Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional, se encuentra paralizada, y se están violentando garantías constitucionales, porque no se están atendiendo las demandas, dijo el coordinador de la Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez.
En lo que respecta a la aplicación de justicia mediante amparos, Joprodeh reveló que ha interpuesto 30 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional durante el gobierno actual. Sin embargo, ninguno de estos recursos ha sido resuelto hasta el momento, lo que sugiere una negación de justicia y la posibilidad de que estos casos sean llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según declaraciones de Jiménez, la paralización de la Sala de lo Constitucional, representa un grave problema que requiere atención urgente.
Jiménez ha destacado que la paralización de la Sala de lo Constitucional está afectando seriamente el proceso de resolución de recursos presentados ante esta instancia.
Señaló que incluso el magistrado Luis Fernando Padilla podría recurrir a medidas legales debido a la falta de respeto al orden de precedencia. Esta situación podría generar una crisis de mayor envergadura en el sistema judicial hondureño.
Jiménez ha denunciado que se están violentando las garantías constitucionales de los derechos humanos al no gestionar adecuadamente los recursos presentados. Además, ha acusado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, de abuso de poder y actitudes totalitarias, al no atender las solicitudes de convocar a un pleno para resolver la situación.
También, señaló que detrás de estas acciones podría haber motivaciones políticas, con la sospecha de que se esté preparando el terreno para habilitar a un miembro de la familia Zelaya como candidato presidencial al finalizar el año. Este escenario, según Joprodeh, podría desencadenar una convulsión social debido a la percepción de ingobernabilidad en la Sala de lo Constitucional.
Ante esta situación, Joprodeh hace un llamado a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento adecuado del sistema judicial en Honduras. LB
