Tegucigalpa – El jefe de Inteligencia, Julián Pacheco Tinoco, recibió la orden presidencial de investigar todos los juicios incoados en contra del Estado, específicamente en los que pudiera haber colusión de parte de jueces nacionales para perder demandas millonarias en detrimento de las finanzas públicas.
La orden del presidente Juan Orlando Hernández se produjo durante los actos de conmemoración, este jueves, del 189 aniversario del Ejército hondureño.
“Quiero pedir a todos los abogados que representan a empresas o a ciudadanos y que tienen negocios con el Estado, pedirle también a fiscales a jueces, a magistrados, que cuando estén llevando esos juicios piensen en Honduras porque no podemos estar los hondureños trabajando y produciendo impuestos para pagar aquellas exorbitantes sumas en demandas amañadas, eso no puede ser”, exteriorizó Hernández.
Continuó que “hoy quiero pedirle al general Julián Pacheco que por favor, digo por favor porque venimos de occidente, pero es una orden general, proceder de inmediato a investigar todos esos juicios que el procurador general de la República está preocupado porque pueden agarrar una línea que no es la de la justicia”.
Hernández también pidió ayuda al Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información (Sercaa), ente de la Policía Nacional, para que colabore en esa tarea de demandas contra el Estado.
Puntualizó que “Fusina debe tener como prioridad también la lucha contra la corrupción”.
De su lado, el titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Julián Pacheco Tinoco, anunció que procederá a reunirse con el procurador general del Estado, Abrahán Alvarenga, para definir algunas líneas de trabajo.
“La investigación nos darán resultados y le vamos a rendir un informe al señor presidente sobre qué casos son y ahí se tomarán las decisiones…”, dijo escuetamente Pacheco Tinoco.
La semana anterior un polémico fallo de la Sala de lo Constitucional ratificó el pago de una demanda millonaria en contra del Estado por el orden de 126 millones de lempiras a favor de la empresa Pharmasula.
Durante la integración de esa sala, se completó con tres magistrados porque igual número de funcionarios titulares estaban fuera del país e incluso se descubrió la falsificación de la firma de uno de los miembros que estaba ausente, un hecho calificado por la propia Corte Suprema de Justicia como “error simple”.
