Tegucigalpa – El Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), pidió hoy al gobierno mediante un comunicado que aclare las circunstancias en la que ayer fue retenida en el aeropuerto Toncontín en esta capital, la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana por parte de funcionarios hondureños.
Considera que la retención de la Aldana es una “flagrante violación a los derechos ciudadanos exhibe la vulnerabilidad de las personas y la hostilidad del Estado hacia esta exfuncionaria que ha desempeñó un papel trascendente en el combate a la corrupción y la impunidad en su país”.
El IUDPAS refiere que este episodio nos retrotrae a los años oscuros del país, de los interrogatorios ilegales, de las torturas realizadas desde las estructuras de represión como la Dirección Nacional de Investigación (DNI). “Nos traslada a los años 70´s y 80´s, cuando regresábamos a nuestro país y no sabíamos si una vez ingresando a Migración llegaríamos a nuestras casas o a las celdas de la DNI, o en el peor de los casos, se pasaría a integrar la lista de los desaparecidos”, señala el comunicado.
Apunta que si no hay una orden de captura internacional para la exfiscal Thelma Aldana, las autoridades del Estado de Honduras que hayan participado en esta arbitraria retención han cometido abuso de autoridad, se han extralimitado en sus funciones y demuestran su adhesión y afinidad con el gobierno de Guatemala en su feroz persecución a la ex funcionaria.
En ese sentido, pide al Poder Ejecutivo aclarar a la opinión pública nacional e internacional si este hecho corresponde a una decisión de Estado, o si ha sido una acción aislada de los funcionarios que participaron en este lamentable episodio. “Demostrar que este es un hecho aislado pasa por ordenar una investigación y de comprobarse los hechos denunciados aplicar las medidas correspondientes”, demanda.
Asimismo, solicita al Ministerio Público, como institución que representa los intereses de la sociedad, abrir una investigación que conduzca a aclarar este hecho, identificar los responsables y de esta manera impedir que el Estado de Honduras regrese aquellos años de detenciones ilegales y arbitrarias, de interrogatorios y torturas.
“Fortalecer el Estado de derecho pasa por no permitir que ni las instituciones ni los funcionarios asuman funciones que no les corresponden y actúen al margen de la ley”, apostilla el comunicado.
