Tegucigalpa- La reciente denuncia presentada contra Radio Cadena Voces por parte de la Secretaría de Finanzas, se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y una muestra preocupante de intolerancia a la crítica por parte de altos funcionarios del gobierno, expuso el doctor en derecho y derechos humanos, Joaquín Mejía.
Mejía explicó en entrevista con Proceso Digital, que quienes asumen cargos públicos están sujetos al escrutinio público y, por lo tanto, deben tener un mayor umbral de tolerancia hacia las críticas. «La libertad de expresión incluye discursos que ofenden, disgustan e incomodan», resaltó, subrayando que la reacción del gobierno refleja una falta de comprensión de esta premisa básica.
El experto se refirió específicamente al caso de Radio Cadena Voces, que difundió denuncias de militantes del partido Libre sobre el presunto uso de recursos estatales para favorecer a determinadas candidaturas durante el proceso electoral primario. Ante esto, la Secretaría de Finanzas exigió que el medio demostrara la veracidad de la información, lo que Mejía considera una clara violación al principio de libertad de prensa.
«Cuando Radio Cadena Voces difunde una información de interés público, como es el supuesto uso de recursos estatales, no está obligada a demostrar que lo difundido es verdad. Aquí no se trata de dañar el honor de políticos o políticas, sino de poner en conocimiento del público información relevante», explicó, refiriéndose a la “doctrina de la real malicia”, la cual protege a los medios cuando informan sobre asuntos de interés público.
Mejía también cuestionó el uso del derecho penal para reprimir la expresión de la prensa, argumentando que esta estrategia genera un efecto amedrentador y podría llevar a la autocensura de los medios de comunicación. Además, destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en eliminar del derecho penal los delitos de injuria y calumnia, sugiriendo que existen mecanismos civiles para proteger el honor sin menoscabar la libertad de expresión.
«La denuncia presentada no solo es incoherente con los estándares internacionales de derechos humanos, sino que representa un grave retroceso en la protección de las libertades fundamentales en el país», remarcó el especialista.
Un claro intento de censura y una amenaza
Joaquín Mejía, reiteró que la denuncia interpuesta por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) contra el periodista Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), es un «intento de censura» y una amenaza directa contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Honduras.
Actos como estos buscan «silenciar las voces críticas y amedrentar a quienes cuestionan la gestión pública». Además, recordó que la libertad de expresión es «una piedra angular de la democracia», según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y debe protegerse incluso cuando las opiniones o informaciones difundidas resulten incómodas para quienes ostentan el poder.
El experto resaltó que también según la Corte IDH, en el marco de un año electoral, la libertad de expresión es una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de las personas electoras, ayuda a la transparencia y a que la población conozca los perfiles de los candidatos a elección popular.
Mejía también citó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación a que los límites de la crítica aceptable son más amplios con respecto a una persona funcionaria que en relación con una particular, esto porque en una democracia las acciones y omisiones de quienes ejercen la función pública están sujetas a exámenes rigurosos, no solo por las autoridades legislativas y judiciales, sino también por parte de la prensa y de la opinión pública.
Asimismo, el experto destacó que, si bien la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites cuando se trata de proteger derechos como el honor, las sanciones penales deben ser el último recurso. «La penalización excesiva puede derivar en censura y autocensura, lo cual es particularmente peligroso en contextos electorales como el que vive actualmente Honduras», afirmó.
Finalmente, Mejía enfatizó que la denuncia contra RCV se da en un contexto complejo de polarización política y cuestionamientos hacia el manejo de fondos públicos, por lo que «buscar llamar a la prensa con amenazas judiciales solo socava la autoridad del Estado y erosiona el debate democrático». LB
