A seis meses del actual Gobierno, los hallazgos de irregularidades y presunta corrupción han aflorado en diferentes instituciones del Estado, hasta el punto de intervenirlas.
En lo que va de la administración del presidente Juan Orlando Hernández se han intervenido al menos 10 instituciones.
Antes que tomará posesión del cargo, el presidente Hernández pidió al entonces mandatario Porfirio Lobo que se nombrara una junta interventora al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), intervención que ha dado resultados, pero que aún no concluye de desenmarañar la madeja. Cada semana la sociedad hondureña se sorprende con nuevos capítulos que rozan la ficción.
En ese sentido, la junta interventora del IHSS, entregó un primer informe en el que dio a conocer la podredumbre que se ha almacenado en esa institución de previsión social y que ha dejado como resultado un ex gerente financiero encarcelado, y al ex director de la institución, Mario Zelaya, prófugo de la justicia, así como a los ex miembros de la junta directiva en un proceso judicial.
Para conversar sobre las intervenciones, Proceso Digital dialogó con el sociólogo Matías Funes, quien manifestó que las mismas son necesarias especialmente cuando hay evidencias que entidades han sido mal manejadas, incluso que existen actos de corrupción y a través de esas investigaciones se pretende confirmar o no la comisión de delitos.
Reflexionó al indicar: “Creo que no todo debe quedar en pura investigación porque si se descubren actos de corrupción, el siguiente paso es castigar a los culpables y aplicarles la ley porque de lo contrario queda un sabor a frustración en el pueblo hondureño que ya no quiere más impunidad”, señaló.
Tráfico Humano
La determinación fue tomada en Consejo de Ministros y anunciada por Hernández en una comparecencia en el canal oficial del Estado.
“Es triste, doloroso y lamentable confirmar que en el tráfico de personas tiene participación gente de Migración”, deploró el gobernante.
El titular del Ejecutivo manifestó que las investigaciones de presuntos actos de corrupción al interior de Migración y Extranjería, ya fueron entregadas a la Fiscalía para que procedan con las acciones legales correspondientes. A la fecha aún no se han producido requerimientos fiscales, pero el MP anunció que los generará en las próximas horas.
En ese sentido, Funes es del criterio que “el pueblo lo que quiere es que se apliquen las leyes, no solamente a los pobres, sino que aquellas personas que directamente han saqueado las instituciones”.
El académico indicó que las intervenciones son un paso para la investigación y para tener información necesaria que debe de servir para castigar a los culpables y que los delitos que se hayan cometido no queden en la impunidad.
A criterio del catedrático universitario, las intervenciones son realizables y necesarias, siempre y cuando no sean una simple cortina de humo, sino que con ellas se pretenda aplicar la ley, sanearlas, mejorar su administración y que estén al servicio del pueblo hondureño.
Intervención y revisión de Ley de Minería
En febrero pasado, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), José Antonio Galdámez, anunció la intervención del Instituto Nacional de Geología y Minas (Ingeomin), y de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA).
La intervención de ambas dependencias se ordenó debido al señalamiento de presuntos actos irregularidades. La mediación está a cargo de una comisión, la cual procederá a evaluar los procesos de extensión de licencias ambientales de 2010 a la fecha.
Ante la tragedia, el sector obrero hondureño pidió la revisión de la Ley de Minería e intervenir las instituciones rectoras del oficio para evitar que vuelva a ocurrir una desdicha similar.
El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, manifestó que es necesario deducir responsabilidades para que ese incidente no quede en la impunidad.
“Es lamentable el descontrol por la falta de supervisión”, dijo Durón quien también cuestionó que es inconcebible que exista explotación minera sin regulación gubernamental”. Daniel Durón es uno de los miembros de la junta directiva del Seguro Social que tienen frente a si un proceso vinculado al descalabro de esa entidad.
Durón sugirió al Gobierno del presidente Hernández, intervenir directamente e investigar la negligencia de las instituciones estatales.
Indicó que entre esas instituciones se pueden mencionar al Ingeomin, la Secretaría de Recursos Naturales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras.
Transporte Otra de las intervenciones anunciadas por el mandatario, es la ordenada a la Dirección General de Transporte (DGT), institución que depende de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep).
Para realizar las investigaciones sobre los posibles actos de corrupción, el mandatario nombró una comisión interventora integrada por el director general de Transporte, Yovanny Dubón Tróchez; el subcomisionado de Policía, Eber Danilo Mejía; el teniente coronel Elías Antonio Melgar; y el general retirado, Miguel Ángel García Padgett.
La interventora rendirá ante el titular del Poder Ejecutivo, en los próximos días, un Informe de evaluación de la situación de la Dirección General de Transporte, medidas implementadas y recomendaciones para su reestructuración, modernización y mejora.
Se han denunciado enormes mafias en este rubro. El cáncer es tal, que el crimen organizado se ha adueñado de números de taxis y buses, situación que hace que operen legalmente, por lo que las máximas autoridades llevan a cabo un registro de las unidades de transporte para determinar información básica que permitirá tomar decisiones.
IP, Injupemp, IHMA…
El Gobierno también anunció la intervención e investigación de denuncias de corrupción en el Instituto de la Propiedad (IP), medida que incluye la aplicación de pruebas de confianza, como la del polígrafo, para los empleados de ese ente del Estado. Las denuncias sobre el manejo de los registros en esa entidad se han puesto en tela de duda y de acuerdo a fuentes calificadas, los hallazgos de irregularidades son desproporcionales.
Igualmente, una irregular compra de bonospor parte del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde se utilizó una compañía intermediaria ficticia para cobrar comisiones que no son permitidas por la ley, generó que el Gobierno determinará intervenir esa entidad de previsión social.
Sin embargo, muy poco se conoce en qué han parado estas diligencias.
Asimismo, el presidente Hernández, anunció la intervención delInstituto Hondureño de Mercadeo Agrícola(IHMA) por presuntas vinculaciones con acaparadores de frijoles, alimento básico en la dieta de este país centroamericano.
Mientras tanto, en reunión del Consejo de Ministros, se decidió el cierre del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), y la creación de la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia (Dinaf).
El Dinaf ha comenzado a enfrentar el fenómeno de los niños migrantes, una difícil tarea que incluso mantiene enfrentados a senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos. Diversos sectores han señalado a la administración Obama por la “errática” política migratoria.
El círculo de las intervenciones parece no cerrase en Honduras. Una de las últimas es las del Hospital Mario Catarino Rivas, misma que fue ordenada tras trascender en los medios de comunicación la denuncia de un paciente al que dejaron morir en medio de condiciones infrahumanas que le llevaron a tener gusanos en sus lesiones corporales.
Pero eso apenas fue el detonante, ha trascendido que por largos años en ese centro hospitalario del país hay tráfico de medicamentos, venta de accesos para entrar a salas médicas, robo de maquinaria, maltrato del personal médico hacia los pacientes e incluso se habla de la operación de la banda de “Los Zopes”, quienes se encargaban de desconectar a pacientes de las máquinas para provocarles la muerte y luego ofrecer servicios funerarios “a bajos costos”.
Al ritmo de las intervenciones, la ciudadanía espera medidas contundentes derivadas de las acciones investigativas de los entes que imparten justicia en el país.
