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Jefe de penal de Guantánamo niega que normas conculquen derecho a la defensa

Base Naval de Guantánamo (EE.UU.) – El comandante de la prisión de Guantánamo, el contraalmirante David Woods, dijo hoy en la vista contra el saudí Abdl al-Rahim al-Nashiri, que las normas de seguridad impuestas a los presos no conculcan su derecho a una defensa efectiva.
 

El comandante defendió como una buena práctica las medidas de seguridad de la prisión para que, por ejemplo, un equipo de personas vinculadas al Gobierno y fuera de su control directo, revisen la correspondencia que le envían los abogados de Al-Nashiri a su celda.

Al-Nashiri, que llegó a la sala de «Campo Justicia» sujetado firmemente por dos guardas, vestía un uniforme blanco, iba afeitado, con el pelo corto y con un ligero sobrepeso que contrasta con las fotos que se conocen de él.

Estados Unidos responsabiliza al saudí de planear el ataque suicida al destructor USS Cole en 2000, que causó la muerte a 17 marinos y heridas a otros 39, en frente a la costa de Adén, Yemen, así como la explosión en el petrolero de bandera francesa Limburg en 2002.

Esta ha sido la primera vez que se hace testificar al más alto rango del penal de Guantánamo, un polémico complejo de detención que cumplió la semana pasada su décimo aniversario y en el que Al-Nashiri, de 47 años, ha pasado los últimos cinco años y cuatro meses, tras rondar por prisiones clandestinas desde su aprehensión en 2002.

En un comienzo Woods iba a ser llamado a testificar mañana miércoles, pero finalmente acudió hoy.

La defensa ha intentado este martes en la reanudación de la vista previa al juicio del saudí, que el juez, el coronel del Ejército, James Pohl, delibere a favor de sus mociones, centradas en las dificultades que supone Guantánamo para representar a su cliente.

Pohl no ha deliberado aún sobre cómo se debe abordar la correspondencia escrita con Al-Nashiri, aunque determinó que la electrónica se realiza a través de mensajes encriptados.

El abogado civil de Al-Nashiri, el experto en pena de muerte Richard Kammen, pidió además que se permita a su defendido hablar con su equipo sin necesidad de que esté atado con grilletes al suelo, un procedimiento de seguridad común en la prisión.

Kammen recordó que el saudí no se ha mostrado problemático, algo que da a entender el hecho de que esté uniformado de blanco, que denota que es poco conflictivo, mientras que los internos más peligrosos visten de naranja.

El abogado se mostró satisfecho al final del día y recordó que las alegaciones presentadas hoy tienen como intención evitar que el proceso se alargue por los celos del Gobierno y las Fuerzas Armadas sobre secretos que quieren que no sean revelados.

Según Kammen, «el propósito de las comisiones militares es ocultar información que dicen secreta, pero que en muchos casos sólo es embarazosa», al tiempo que recordó que las peticiones por las que luchan en este tribunal en territorio cubano no serían necesarias en un tribunal federal.

Por su parte, el fiscal jefe, el general de brigada Mark Martins, rechazó en la rueda de prensa final las acusaciones de que la tortura a la que supuestamente fue sometido Al-Nashiri vaya a contaminar el proceso, ya que no aceptarán confesiones realizadas «involuntariamente».

Martins insistió que las comisiones militares son el foro más adecuado para tratar a enemigos que han violado las «leyes de la guerra» y aseguró que en estos procesos celebrados en esta base, sujeta a estrictas normas de seguridad y acceso, se respeta la presunción de inocencia y el imperio de la ley.

Mientras, Al-Nashiri siguió las dos sesiones en las que se divide esta vista, que finalizará mañana, con aspecto desinteresado escuchando a la traducción al árabe, aunque intercambió algunas palabras con el equipo de la defensa.

Cuando se levantó para abandonar la sala tuvo tiempo para dirigir una fría mirada a la audiencia que sigue las sesiones tras gruesos vidrios y entre los que se encontraban dos marinos del USS Cole, así como familiares de los fallecidos.

Esta es la segunda ronda de sesiones tras la vista de noviembre, que supuso el inicio de las «comisiones militares» durante la presidencia de Barack Obama, que en 2009 prometió cerrar el penal, y la primera vez que un preso se somete a un proceso en el que la fiscalía pide la pena de muerte.
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