Según funcionarios del Tribuna Superior de Cuentas, las denuncias presentadas por empleados de la propia Soptravi, reflejan una serie de presuntos actos de corrupción especialmente en la adjudicación de contratos para la ejecución de diversas obras de infraestructura vial.
Las imputaciones señalan que miembros del Congreso hondureño operan e influyen para que se les otorguen contratos millonarios que hasta el momento podrían tener un costo de 30 millones de lempiras.
Al menos un centenar de nuevos proyectos estarían a punto de ser aprobados y distribuidos entre los diputados vinculados presuntamente a las acciones irregulares, indica la denuncia.
Fuentes contraloras dijeron que se trata de un cuarteto de parlamentarios que pertenecen al oficialista partido Liberal en el poder.
Los denunciantes mantienen un nivel de temor debido a que han sido amenazados de muerte y alertan sobre acciones para acabar con las pruebas existentes en las oficinas de Soptravi.
El propio presidente Manuel Zelaya denunció hace algunos meses, durante una asamblea del poder Ciudadano, en Olancho, que Soptravi “contrata empresas de maletín” lo que impide realizar trabajos serios que concluyan en una adecuada infraestructura vial.
Pese a su manifestación pública el gobernante no tomó ninguna acción para cambiar la situación.
Las carreteras de Honduras se encentran en una situación de deterioro y abandono que contrasta con la cacareada inversión pública en el ramo.
