos que imprimirle (aplicarle) todas las pruebas de confianza”.
Bonilla resaltó que para escoger a un juez o una jueza con jurisdicción nacional, el aspirante tiene que tener una trayectoria de por lo menos entre 10 y 12 años en la judicatura, es decir, que haya sido juez de letras o juez de sentencia con amplia trayectoria de honestidad y sin mancha en su carrera judicial.
Asimismo, debe contar con mucha experiencia en materia penal, que no haya tenido denuncias en su contra durante su actuar jurisdiccional y sobre todo que tenga una solvencia moral.
“Hay que ver también el ambiente en su círculo familiar, con quiénes se relaciona, es decir, lo que viene es una investigación social, familiar”, apuntó Bonilla, quien destacó que la evaluación del desempeño se valora también al momento de seleccionar un juez con jurisdiccional nacional.
Indicó que para sustituir a las dos juezas con jurisdicción nacional, a quienes se les sigue un proceso judicial por abuso de autoridad, cohecho y hasta prevaricato, a los potenciales candidatos, además de someterse a concurso y pruebas de confianza, se les va a pedir un informe sobre su patrimonio.
Falta de ética y moral
Apuntó que en el caso de la ahora ex jueza con jurisdicción nacional de San Pedro Sula, Wendy Vanessa Caballero Reyes, quien enfrenta una acusación por haber decretado un arresto domiciliario en contra del supuesto narco-pandillero Alexander Montes Aguilar, “ella tenía bastante experiencia, esa situación no fue por inexperiencia, ya toca la parte de la ética y la moral, porque puede ser una funcionaria que tenga 20 años de experiencia y les falla la moral y la ética”, afirmó.
Bonilla aseguró que “ese adecentamiento de la justicia se va a hacer, una depuración total, y queremos tanto el apoyo de los medios como del pueblo hondureño, de los poderes del Estado con un presupuesto digno para que funcione y se practiquen todas las pruebas de confianza, las evaluaciones; queremos un nuevo Poder Judicial, que esté cercano al pueblo, con jueces y magistrados certificados, que el compromiso que tengan sea sólo con la justicia”.
Indicó que en enero próximo la Inspectoría de Tribunales remitirá a ese consejo 70 expedientes de funcionarios judiciales a quienes se les investiga por mala conducta. “El Consejo de la Judicatura tiene el compromiso de que el pueblo hondureño vuelva a tener confianza en el Poder Judicial que se ha perdido en los últimos tiempos”.
Se debe limpiar cada casa
Aseveró que el Ministerio Público está haciendo lo propio, revisando las investigaciones sobre las denuncias que se presentan sobre los servidores públicos, principalmente sobre los fiscales y ya se han presentado cerca de ocho requerimientos con auto de formal procesamiento e incluso, ya se cuenta con una sentencia condenatoria, pero advirtió que la Fiscalía es solamente un eslabón de la compleja cadena del sistema de justicia, por lo tanto, de nada sirve limpiar un solo eslabón si el resto no es transparente.
Indicó que en el caso específico del Poder Judicial, a través de los diferentes requerimientos se han estado presentando en contra de jueces que, a su entender, han actuado al margen de la ley.
En cuanto al procedimiento interno que sigue el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial, dijo que el MP ha girado las instrucciones a la Fiscalía Especial de Lucha Contra la Corrupción cuando los jueces son separados o suspendidos por el Poder Judicial, por lo que se procede de oficio a realizar las investigaciones criminales.
Casos ejemplificantes
“Debo de notar el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial por hacer lo propio, al igual como lo está haciendo la Policía y el Ministerio Público; creo que a raíz de estas últimas acusaciones en contra de estos jueces, otro aspecto a destacar son los resultados positivos que se obtienen cuando se trabaja de manera coordinada, porque no sería posible mandar estos mensajes ejemplificantes a todos los operadores de justicia si no hubiese una voluntad, opinó.
El funcionario apuntó que se están realizando investigaciones con todos los jueces que han sido separados por el Poder Judicial, quienes están siendo investigados de oficio por el Ministerio Público, aunque no precisó cuantos.
Presunción de inocencia
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Roy Urtecho, opina que todo juez de carrera aspiraba a que el Consejo de la Judicatura viniera a separar la parte administrativa de la jurisdiccional y aplicar los correctivos necesarios mediante el debido proceso y respetando el derecho a la defensa.Considera que mediante la buena fe de los miembros del Consejo de la Judicatura, se está siguiendo el debido proceso en los casos de funcionarios judiciales que están siendo suspendidos y separados del sistema judicial, es decir, que debe prevalecer la presunción de inocencia.
En ese sentido, considera que no debe hacerse pública la suspensión de un funcionario judicial para no dañarle la imagen, la dignidad y la integridad de la persona humana, pues un juez puede ser señalado en un momento y luego demostrar su inocencia.
Urtecho manifestó que es importante que para seleccionar jueces y magistrados, se hagan exámenes de oposición y los procesos para entrar a la carrera judicial, deben estar debidamente acreditados.
Opinó que las pruebas de confianza en el Poder Judicial deben practicarse permanentemente, lo que incluye el examen sicométrico, la evaluación del estado socioeconómico y las discutidas pruebas del polígrafo ya que el que no debe nada, nada debe temer.
“Si alguien falla en el polígrafo, debe investigarse por qué falló, porque tampoco es plena prueba para judicializar o para castigar a un empleado que ni siquiera ha cometido un ilícito”, sostuvo.
