Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó hoy en Tegucigalpa su informe de auditoría social en las compras de emergencias realizadas por el gobierno de Honduras durante la pandemia en el cual se concluye que en los procesos de compra, adquisición y obtención del producto se encontró una serie de irregularidades.
– La empresa del señor Axel López no es de maletín, “es de USB”, dijo Hernández.
Uno de los principales hallazgo de la investigación es que Honduras pagó más de 2 millones de dólares (50 millones de lempiras) por cada hospital que adquirió, señaló Carlo Hernández director ejecutivo de ASJ.
“Al señor Alex López, el intermediario al que Honduras compró los hospitales, fue demandado en Estados Unidos por un banco porque no pagó sus tarjetas de crédito, este hombre fue sacado de un departamento porque no pagó el arrendamiento y lo procesaron, es decir, al empresario que le dimos mil millones de lempiras no paga sus tarjetas ni su renta”, denunció Hernández.
Argumentó que el intermediario es quien se agenció los 50 millones de lempiras pagados de más por cada hospital móvil que adquirió Honduras.
Calificó de “delincuente” al intermediario y pidió no ver a los hondureños como “imbéciles y estúpidos”.
Señaló que la empresa a la que representa el señor Axel López no se le puede denominar una empresa de maletín sino de USB ya que no llega ni siquiera al montaje de una empresa de maletín.
“Tristemente se hizo una compra billonaria a una empresilla en Estados Unidos y eso nos costó dos millones de dólares por cada hospital”, remarcó Hernández.
Tras la presentación del informe, Hernández exigió que el Tribunal Superior de Cuenta (TSC) presente a la prontitud un informe sobre este debatido tema.
Además de este tema el informe refleja la investigación en la adquisición de equipo de bioseguridad. En este renglón subraya un contrato establecido con la empresa G y T S. A. de C. V. de quien es socio el señor Juan José Lagos Romero.
“Juan José Lagos Romero (socio y apoderado legal) fue presidente del equipo de futbol Real de Minas, que era financiado con fondos del RNP y al mismo tiempo Grupo G y T era encargada de suministrar papel de seguridad al RNP, mediante una compra directa”, destaca como aspecto preocupante el informe de ASJ.
En el mismo tema de adquisición de equipo el informe destaca un contrato suscrito con Distribuidora Comercial Hondureña S. A. (DICOHONSA) de la cual figura como representante legal la señora Alejandra María Rápalo Ocón.
“Alejandra María Rápalo Ocón está vinculada a la Organización No Gubernamental Desarrollo Transformando Nuestra Nación por presunta falsificación de documentos en el caso Red de Diputados”, reza parte del informe.
ASJ en la presentación del informe este miércoles. Ante los hallazgos, la ASJ se suma a la petición del Consejo Directivo de INVEST-H de demandar la realización de una auditoría forense a las autoridades de la institución e insta al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) a actuar oportunamente con base en ley y a velar por el proceso de la auditoría forense que se aplique a INVEST-H y las evidencias que arroje la misma. Al Congreso Nacional, pide nombrar una comisión para investigar si se ha dado el uso efectivo a los recursos aprobados para atender la pandemia.
Finalmente, ASJ considera que aún no es tarde para crear una comisión de expertos nacionales e internacionales, dentro y fuera del Gobierno, para hacer, implementar y ajustar –de ser posible semanalmente- una Estrategia Nacional para la Pandemia del COVID-19 de la cual se deriven acciones efectivas y oportunas, en temas como la respuesta del sistema sanitario, reactivación económica, sistema educativo, entre otros.
A continuación Proceso Digital reproduce el informe presentado por ASJ:
